Segundo desalojo consecutivo en Cádiz ante la pasividad del Ayuntamiento

El lanzamiento se produjo con normalidad, puntualmente y ante la mirada de una docena de vecinos que acompañaban a la familia desalojada, y sin incidentes; salvando una pequeña discusión sobre el estado de la vivienda, entre la madre del propietario ‒Consuelo Pérez, la presidenta de la asociación de mujeres Mariana Pineda‒, que fue en representación del mismo, y entre la hasta ayer inquilina.

Esta última decía que «no son condiciones humanas» y que «es como vivir en la calle». A lo que la progenitora del arrendatario replicaba que «la casa se ha rehabilitado» y que «estaba como nueva». «¡Yo no soy una especuladora!», zanjaba Consuelo.

Si en algo estaban de acuerdo la propiedad y la arrendada era en culpar al Ayuntamiento de desentenderse de un alquiler social que, según su versión, en su momento se comprometió a pagar y que en 2020 empezó a desentenderse del mismo progresivamente hasta no aportar un solo euro. «El Ayuntamiento nos deja en la calle», rezaba una gran pancarta desplegada en la puerta de la vivienda.

Son casi 3 años de impago, y una deuda que asciende a 12.000 euros. Mi hijo está en paro. Yo he hablado con el Alcalde y le he dado la oportunidad de hacer un contrato nuevo», se justificaba la madre del propietario.

Encabezados por Maite González, abogada y concejala del Ayuntamiento por el PP, una vez ejecutado el desalojo, esta madre gaditana junto a uno de sus hijos ‒afirmaba que el otro estaba con un ataque de ansiedad en el hospital‒ y el resto de vecinos y allegados que los arropaban, marcharon hacia las puertas del consistorio en busca de una solución a la desesperada.

«Ahora me quedaré frente al Ayuntamiento sentada, a ver lo que me hacen; que me lleven a un sitio donde no hay vida», comentaba con lógica desesperación la vecina desahuciada.

Por su parte, Maite González, jugando un papel de intermediación a tres bandas entre propiedad, alquilados y Ayuntamiento, trataba de buscar una solución de última hora presionando a los responsables municipales de Vivienda para que se avinieran a un acuerdo de urgencia de abono del alquiler social. Un pacto que ya había conseguido entre las otras dos partes: «Nos falta una pata», expresaba la edil popular.

El Ayuntamiento temporalmente ha ofrecido a esta familia la estancia en un albergue de la ciudad y, como en el caso del martes de Pilar Loubet, les invitó a que buscaran un piso.

Son dos desalojos consecutivos ante la mirada pasiva de quienes gobiernan en la ciudad; esos que en el primer desahucio de su mandato pelearon con uñas y dientes para que no se produjese. «Cómo han cambiado las cosas», debía pensar Antonio Moreno, la víctima del primer lanzamiento de la era Kichi, quien curiosamente se fumaba un cigarrillo en la esquina de Teniente Andújar con Suárez de Salazar viendo pasar la comitiva del desalojo camino a San Juan de Dios.

El Ayuntamiento de Cádiz se ha pronunciado finalmente a primera hora de la tarde sobre el caso de marras y la ola de desalojos en general:

«Esta persona ha contado con el asesoramiento y la ayuda de los trabajadores tanto de Asuntos Sociales como de Procasa y se les ha puesto a su disposición los recursos municipales, dentro de la legalidad y según la normativa vigente», señalan de entrada.

Y prosiguen, yendo de lo específico a lo general: «En estos años desde el Ayuntamiento se viene trabajando para evitar en la medida de lo posible los desahucios y en ofrecer alternativas habitacionales a pesar de que se trata de una competencia de la Junta de Andalucía que es quien debe procurarlas en primera instancia».

Aun así, desde el consistorio, «como institución más cercana a la ciudadanía hemos habilitado todas las herramientas posibles para evitar que se sigan produciendo desahucios como el protocolo antidesahucio, la creación de la Omdevi, el programa de alquiler justo o la creación de alojamientos transitorios que hasta ahora no existían en la ciudad; medidas todas ellas con las que se han dado respuesta a más de 500 familias», concluyen.