Crece el número de atenciones por pensamientos suicidas en Cádiz

Durante el año pasado 110 personas decidieron quitarse la vida en la provincia de Cádiz. Se suicidaron. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día unas 3.000 personas toman esa misma decisión en todo el mundo. La tasa media mundial, por tanto, se sitúa en 9,28 fallecidos por cada 100.000 habitantes.

Y en Cádiz las cifras de esta causa de muerte se mantienen. Así se extrae de los diferentes datos que aportan diversos organismos relacionados y que ha consultado este periódico. En primer lugar, las que ofrece el Instituto de Medicina Legal (IML) dependiente de la Consejería de Justicia y que contempla las cifras de autopsias que realizaron incluyendo la sede de la capital y la del Campo de Gibraltar de 2022 y 2021.

Así, el pasado año el total de las autopsias que realizaron fueron 714 y en 330 casos se determinó que habían sido muertes violentas. Y de ellas, 110 por suicidio. 87 en la sede central de Cádiz y otras 23 en la sede comarcal del Campo de Gibraltar. Si se tiene en cuenta las cifras de 2021 se refleja un leve descenso en mortandad en cuanto a esta causa, ya que entonces fueron 121 suicidios.

En cuanto a otras causas de fallecimientos violentos detectados por el IML, se produjeron bastantes más, un centenar más, por motivos de accidentes. 210 -149, en 2020- y, otros diez por homicidio. Por tanto, el suicidio es la segunda causa de muerte violenta en Cádiz.

Si se tienen en cuenta los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las cifras relativas a las personas que decidieron quitarse la vida en la provincia se mantienen similares en los últimos años. Así, desde 2018 sólo ha sufrido una pequeña variación de cinco más, de 55 a 60. Mientras que en 2021 fueron 46 y en 2020, 49. Estos datos suelen ser más incompletos que los que aporta el Instituto de Medicina Legal que es el órgano que atiende todas las autopsias que se hacen por protocolo de forma oficial nada más producirse el deceso y, por tanto, su aproximación a la realidad diaria puede ser más exacta.

Por otro lado, esta tendencia se comprueba también en los datos que aporta el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que analizan la tasa de mortalidad por este motivo desde 2010. Y según estos índices, la variación en la provincia también ha sido ajustada ya que si en un año ha subido, otro ha vuelto a disminuir. Así en 2010 la tasa de mortalidad por suicidio en Cádiz era del 6,24 por ciento por cada 100.000 habitantes, en 2014 subió a 7,29, en 2019 volvió a bajar al 6,07, mientras que en los últimos años ha sido del 7,5 y del 8,6. Según estos números, Cádiz ocupa de las posiciones más bajas de esta causa de fallecimiento de Andalucía, siendo la sexta. En lo alto se sitúan Jaén o Córdoba con un 13,30 y 12,32 por ciento.

Sin embargo, y aunque la tendencia se mantiene relativamente estable en los últimos años, los expertos sí advierten de que son muchos los intentos no consumados y que existe una mayor tendencia al pensamiento suicida, derivado por dos componentes: el efecto de la pandemia y una mayor visibilización. Por ello advierten de la necesidad de dar más atención a esta realidad social y también la realización de más planes de prevención para todos los públicos.

En esta línea se muestra Daniel López, psicólogo y asesor técnico de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía que actualmente está trabajando en la puesta en marcha del proyecto europeo 'ImpleMENTAL' (Join Action for Mental Health), un plan enfocado en la prevención para cuya implantación en su fase operativa se eligió a la provincia de Cádiz y por el que forman en esta materia a profesionales implicados. «Se están dando más atenciones a personas que manifiestan pensamientos suicidas, los efectos de la pandemia y también una mayor visibilización de este problema ha provocado que se acuda en mayor medida a pedir ayuda o que se reconozca con menos miedo al qué pensarán otros como ocurría hace unos años».

Por este motivo, el proyecto que están realizando parte de la premisa de que «el suicidio es un problema de primer orden y que la intervención, desde el ámbito local, constituye una de las principales abordajes de su prevención y control». Así, entienden, que la formación y sensibilización de personas claves es el primer paso de una intervención responsable.

En este sentido creen que es «clave» tener claro, en primer lugar, los conceptos. Desmitificar determinados prejuicios sobre el suicidio que siempre se han tenido, y además darle mayor visibilidad a los recursos que están disponible para la persona que lo necesite, afectado, familiar, o profesional del ámbito.

O como pueden ser los jóvenes. Los expertos también alertan de que se han incrementado los intentos de suicidio a edades más tempranas. Según un reciente estudio elaborado por la Psicofundación y el Consejo General de la Psicología de España, el 4,9 por ciento de los adolescentes en España han intentado quitarse la vida en algún momento. Un 2,28 por ciento eran hombres, mientras que un 7,03 por ciento eran mujeres. Este informe se ha realizado sobre una muestra de más de 8.000 jóvenes.

Según los investigadores, los estudios recientes señalan que tras la pandemia Covid-19, los trastornos de salud mental en los menores han aumentado hasta un 47%, «siendo necesario poner a disposición de la población profesionales especializados en la materia que puedan detectar e intervenir en dichos trastornos».

Entre los trastornos clínicos entre los jóvenes destacan los relacionados con la ansiedad y la depresión, habiéndose incrementado notablemente los comportamientos autolesivos e ideas de muerte».

Y por regla general, los intentos de suicidio son mucho más comunes que el suicidio consumado. Estudios realizados muestran que los actos suicidas sin resultado de muerte son, al menos, diez veces más frecuentes que los que resultan siendo mortales. Esto es más frecuente entre los adolescentes y va disminuyendo con la edad, a diferencia de los consumados.

En las últimas décadas, muchos países de Europa han desarrollado amplios programas de prevención de suicidio tanto nacionales como regionales, como en Finlandia, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido. En España no existe un plan o estrategia de prevención de suicidio nacional, y las acciones que se realizan forman parte de planes sectoriales de grupos interesados o de afectados, o programas desarrollados en diferentes comunidades autónomas.