Provincia
La economía sumergida desciende en la provincia, pero sigue siendo alarmante
La mejora del empleo repercute en las operaciones en dinero negro, aunque supone aún una gran cuota del mercado gaditano
Los expertos señalan la necesidad de educar acerca del sistema tributario del que dependen todos los servicios públicos
La economía sumergida es uno de los grandes talones de Aquiles del mercado laboral. No es una sorpresa, es un problema con el que siempre ha habido que lidiar en España, en general, y en la provincia de Cádiz, en particular. Y los datos parecen indicar una palpable mejoría en los últimos años, pero sigue siendo un asunto preocupante en el que había que volcar esfuerzos.
El desarrollo de cualquier práctica profesional fuera de los cauces legales supone en perjuicio para el sistema, que deja de percibir las contribuciones con las que el erario público se nutre, pudiéndose encuadrar dentro de esta categoría toda actividad económica que escapa de registro y que queda fuera del cálculo del Producto Interior Bruto (PIB).
Esta cuestión, que atañe a toda la población, preocupa mucho al sector empresarial porque genera una situación de competencia desleal, ya que al no tener que pagar impuestos, quien opera sin rendir cuentas puede ofrecer precios más bajos. Algo similar sucede con la mano de obra, ya que, al no haber contratación, con todo lo que ello supone, al empleador no le cuesta más que el salario que le ofrece al trabajador, por lo que normalmente puede dar un sueldo más alto.
También supone un perjuicio para quienes trabajan de esta forma, aunque de primeras pueda parecer lo contrario porque haya más dinero en los bolsillos de quien echa sus horas sin estar dado de alta o sin emitir facturas. Al no cotizar por el trabajo real, sus pensiones se ven muy comprometidas y suponen una falta de seguridad económica tras la jubilación. Especialmente acuciante es cuando se sufre un accidente laboral, ya que no están cubiertos por la Seguridad Social ni por los seguros, teniendo que hacer frente a pulmón a las consecuencias que se deriven.
No es menor el quebradero para las administraciones públicas, que ven lastrado su músculo financiero a la hora de recaudar para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía. Incluso pone en riesgo la eficiencia de los servicios sociales, que son indispensables y que ayudan a quienes están pasando un momento delicado, situación de la que nadie está exento. Al no figurar ingresos reales, en algunas ocasiones hay trabajadores que cobran en negro y se benefician de unas prestaciones que son limitadas, arrebatándole la prestación a quien verdaderamente la necesita.
La Confederación de Empresarios de Cádiz presentó el año pasado un informe al respecto en el que cifraba en 1.500 millones de euros la cantidad que se defraudaba anualmente en la provincia, una cifra que estiman similar en este año al estar en un contexto económico muy parecido al del pasado ejercicio.
Algunas voces vinculadas al sector económico señalan que es precisamente por esa razón por la que los datos de desempleo y los índices socioeconómicos no generan una situación que podría ser previsiblemente más tensa a nivel social, debido a que hay familias que salen adelante gracias a los ingresos que obtienen en negro.
En los últimos estudios de la patronal gaditana, en colaboración con la Diputación de Cádiz, se indica que casi uno de cada cuatro intercambios comerciales que se generan en la provincia están encuadrados dentro de la economía sumergida, situando la actividad extraoficial en un 24,8% del total, lo que supone una merma más de más de 300 euros en la renta per cápita.
«No te engañes: la economía sumergida nos hunde a todos. No dudes en denunciar a quien la practique a través de los canales de comunicación estatales y autonómicos. No colabores con quien quiere hacer daño a toda la sociedad», reza en el portal de la campaña con la que los empresarios gaditanos conciencian de los efectos de una práctica que, argumentan, debilita las instituciones, estimula la corrupción y alimenta la violencia. Y animan a poner en conocimiento de las autoridades pertinentes las actividades ilícitas en aras del beneficio común.
El dinero en efectivo es esencial para entender la evolución en este campo, puesto que es la forma principal de las transacciones opacas. A grandes rasgos, se puede hacer una estimación del dinero negro al restarle al efectivo que se genera en la economía reglada que hay en la provincia el dinero en metálico que se demandaría en caso de no haber impuestos y por tanto no existir incentivos para operar en la sombra.
Gracias a esos cálculos, se puede saber que el nivel de opacidad ha bajado drásticamente en los últimos 15 años, ya que en 2007 se tocó techo al emplearse 806 millones en transacciones ocultas, mientras que en 2020 esa cifra cayó a los 75,8 millones. En ese periodo, que incluye momentos de crisis económica, todo ese dinero supuso el 33,5% del PIB oficial de la provincia, más de un tercio del global, mientras que la media de España estaba en torno al 20%. Pese a la mejoría en los últimos años, esa cifra alcanza ahora el 16,8% del PIB de Cádiz.
No se aceptan pagos con tarjeta
El economista Luis Romero opina que la economía sumergida sigue siendo importante en la provincia, especialmente en el mundo de la hostelería: «Al operar con dinero en efectivo se esconden muchas ventas. Y hay quienes intentan no facturar determinadas cosas para seguir tributando por módulos, sistema en el que pagas una fija pero que tiene un límite de facturación». Si se sobrepasa dicho límite, ya se cambia a la tributación por estimación directa, es decir, ingresos menos gastos. En la construcción también percibe que se mueve mucho dinero negro: «En la compraventa de casas se siguen dando grandes cantidades en 'B', para declarar menos impuestos».
A su juicio, uno de los remedios para evitar estas situaciones es limitar los pagos en efectivo, para que no se pueda jugar con el dinero 'líquido': «Si queda todo registrado por el banco, es difícil que se pueda esconder el dinero. Hay que limitar que la gente tenga la tentación de defraudar».
La solución, en la educación
Aunque se pueden implementar numerosas acciones para tener un control más exhaustivo y pormenorizado de la actividad económica y con ella optimizar la lucha contra el fraude, los expertos en materia económica inciden en la relevancia de desarrollar planes formativos desde la enseñanza secundaria para que los jóvenes se vayan familiarizando con diferentes conceptos mercantiles. Y muy especialmente para que conozcan las consecuencias que implica el trabajo sumergido, ya que muchas veces quienes están inmersos en ese campo, no son conscientes de las implicaciones reales que acarrea este modus operandi para ellos mismos.
Dar a conocer el funcionamiento del sistema tributario antes de que la población joven acceda al mercado laboral, beneficia el futuro cumplimiento de la legislación vigente. En España están surgiendo peticiones para que la gente empiece a conocer cuánto cuestan algunos servicios públicos que se dan por hechos y que a veces cuesta visualizar como consecuencia directa del pago de impuestos. Esa doctrina aboga, por ejemplo, por entregar un documento informativo a la salida del hospital tras haber recibido algún tipo de servicio, para que el ciudadano sea consciente del dinero que cuesta una determinada operación o un tratamiento, que son financiados con recursos públicos.
