Cádiz

El Ingreso Mínimo Vital llega a 29.631 hogares gaditanos en los que viven 84.548 personas

El 71,38% de los titulares de la prestación son mujeres y el 39,67% de los beneficiarios son menores

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 29.631 hogares gaditanos

La Voz de Cádiz

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 29.631 hogares gaditanos donde viven 84.548 personas, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de enero. Esta cifra representa el 17,3% del total andaluz, que se sitúa en las 171.105 familias donde residen 502.308 personas; y el 5,28% del total nacional, con 560.809 hogares y 1.579.949 beneficiarios.

Esta prestación, que abona la Seguridad Social, está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que, del total de beneficiarios en Cádiz, un 39,67% son menores (33.547), porcentaje cercano al nacional y al andaluz, que se sitúa en torno al 42,5%.

Del total de hogares beneficiarios, 20.485 (el 69,13% del total) cuentan con menores. Entre ellos, 7.037 son hogares monoparentales (el 23,74% del total) y 13.448 hogares no monoparentales con menores (el 45,38% del total).

Por género, el 71,38% de los titulares de la prestación son mujeres (21.153), que también son mayoría entre los beneficiarios, con 46.163 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.

Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) son ya 16.707 los hogares en Cádiz que reciben este apoyo de 100 euros al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años que entró en vigor en enero de 2022.

El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

El IMV no es solo una prestación, es un conjunto de políticas para facilitar la integración sociolaboral de los colectivos vulnerables en riesgo de exclusión. Su razón de ser es la necesidad de corregir el problema de desigualdad y pobreza estructural que afecta a nuestra población más vulnerable y adaptar las políticas públicas a la realidad económica y social de nuestro tiempo.

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