CAMPO DE GIBRALTAR
El amianto pone en riesgo la salud de escolares en Campo de Gibraltar
USTEA ha denunciado que la Junta está actuando sobre materiales con amianto en jornada escolar y en horario lectivo
La Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) denuncia que la Junta de Andalucía está actuando sobre materiales con amianto en los centros educativos en época escolar y en horario lectivo y que, en vez de retirar dicho material cancerígeno como es su obligación, está procediendo a dejarlo en los centros revestido y encapsulado.
La Consejería de Educación está llevando a cabo obras en cuatro colegios del Campo de Gibraltar con el fin de encapsular los pilares de los porches que tienen amianto. La retirada progresiva del fibrocemento en los centros educativos públicos es una obligación de la Junta de Andalucía que, en 2016 acordó y publicó en el BOJA el calendario para tener completada esta retirada el 31 de diciembre de 2022.
En dicho acuerdo por el que se aprobaba la planificación de la retirada progresiva del amianto establece literalmente el siguiente criterio: «Ejecutable en época no lectiva. Las actuaciones que requieran la intervención sobre elementos constructivos que contengan amianto deben tener un alcance ejecutable en época no lectiva, dada la imposibilidad técnica y legal de trabajar sobre los mismos en época escolar«.
Los centros en los que se están encapsulando los pilares, según denuncia el sindicato, son el C.E.I.P. San Isidro Labrador de Los Barrios, el C.E.I.P Guzmán el Bueno de Tarifa y los colegios de La Línea de la ConcepciónPedro Simón Abril y Nuestra Señora de las Mercedes. Dichos centros se incluyeron en el Plan de Infraestructuras de 2021, en el apartado Retirada de amianto, con la descripción Sustitución de pilares de porche y con un presupuesto estimado para cada centro de 20.000 euros.
Riesgos para la salud
La retirada del amianto en los centros educativos elimina el problema de raíz, encapsularlo reduce la posibilidad de librar las fibras cancerígenas del fibrocemento, pero es una solución temporal que supone alargar el problema unos años, ya que por ley tiene que ser eliminado para el año 2028, se podría entender que la actuación de la Consejería es una alternativa viable, rápida y legal para alargar la vida útil de dicho material y así ahorrar costes, ya que el encapsulamiento es más barato que la retirada, pero esta actuación se debería haber realizado hace años en época no lectiva.
El amianto se prohibió totalmente en 2002, pero donde ya estaba instalado se dejó su uso hasta su eliminación o el fin de su vida útil. El Parlamento europeo aclaró en una Resolución de 14 de marzo de 2013, que se estima que los materiales con amianto poseen habitualmente un ciclo de vida de entre 30 y 50 años.
Todos los centros donde se está encapsulando el amianto tienen más de 50 años de antigüedad, por lo que su vida útil ha concluido y lo único que procede es la retirada del material, y no intentar acogerse a la denominada nueva ley del amianto, la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que lo único que va a permitir es alargar un poco más la retirada ya que establece que en todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028.
