TRIBUNALES

El armador del Rúa Mar descarga su responsabilidad en el patrón del barco fallecido en el naufragio

Para la sesión de este jueves está previsto retomar el juicio con el informe de la Fiscalía y dar turno a las defensas antes de quedar visto para sentencia

M.G.

En la sesión de este miércoles en el juicio por el hundimiento del Rúa Mar, que se está celebrando en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz, se ha continuado con las escuchas y han declarado los acusados que, en el caso del armador solo lo ha hecho a preguntas de su abogado. Es su declaración, Pedro Samuel Maza, el principal de los seis acusados, ha descargado su responsabilidad sobre el patrón del barco que falleció la noche del naufragio.

Tras oír a los acusados, la Fiscalía ha elevado a definitivo su escrito de calificación en el juicio, por lo que pide el armador del barco 114 años de prisión y penas de entre seis y 19 años para el resto de acusados. Además, la Fiscalía, en el caso de que la Sala valorase que no existe un delito de homicidio en grado doloso, ha incluido la posibilidad de que se tipifique como delito de homicidio por imprudencia.

Para este jueves, el juicio se retomará con el informe de Fiscalía y, posteriormente, será turno para las defensas, Luego, el juicio quedará visto para sentencia.

Petición de la Fiscalía

El Rúa Mar se hundió el 23 de enero de 2020 con seis tripulantes a bordo. Hasta el momento no se ha encontrado el barco ni cuatro de los tripulantes. Las corrientes hicieron que aparecieran algunos restos de la embarcación y los cadáveres de dos de las personas que iban a bordo.

El día 26 de enero de 2020 sobre las 20,45 horas el Servicio Marítimo de la Guardia Civil hizo entrega de dos fardos de unos 25 kilogramos de hachís cada uno flotando en el mar, que transportaba, según la Fiscalía, el barco hundido.

Además, según la Fiscalía, el armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia tras haber sido interceptado un alijo anterior.

Para el armador se piden en total 114 años de prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal (dos años), contra la salud pública (dos delitos a seis años cada uno), homicidio (seis delitos a 15 años cada uno), estafa (un año), contra el derecho de los trabajadores (tres años) y por blanqueo de capitales (seis años). Además, pide una multa de 3,9 millones de euros por los delitos contra la salud pública y cuatro millones por el de blanqueo de capitales.

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