Kichi abandera de nuevo su propia revolución industrial en la Bahía

Un encuentro en el que Kichi ha aprovechado para hacer suyas las reivindicaciones del sector cuando se aproximan unas elecciones municipales en las que, aunque ya no se presente como candidato, la reindustrialización es uno de los ejes básicos de la confluencia que lidera David de la Cruz, Adelante Izquierda Gaditana.

La foto con la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos, a escasas semanas de la cita electoral, era importante para Kichi.

Tanto el alcalde como los representantes de las organizaciones sindicales, al término de la reunión con la ministra, han valorado de forma positiva este encuentro dando un voto de confianza a Díaz, que se ha comprometido a mantener una comunicación más directa con el fin de intentar dar solución a los problemas que se puedan dar en las distintas empresas, además deaumentar las inspecciones y velar por el cumplimiento de los convenios en la Bahía.

El alcalde ha asegurado que «estamos peleando por salir de esa especie de espiral infinita de precariedad laboral a la que nos tienen condenados desde hace más de 40 años» añadiendo que los trabajadores y trabajadoras del sector industrial han protagonizado el mayor conflicto laboral de esta legislatura y ahora el Gobierno, «aquel que envió a las tanquetas, tiende la mano a través de la ministra para escuchar sus demandas».

El encuentro ha girado en torno a cinco bloques: la industria aeroespacial y naval, la naval, Delphi, el cumplimiento del contrato fijo-discontinuo en el sector industrial y las inspecciones de trabajo. El alcalde ha asegurado que «estamos contentos porque hemos obtenido el compromiso de la vía de diálogo abierta para que los trabajadores puedan denunciar los incumplimientos de los convenios laborales y desde el Ministerio se pueda sancionar estas conductas».

En cuanto a la situación de la industria aeroespacial, el primer edil ha afirmado que «sin compartir en ningún momento el cierre de la fábrica Airbus de Puerto Real, la ministra ha asegurado que van a velar porque se cumplan cada una de las cláusulas del acuerdo y la pronta puesta en marcha del nuevo centro tecnológico».

En este sentido, el representante de CGT, Juan Antonio Guerrero, ha denunciado que «de los 1.100 puestos de empleo que existían en las fábricas de Puerto Real y Puerto de Santa María y pese al acuerdo de que no se iban a perder ninguno, la plantilla se ha visto reducida a 700 a lo que hay que añadir la pérdida del suelo productivo, por lo que no podemos decir que esto haya sido una fusión sino una destrucción de mano de obra».

En relación al sector naval y del metal, José María González, ha asegurado que «Navantia tiene que saber qué quiere ser. No es de recibo que mande a los funcionarios a buscar contratos en lugar de que vayan los altos mandatarios, como ocurre en otros países». Además, se ha abordado de forma muy intensa la figura del contrato fijo-discontinuo «ya que es un fraude utilizar este tipo de contrato en este sector».

El representante de la Coordinadora del Metal ha señalado que las factorías de Navantia y Dragados se han convertido en «campos de concentración» ya que «los trabajadores hacen jornadas maratonianas y se siguen dando incumplimientos por parte de las empresas».

Ha pedido a la ministra que «la reforma laboral sea una herramienta eficaz y no un arma para el empresariado». Han solicitado una mayor presencia de los inspectores de trabajo ante «las largas jornadas de trabajo y que haya mecanismos de control en las bolsas de trabajo, en los tornos y en las subcontrataciones».

Por otro lado, el representante de CCOO, Juan Linares, ha apuntado que «no puede haber estabilidad en las empresas auxiliares si se sigue abusando del contrato fijo-discontinuo». Linares ha explicado que «se están perjudicando las condiciones laborales de este tipo de trabajadores quienes no se benefician de los pluses de los convenios laborales o pueden llegar a acumular más horas de las que establece el cómputo anual».

En cuanto a Delphi, Kichi ha lamentado la situación en la que aún se encuentran los 500 afectados por el cierre de la fábrica. Desde USO, Miguel Paramio ha valorado «la apertura de un diálogo para solucionar la situación caótica de estas personas tanto con la Seguridad Social como con el SEPE».