Gibraltar emite orden de arresto contra el pescador de La Línea acusado de usar redes «ilegales»

El Tribunal de Magistrados de Gibraltar ha vuelto a emitir una orden de arresto contra Jonathan Sánchez, el pescador de La Línea de la Concepción que no se presentó a juicio el pasado 1 de diciembre tras ser acusado de pescar con redes «ilegales» en aguas cercanas al Peñón y que considera propias.

Tras haber quedado en suspenso la primera orden emitida por el juez que lleva el caso, Karl Tonna, a petición de la Fiscalía por ser un asunto que «incluye un importante componente internacional», ambas partes --magistrado y Fiscalía-- quedaron emplazados para una nueva reunión este lunes, donde se ha emitido una orden de arresto contra el pescador por la primera serie de cargos que le fueron notificados en persona.

En este sentido, The Gibraltar Chronicle, ha señalado que la orden se relaciona con presuntos delitos que supuestamente ocurrieron en mayo y julio del año pasado y que Gibraltar considera que le han sido notificados --entregados por la Policía gibraltareña una madrugada que abordó el pesquero cuando faenaba--, mientras que en relación con los delitos posteriores --por no acudir a la llamada de la justicia gibraltareña--, el ministerio fiscal y el magistrado se han vuelto a emplazar para el mes de febrero para permitir que el tribunal se asegurara de que se haya entregado correctamente la citación al acusado, incluida una traducción certificada de su contenido.

Cabe recordar que según explicó el propio pescador antes del juicio al que finalmente no se presentó, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Secretaría General de Pesca le había notificado que entendía que no tenía que rendir cuentas ante la justicia gibraltareña por faenar en un caladero cercano a Punta Europa puesto que faena en aguas bajo soberanía de España, sometidas «solo a las leyes españolas».

El pescador está acusado en Gibraltar por varios cargos relativos al uso de redes para la captura de «animales salvajes», la obstrucción de un funcionario público y la pesca de una especie en peligro de extinción.