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Impagos municipales amenazan con desahuciar a una madre y a sus hijos con discapacidad
La afectada vive en un piso de alquiler social en el barrio de Santa María pero el Ayuntamiento se retrasó con su parte y ahora tiene amenaza de expulsión para el 2 de febrero
El 2 de febrero es la nueva línea roja. Últimamente parece que hay una nueva cada día. La dolorosa retahíla de notificaciones de desahucio que sufre Cádiz en las últimas dos semanas, con más de una decena de casos conocidos y tres denunciados de forma pública, tiene ya otra fecha como amenaza. En este caso, los afectados son tres personas, dos varones menores de edad, de 17 y 3 años, con su madre al frente.
Inmaculada García Viesca, de 36 años, es la que denuncia que el Ayuntamiento de Cádiz y la Delegación de Vivienda no le ofrecen alternativas pese a que fue, según su punto de vista, la administración municipal la causante de la situación que vive por el retraso en los pagos en el alquiler social que tiene en la calle Yedra, número 3, bajo. En el corazón del barrio de Santa María, a unos centímetros de la Iglesia de la Merced.
Esta madre detalla una historia que resulta demasiado familiar en el tramo final del año 2022 en la capital gaditana: «El Ayuntamiento se retrasó con los pagos de su parte del alquiler y yo no podía cubrirlo, tenía que gastar todo el dinero que tenía en mis dos hijos, los dos tienen necesidades especiales».
Esas circunstancias particulares que menciona, las de sus descendientes, incluyen desde autismo hasta espina bífida o déficit de atención. En ambos casos, pese a la dificultad del caso, los hijos están ahora «muy contentos y muy bien atendidos» en el ámbito educativo, por el trato que reciben en el Colegio Campo del Sur, el pequeño, y en un instituto de Formación Profesional de San Fernando, el mayor.
Esta buena etapa académica y educativa todavía hace más amenazante el aviso de desahucio del juzgado para el 2 de febrero. Uno de los temores más grandes de la afectada es que la salida de su domicilio actual obligue a modificar la situación académica de sus hijos.
El motivo del desahucio es el impago de seis mensualidades del alquiler social. Es un piso incluido en ese régimen impulsado por el Ayuntamiento, según el cual la administración municipal se hace cargo de una parte del arrendamiento mensual (habitualmente ronda el 50%) mientras que el resto corre por cuenta del inquilino.
Inmaculada insiste en que el Ayuntamiento se retrasó de forma reiterada y ella no pudo hacer frente al pago íntegro del arrendamiento porque sus ingresos (la denominada renta vital básica) tenía que ser destinado a alimentación, ropa y suministros básicos de su familia.
Una vez planteada la situación, la afectada denuncia que apenas ha recibido ayuda del Ayuntamiento: «La concejal de Vivienda, Eva Tubío, me recibió una vez pero luego ya no he podido hablar más con ellos. He presentado una solicitud de reunión con el alcalde y no han querido atenderla». Muestra la solicitud de recepción en la que detalla que sólo quiere «hablar de su situación» porque «se siente desamparada». No ha obtenido respuesta de Alcaldía y el reloj corre hacia el 2 de febrero.
Un calvario itinerante
Inmaculada denuncia además el calvario que ha tenido que vivir en los últimos años. Ha pasado por la Pensión Cádiz, pagada por el Ayuntamiento, y hasta por la Clínica San Rafael. Finalmente pudo acceder a esta vivienda de la calle Yedra, la sujeta al desahucio, pero denuncia que su estado es lamentable desde el momento en el que llegó.
Habla de «ratas e insectos» por todas partes. «Tengo que comprar la comida día a día, porque cualquier cosa que guardes se llena de bichos». También ha tenido que sufrir a consumidores de droga en su ventana «porque al ser una planta baja está muy expuesta a la calle. Hay restos de papel de aluminio quemados cada dos por tres».
Para poner fin a esta situación, a esta itinerancia que se prolonga durante años, solicita una vivienda a Procasa, pero no obtiene ninguna respuesta. «Llevo casi diez años solicitándola, con la situación tan difícil que tengo con mis hijos, y hay gente que la ha conseguido al año y medio de espera sin tener a menores o familiares con necesidades especiales. No entiendo los criterios ni los requisitos».
Como en el caso del desahucio consumado este pasado martes 13 de diciembre en la calle Sagasta 55-57, la afectada de la calle Yedra lamenta la falta de soluciones reales y ágiles. Recalca que la única opción que le llega por parte del Ayuntamiento es buscar un alquiler. Defiende que «puede pagarlo» porque su pensión se lo permite pero le piden «un avalista», por una cantidad que considera muy elevada, y no hay forma de superar ese obstáculo. Es, precisamente, la misma queja de otras afectadas de desahucios registrados esta misma semana en Cádiz.
