El PP defenderá en el Parlamento andaluz que el Gobierno declare la provincia como Zona de Especial Singularidad

En esta proposición no de ley se reclama que, «con carácter urgente e inaplazable», el Gobierno central declare a la provincia de Cádiz como Zona de Especial Singularidad (ZES), debido al problema del narcotráfico y del crimen organizado que ha conllevado el reciente asesinato de dos guardias civiles en Barbate.

Se pide aumento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con incentivos económicos y laborales que reconozcan su labor, mediante una actualización y aumento del catálogo de puestos de trabajo. Otra demanda es el reconocimiento de los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar, ya que son «equiparables en riesgo y trabajo» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con una mejora en sus medios materiales y tecnológicos.

Asimismo, se plantea la creación de una mesa interadministrativa en la que Gobierno central, Junta, Diputación de Cádiz y ayuntamientos pongan en marcha un Plan Integral para el Campo de Gibraltar, ya que el narcotráfico es un problema global que hay que abordar desde todos los puntos de vista (empleo, social, económico o inversiones) para poder superarlo.

En la exposición de motivos de la iniciativa, se lamenta que el Ejecutivo nacional tomara la decisión, en octubre de 2022, de «desmantelar el OCON Sur (el órgano de coordinación contra el narcotráfico en Andalucía), una herramienta fundamental que en sus cuatro años de existencia había desarticulado numerosas bandas de narcotraficantes y había incautado grandes cantidades de droga».

«La decisión se adoptó pese a que Cádiz sigue siendo la provincia andaluza en la que más droga se incauta (el 50% del hachís y un 78% de la cocaína de toda Andalucía) y tras la desaparición del OCON, la intervención de hachís se redujo casi a la mitad en el año 2022«, según se apunta.

Desde entonces, según el PP-A, «la desproporción en la lucha contra las mafias narcotraficantes se ha disparado» y es fundamental «poner todos los medios materiales y humanos a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia gaditana para recuperar así el principio de autoridad y poder luchar, de manera contundente, efectiva y con seguridad para los agentes, contra la lacra del narcotráfico, así como para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos».