Narcotráfico cádiz
El disparo directo a los motores de una narcolancha, incluido en los protocolos de otros países pero no en España
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Altos mandos de diferentes instituciones implicadas en la lucha contra el narco han solicitado al Gobierno de manera oficial que se refuercen las llamadas 'normas de enfrentamiento' para que los agentes puedan tener una mayor cobertura táctica en sus actuaciones
Portugal, Francia, Estados Unidos, Chile o Marruecos sí incluyen en sus medidas opciones más estrictas y firmes para interceptar a los traficantes
Pero, ¿por qué no ha disparado?, ¿por qué no ha disparado?... ¿para qué tienen pistolas?... es una de las reacciones más habituales que los ciudadanos de a pie tienen cuando ven enfrentamientos extremos entre delincuentes fuera de sí, violentos, que atacan de manera clara y directa, y que frente a ello el agente en cuestión no hace uso de su arma reglamentaria para intentar directamente no morir él o que maten a un compañero u a otra persona.
En definitiva, se trata del eterno debate sobre la proporcionalidad, el amparo o desamparo judicial que encuentran después estos agentes si causan lesiones mortales al enemigo y el temor que por ello les envuelve. Si no se ajustó a derecho y si el haberse salvado a sí mismo la vida o habérsela salvado a otra persona puede provocar que tenga que guardar su uniforme para siempre en un cajón, o pasar por el infierno de un banquillo, procesado.
El fatídico asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate arrollados por una semirrígida de doce metros, y también los últimos atentados sufridos por efectivos del Servicio Marítimo -como en Manilva, Algeciras, Sanlúcar...- o por patrulleros de tierra, han vuelto a traer al foco de la actualidad la situación a la que están llegando todas las fuerzas que intentan contener las embestidas del narco. Un enemigo -convertido en organización criminal- que, como denuncia desde hace años la propia Fiscalía antidroga de Cádiz o los sindicatos policiales, no se anda con escrúpulos y cada vez va más armados.
Ejemplo claro de esta situación se vio hace ahora dos meses en la bocana del puerto barbateño en la que perdían la vida los guardias civiles David Pérez Carracero y Miguel Ángel González en el ejercicio de sus funciones, estando de servicio, uniformados, y siendo una autoridad competente en la intervención que estaban realizando. Frente a ellos y a sus compañeros, media docena de unas embarcaciones cuyo uso está prohibido por decreto y que se dedican a meter droga en España o a ayudar a los que lo hacen. Es decir, la ley contra lo ilícito. Y todo en un país donde existe el Estado de Derecho.
Y no ha sido la única vez que ha ocurrido o ha estado a punto de ocurrir. Sin embargo los protocolos de actuación siguen siendo los mismos. Al igual que la ley.
Y es en este sentido en el que parece que empieza a ver algún nuevo movimiento. La concatenación de episodios dramáticos y violentos en la lucha contra el narco que se están dando en la provincia de Cádiz, principalmente, podrían desembocar quizá en un cambio de normas si así se estimara. Según ha podido saber este periódico, mandos de diferentes instituciones y órganos implicados en esta batalla han pedido recientemente de manera formal al Gobierno que se endurezcan en España las llamadas 'normas de enfrentamiento', unas reglas que no se refieren a lo estrictamente legal sino a lo 'militar', a la seguridad, a la defensa.
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Esta nueva falta se sumaría a las que ya se les imputan y esta castigada con una pena de diez a quince años de cárcel. Sería la primera vez que se toma esta calificación del Código Penal en referencia al narcotráfico en la provincia de Cádiz y en Andalucía
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Pero, ¿qué son estas normas? Las Reglas de Enfrentamiento ('Rules of Engagement, ROE') son aquellas órdenes del mando que tiene cada país y que determinan cuándo, dónde, contra quién y cómo se usa la fuerza, incluso la letal, durante una operación. Así, mediante estas medidas, se fija el «uso legítimo, gradual y proporcionado» de la fuerza para cada operación en la que participen unidades españolas. Y sobre ellas se fijan los protocolos. Algo que da una mayor cobertura de actuación al que tiene que actuar. Es decir, si sabe que puede disparar de una determinada forma en un determinado momento porque así se le dicta en estas 'reglas de juego', se podrá ver más respaldado.
Y en España estas normas de actuación no recogen algunos supuestos que sí parece que están consentidos en otros países vecinos y que también sufren en sus fronteras la lucha contra el narcotráfico.
En países vecinos atacados por el narco
Es el caso por ejemplo de Portugal, o Francia, o también Chile, Marruecos (curiosamente), y Estados Unidos, entre otros. Por ejemplo es habitual y no se ve como algo excepcional que policías de estos países disparen desde helicópteros a embarcaciones como las narcolanchas que llevan droga cuando los persiguen y, tras repetidos avisos, no dan el alto.
De hecho, hay muchas imágenes que así lo confirman. Vídeos en los que se ve como estos efectivos, como los famosos SEAL americanos, sacan sus armas de precisión, apuntan y tiran hacia los motores para parar estas 'gomas' y poderlos así detener con otra patrulla que por mar los aborda. Sin embargo en España esta opción no se suele manejar. Como tampoco el lanzar pelotas de goma.
Como explican algunas fuentes implicadas, la cuestión no sería hacer algo «desorbitado», «peligroso», «ni que cueste la vida a nadie», sino utilizar determinada munición para este tipo de intervenciones y que dicha actuación esté 'oficialmente' avalada y realizada por personal cualificado que trabaja con todas las garantías posibles.
Según insisten las fuerzas que persiguen al narco, en la actualidad, la mayoría de las veces poder interceptarlos se limita a perseguirlos hasta que agotan la gasolina o algún motor se les avería. No hay muchas más opciones. El abordaje es complicadísimo y muy peligroso. Hay que tener en cuenta que estas 'gomas' llegan a alcanzar los 60-70 nudos, unos 120 kilómetros por hora, por lo que es casi inviable cogerlos y además a esa velocidad los agentes también se están viendo obligados continuamente a poner en riesgo sus vidas.
Pero ese sería solo uno de esos supuestos. La idea es que el protocolo de enfrentamientos que actualmente existe en nuestro país sea más rígido, siempre dentro de lo legal, y por tanto, la lucha pueda ser más efectiva.
Así se lo han transmitido estos mandos y responsables de instituciones a la Secretaría de Estado para la Seguridad que, de momento, no se ha pronunciado al respecto. El objetivo es claro. Dar más recursos tácticos y herramientas a estos efectivos que en primera línea se ven en situaciones que son límites y que, por tanto se entiende, tienen que tener una cobertura de protocolo más amplia en estas intervenciones.
Cuestión al margen es la ley, que sigue su camino en los juzgados. En este sentido, y según las mismas fuentes, dicha reforma en los protocolos también allanarían el camino para que las cuestiones legales se pudieran endurecer sobre todo aquel que, a sabiendas de que está cometiendo un delito como en este caso el tráfico de drogas, se puede enfrentar a penas más estrictas de las que actualmente existen.
