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La Junta amenaza con llevar a los tribunales la limitación de las viviendas turísticas en Cádiz
La Agencia de la Competencia advierte al Ayuntamiento de su personación en el procedimiento para evitar la medida
La normativa aprobada por el Ayuntamiento de Cádiz el pasado mes de septiembre y que ya ha comenzado a limitar las viviendas turísticas en la capital gaditana podría acabar en los tribunales.
En un informe remitido por la Agencia de la Competencia de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Cádiz, se advierte a los responsables municipales de que esta medida aprobada en el Pleno municipal incumple tres aspectos en relacion al mantenimiento de una competencia efectiva por parte de la Consejería de Turismo. Los mismos argumentos que ha utilizado para denunciar una propuesta similar aprobada hace unos meses por el Ayuntamiento de Sevilla.
En primer lugar, la agencia, adscrita a la Consejería de Economía, pone de relieve que esta nueva normativa municipal «puede incurrir en restricciones para el mantenimiento de una competencia efectiva, así como advierte de que puede suponer barreras de entrada y requisitos de ejercicio a los operadores económicos del sector de alojamiento turístico».
Por último, el escrito recoge que su aplicación puede entrañar un cierre de mercado que favorece de forma directa a los operadores ya establecidos. además de que los consumidores tendrán que pagar más por su alojamiento en Cádiz.
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La concejala Lorena Garrón asegura que la propuesta que fue aprobada en el pleno del viernes cuenta con el respaldo del sector
Unos aspectos que desde el Ayuntamiento de Cádiz han asegurado que «son una falacia», además de denunciar que los responsables de la Agencia «ni siquiera se han leído nuestro informe», apuntó al respecto el edil de Urbanismo, Martín Vila. El portavoz del equipo de Gobierno aseguró al respecto que desde que se puso en marcha la moratoria, se han seguido concediendo licencias para apartamentos turísticas en aquellas zonas de la ciudad que no suponen un riesgo para mantener su carácterr residencial.
El concejal mostró su sorpresa por este documento y esta «amenaza», ya que el informe municipal que fue aprobado en el pleno contaba con el informe favorable de hasta tres consejerías del Gobierno autonómico.
El portavoz del equipo de Gobierno, Martín Vila, aseguró que la medida aprobada en el pleno municipal contaba con el informe favorable tanto de la Consejería de Fomento, que declaró que se cumplía con la normativa urbanística, así como con el de la Consejería de Salud, que destacó que la propuesta mejoraba la salud pública de los vecinos de Cádiz. Por su parte, la Consejería de Turismo también declaró, según Vila, que la modificación puntual del PSOE para sacar adelante la medida, no invadía las competencias autonómicas.
No obstante, en el citado documento la administración autonómica amenaza al Ayuntamiento de Cádiz con llevar la medida a los tribunales y advierte incluso de su decisión de personarse en el procedimiento judicial para poner en cuestión esta polémica normativa con la que el Ayuntamiento gaditano ha puesto coto a la proliferación de pisos turísticos en algunas zonas de la ciudad.
Una amenaza que con casi toda probabilidad terminará en los tribunales, ya que la portavoz del equipo de Gobierno, Lorena Garrón concluyó: "Prometimos que íbamos a defender los intereses de los vecinos de Cádiz y su derecho a la vivienda. No nos pondremos de lado y pelearemos con uñas y dientes. No tenemos miedo". Unas declaraciones que fueron reafirmadas por Vila, que además aseveró que desde el Consistorrio gaditano confían en el rigor del informe que respalda esta normativa, así como en las últimas sentencias del Tribunal Supremo y en sus doctrinas, en las que, a su juicio, se pone de manifiesto las competencias de los ayuntamientos para defender el interés general de sus vecinos.
Por su parte, el edil de Urbanismo emplazó a la Junta de Andalucía a seguir trabajando en la nueva normativa autonómica que está preparando para la regulación de las viviendas turísticas y que en su borrador también recoge restricciones amparándose en el interés general. "El informe dice que el Ayuntamiento de Cádiz está poniendo trabas al sector cuando la propia Junta de Andalucía está poniendo limitaciones en base al interés general. Parece que una parte de la Junta no se entera de lo que está haciendo la otra parte", aseveró el responsable en materia urbanística.
