SEGURIDAD
El preso y su mujer implicados en la trama de Puerto II compraban coches con el dinero que obtenían colando móviles y alcohol en la cárcel
La Policía Nacional da por finalizada esta investigación con hasta cinco detenidos. Entre ellos, dos funcionarios y el médico de la prisión
La trama de funcionarios que colaba móviles, alcohol y anabolizantes en la prisión de Puerto II: recibían hasta 4.000 euros
La Policía Nacional, en el marco de la operación 'Citados', segunda parte de la operación 'Cita', ha dado ya por desmantelada una trama de introducción de objetos prohibidos en el centro penitenciario Puerto II, en El Puerto de Santa María, que ha puesto al descubierto un complejo entramado económico relacionado con delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. En total han sido detenidas cinco personas, de los que tres son funcionarios de prisiones, entre ellos un médico del centro, más un interno y la esposa de este último.
Tal y como adelantó LA VOZ, esta operación se enmarca en la investigación iniciada en agosto de 2024 bajo el nombre 'Cita', que ya permitió descubrir la introducción de objetos prohibidos en el interior del Centro Penitenciario Puerto II. Con esta nueva fase, se ha dado un «paso decisivo» al destapar la vertiente económica de la red criminal.
Así, la investigación, instruida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto y desarrollada por la Brigada Local de Información en colaboración con la UDEF, ha permitido constatar que un matrimonio investigado adquirió en un corto periodo de tiempo varios vehículos, entre ellos uno de alta gama y un ciclomotor, con dinero presuntamente obtenido de su actividad ilícita.
Asimismo, se ha imputado a una mercantil y a su administradora única por un presunto delito de blanqueo de capitales, al aceptar en la compraventa de vehículos pagos en efectivo cercanos a 10.000 euros, superando los límites legales establecidos. La empresa emitía facturas por importes inferiores a los reales y omitía comunicar la operación al Sepblac, incumpliendo las obligaciones recogidas en la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Como ya relató este periódico, el pasado 9 de septiembre se desplegó un dispositivo que culminó con la detención del interno considerado líder de la trama, que se encontraba en régimen de tercer grado, y de su esposa, tras la entrada y registro en su domicilio. En el operativo se intervinieron dinero en efectivo, documentación y los vehículos adquiridos, que fueron trasladados al depósito judicial por orden del órgano instructor.
En total, cinco personas han sido detenidas por delitos de pertenencia a grupo criminal, cohecho y blanqueo de capitales y se han embargado preventivamente seis cuentas bancarias del matrimonio detenido, así como diversos bienes muebles e inmuebles.
Modus operandi. Desde enfermería y con el médico
Según las fuentes consultadas por este periódico, la trama formada por los funcionarios, un preso de confianza que estaba en Enfermería, su esposa y el médico de la prisión introducían móviles, medicamentos, alcohol, anabolizantes, dispositivos electrónicos y otros objetos prohibidos. También alimentos. Todo ello pasando por los controles de seguridad pero sin que fueran interceptados ya que los funcionarios eran personal autorizado.
La investigación se inició hace un año, desde el verano pasado, cuando los agentes tuvieron ciertas informaciones acerca de lo que podría estar ocurriendo. Fueron tirando del hilo y practicando vigilancias y actuaciones y determinaron que la trama podía estar liderada por un interno que era un preso de confianza y que se encontraba en el módulo de enfermería. Este, siempre según las fuentes consultadas, contaba con su mujer como enlace en el exterior quien en libertad organizaba las 'citas' con los funcionarios para entregarles los 'pedidos' y hacerles el pago. Por ello, y tal y como indican las mismas fuentes, los presos o sus familiares les llegaban a pagar hasta 2.000 y 4.000 euros por algunos de los artículos y lotes de productos.
La cadena continuaba y los funcionarios y el médico aprovechaban presuntamente su condición de empleados públicos para meter la mercancía sin pasar por los controles de seguridad. Una vez dentro era el interno 'líder' o conseguidor quien los distribuía.
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