PROVINCIA
Diputación incrementa en un 3% la ejecución de sus presupuestos en 2023 y registra un superávit de 44 millones
El Pleno aprueba todas las mociones, entre ellas instar al Gobierno a que se reconozca a Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo
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La Diputación de Cádiz ha celebrado su Pleno ordinario de mayo, una sesión presidida por la titular Almudena Martínez, en la que se han aprobado todas las mociones sometidas a votación, y en la que se ha dado cuenta de los resultados de la liquidación definitiva de los presupuestos del año 2023.
El vicepresidente primero, Juancho Ortiz, ha sido el encargado de detallar al Pleno dicha liquidación, tanto de la entidad matriz como de sus organismos autónomos (el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, IEDT; la Fundación Provincial de Cultura; el Patronato Provincial de Viviendas y el Patronato Provincial de Turismo). Los resultados arrojan una mejora del 3% en los índices de ejecución, que pasan a ser del 94% si se toma como referencia el presupuesto inicialmente aprobado, de 313 millones de euros, y de un 71% si se toman de referencia las cuentas provinciales resultantes de las diferentes modificaciones presupuestarias aprobadas a lo largo del año. En el capítulo de inversiones, incluidas en el Capítulo 6, el grado de ejecución es del 86% sobre el presupuesto inicial, y un 41% sobre el presupuesto con modificaciones.
Este incremento del 3% en relación a 2022 toma más valor si se tiene en cuenta que 2023 fue año electoral, situación que suele hacer que se resientan estos índices, máxime cuando ha tenido lugar un cambio de gobierno en la Diputación.
En términos absolutos el superávit alcanza los 44 millones (44.358.246,10 euros), 35 de ellos correspondientes a la entidad matriz, lo que se traduce en que el remanente positivo de Tesorería se eleva a 95.720.054,94 euros.
Otros asuntos de gestión
El Pleno ha aprobado la modificación del Reglamento Regulador del Servicio de Asistencia a Entidades Locales, SAEL, que introduce modificaciones para responder con mayor eficacia y agilidad a las necesidades de las entidades locales destinatarias, así como para adaptar su contenido a la nueva normativa relativa. Esto permitirá que la Diputación asuma los gastos que generen los procesos judiciales de ayuntamientos de hasta 10 mil habitantes, cuando hasta la fecha el SAEL sólo cubría costes judiciales de los municipios menores de 5 mil habitantes. Otro asunto que se verá afectado con el nuevo reglamento es la mejora del servicio de formación al personal de ayuntamientos.
Por urgencia se ha aprobado también el inicio de expediente de contratación de prestación de asistencia técnica relativa a la tramitación de expedientes de multas de tráfico. También una modificación de créditos por importe de 1.317.919 euros para financiar diversas ayudas, entre las que destacan medio millón de euros destinado a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para la realización de la tercera fase del proyecto 'El Campo de Gibraltar mirando al futuro' de fomento del empleo tras la situación creada por el Brexit, la pandemia y la crisis energética. Incluye otra partida de más de 140.000 euros a la diócesis Asidonia-Jerez para «la protección y gestión» del patrimonio histórico y artístico».
Además se han desestimado las alegaciones de la Fundación Tecnalia, relativa a Tecnotur, se ha dado luz verde por unanimidad al reglamento regulador de los servicios en régimen de teletrabajo de la Diputación y se ha aprobado la baja de la Diputación de Cádiz como socia de la Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), con el voto en contra del Grupo Socialista.
Proposiciones políticas
En el apartado de las mociones políticas se ha alcanzado la unanimidad en la moción del Grupo Popular relativa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la que se insta al Gobierno de la nación a declararlas «profesiones de riesgo», como reconocimiento al trabajo que realizan la Policía Nacional y la Guardia Civil» y «elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de policías del territorio español.»
Se ha aprobado, pero no por unanimidad, otra propuesta del Grupo Popular para la bajada del IVA del 10% al 5% a los alimentos de primera necesidad. Todos los grupos se han mostrado a favor a excepción del Socialista. El acuerdo alcanzado recoge la orden de instar al Gobierno de España a incluir dentro del listado de bienes a los que resulta de aplicación el tipo del 5% del IVA a las carnes, pescados, agua y conservas destinadas al consumo humano y a los productos lácteos fermentados, como herramienta para reducir el precio de la cesta de la compra, aumentar la demanda, impulsar la creación de empleo y aumentar la recaudación fiscal, además de para apoyar al sector agrícola y ganadero.
La unanimidad también se ha obtenido en la proposición del Grupo Izquierda Unida Andalucía sobre la construcción del tramo de autovía Arcos de la Frontera-Antequera, la A-384, que insta a la Junta de Andalucía a que fije en sus Presupuestos de 2025 la cantidad suficiente para el inicio inmediato de las obras con un compromiso de anualidades para la ejecución y apertura al servicio de este tramo.
Otra moción del Grupo Izquierda Unida Andalucía ha salido adelante: la de instar al Congreso de los Diputados a que acelere los trámites del Proyecto de Ley para que los ayuntamientos perciban el incremento acordado en la Participación en Ingresos del Estado, PIE, o que se articule otro mecanismo legislativo para que la financiación local no se vea afectada. De este modo las administraciones locales podrían afrontar las consecuencias económicas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. La moción, ha sido aprobada por unanimidad y también una enmienda complementaria del Grupo Socialista, alusiva a instar además a la Junta de Andalucía a incluir en los próximos presupuestos un incremento en la participación de los municipios en los ingresos de la Comunidad y a que abone las cantidades adeudadas en la conocida como deuda histórica, a las entidades locales andaluzas si bien esta enmienda de adición ha sido aprobada con el voto en contra del PP.
Una proposición del Grupo Socialista ha solicitado medidas para defender el campo de Cádiz. Con la abstención del Grupo Popular se ha instado a la Junta a definir un porcentaje del global de cada convocatoria de ayudas destinadas al sector para cada provincia, de modo que no sea necesario que los jóvenes agricultores de la provincia de Cádiz «compitan» con los de las otras; «ajustar el sistema de reparto de cupos de agua» y «declarar la necesidad de que ponga en marcha cuanto antes el plan de compensación del sector primario».
Almudena Martínez ha intervenido en este punto y ha explicado que «aunque no es competencia de la Diputación», el Gobierno provincial tiene reservada una partida en los presupuestos para poner en marcha un plan de apoyo al campo gaditano «Porque estamos comprometidos con el sector primario». «Lo vamos a sacar en breve y mejorado», ha zanjado la presidenta.
El Pleno también ha ratificado la propuesta Socialista para habilitar un comedor escolar en el CEIP Miguel de Cervantes de Olvera. Para ello se ha instado a la delegación territorial de Educación de la Junta. Esta moción ha contado con los votos a favor del Grupo Socialista e Izquierda Unida, la abstención de La Línea 100x100 y en contra del Grupo Popular.
Por último, y por vía de urgencia, a través de una moción del Grupo Popular, se ha aprobado instar a que el Gobierno de España rectifique la orden ministerial que altera los criterios para que los municipios puedan ser beneficiarios del PFEA en la vertiente de Empleo Estable, para que siga atendiendo a la proporcionalidad según el número de trabajadores agrarios que tenga cada municipio en lugar de pasar a ser de concurrencia competitiva.
