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El intento frustrado de la Sareb de desahuciar a un vecino en la finca de Javier de Burgos, 19 en Cádiz
El proceso fue paralizado en los juzgados y la sentencia es firme
Fachada de la finca de Javier de Burgos, 19 en Cádiz
Escribir en un mismo párrafo Sareb y finca de Javier de Burgos, 19 en Cádiz obliga a añadir más pronto que tarde la palabra problema.
Mucho se ha escrito y hablado, sin que haya solución todavía pese a la declaración de buenas intenciones en el último Pleno del Ayuntamiento, el referente al mes de junio, de la delicada situación que atraviesan las familias residentes en ese inmueble en pésimo estado que, según destacaba el Partido Popular, «ha vuelto a evidenciar las carencias de coordinación entre administraciones y la necesidad urgente de garantizar condiciones de habitabilidad dignas en los inmuebles gestionados por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)«.
«Este edificio, propiedad de Sareb, ha experimentado durante años un notable deterioro por la falta de mantenimiento, colocando a cinco familias en una situación límite. Tras varios requerimientos institucionales, Sareb ha iniciado por fin actuaciones urgentes de seguridad en el inmueble«, apuntaban los populares.
Lo dicho. El delicado asunto acabó llegando al Pleno del Ayuntamiento del pasado mes de junio y todos los grupos políticos con representación en el arco plenario mostraron su intención de alcanzar una solución más pronto que tarde. Pronto, vaya por delante, no ha sido.
No queda ahí la mala relación entre la Sareb y la finca de Javier de Burgos, 19. Y es que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como el banco malo, ya intentó desahuciar a un vecino de una de las viviendas de la finca.
La parte demandada fue defendida por el abogado gaditano José Colón, del Bufete Colón, y el proceso quedó paralizado hace unos días en el Juzgado de Primera Instancia de Cádiz. La sentencia ya es firme.
Los hechos resueltos se remontan al 13 de mayo del pasado año 2024, cuando la Sareb presentó una demanda de desahucio alegando que la vivienda en cuestión estaba «ocupada por personas desconocidas sin ningún título posesorio». «Ocupan la finca de autos en precario, sin título alguno, sin pagar merced», se destacaba.
La Sareb reclamaba condenar a los demandados a que, dentro del plazo legal, dejaran la finca libre «y sin derecho a ninguna clase de indemnización, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificare dentro del plazo legal». Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.
La parte demandada se opuso alegando que ocupa el inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento y probó ante el Juzgado «la existencia de un derecho de uso que tiene su causa en dos contratos de arrendamiento suscritos en fecha 1 de enero de 2019 y 1 de enero de 2021«.
«Dicha prueba documental evidencia la existencia de un contrato que legitima el uso y hace decaer la situación de precario«, señala la magistrada en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. »Consta el pago de rentas del año 2020 y abril de 2021. Constan igualmente aportadas facturas de luz sobre la referida vivienda«, añade.
Dicta la sentencia que «no queda acreditado si la entidad actora conocía o no al ocupante de la finca», como se alega.
Y se añade: «En todo caso, la parte actora se desistió de la demanda ante la presentación de la contestación a la demanda y en la vista ha admitido la existencia de los contratos, habiendo formulado una reclamación extrajudicial al demandado para abono de las rentas pendientes, por lo que debe estimarse acreditada la existencia de título arrendaticio que justifica la ocupación. La validez del contrato o la falta de pago de la renta se deberá hacer valer en otro procedimiento distinto del juicio verbalde desahucio por precario planteado por la parte demandante«.
«Por lo cual, ante la existencia de título posesorio del demandado debe concluirse que no nos hallamos ante una situación de precario, por lo que la pretensión de la demanda debe ser desestimada«, concluye la jueza. La sentencia condena a la Sareb al pago de las costas procesales.
La Sareb
Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, nace por la necesidad, compartida por el Gobierno español y las autoridades europeas, de recapitalizar varias entidades de depósito afectadas por la crisis financiera e inmobiliaria iniciada en 2008. Su mandato es gestionar y liquidar los activos deteriorados procedentes de esas entidades y con ello repagar la deuda que Sareb emitió, con el aval del Estado, para su pago. Presume la Sareb de hacerlo «incorporando en su gestión el principio de sostenibilidad y utilidad social».
El Partido Popular ha recordado todos estos días de emergencia social en la finca Javier de Burgos, 19 que la Sareb «fue creada en 2012 con el fin de gestionar y liquidar los activos deteriorados de las entidades financieras rescatadas«. »En 2025, y con carácter estratégico, la compañía incorpora entre sus objetivos poner sus activos residenciales al servicio de la nueva Empresa Pública de Vivienda, aún sin desarrollo efectivo», añade.
Señala el PP que «cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 la incorporación de 184.000 viviendas públicas al mercado, incluyendo 50.000 de Sareb. Sin embargo, esa promesa aún no se ha materializado. En diciembre de 2024 se anunció la creación de una nueva Empresa Pública de Vivienda dependiente de la Administración General del Estado, pero a día de hoy no se conocen avances significativos sobre su constitución, pese a que la vivienda se ha consolidado como la principal preocupación de los ciudadanos».
Los populares apuntan que en la provincia de Cádiz, Sareb cuenta actualmente con 444 viviendas, 136 anejos, 1.061 unidades de obra en curso, 325 suelos y 87 activos terciarios. De acuerdo con los propios datos de Sareb, se estima que la cifra total de viviendas podría superar las 500.
En la capital gaditana, la entidad posee 67 activos: 49 viviendas, 4 anejos, 12 unidades de obra en curso, una parcela y un inmueble de uso terciario.
Para los populares, «en este contexto de transición hacia la gestión pública de estos activos, es imprescindible que la Sareb cumpla sus obligaciones legales de mantenimiento, Inspección Técnica de Edificios (ITE) y seguridad. Solo así estos inmuebles podrán ponerse a disposición de las familias más vulnerables».
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