educación

La Flampa pide que ningún centro concertado de Cádiz oferte más de una unidad de Infantil de 3 años el próximo curso

La Federación de las AMPAs denuncia que el cierre del Adolfo de Castro es «una consecuencia directa de las políticas de apoyo de la Junta a los conciertos educativos con empresas privadas»

IU Cádiz denuncia que la Junta pretende cerrar el colegio Adolfo de Castro y desde la administración andaluza lo niegan

Fachada del colegio Adolfo de Castro l.v.

REDACCIÓN

Cádiz

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los colegios públicos de la capital gaditana, Flampa Gades, ha lamentado en un comunicado el cierre del colegio Adolfo de Castro para el curso 2024-2025, y ha señalado que su integración en el CEIP Fermín Salvochea «es una consecuencia directa de las políticas de apoyo y blindaje de los conciertos educativos con empresas privadas llevada a cabo por la Junta de Andalucía«.

Para la Flampa, «el mecanismo es sencillo pero eficaz y consiste en crear una sobreoferta educativa, muy por encima de la demanda debida a la natalidad, y utilizar solo la red pública para ajustar dicha sobreoferta una vez concluido el proceso de escolarización cada curso». De esta forma, la oferta pública de unidades en Educación Infantil 3 años en la red pública «se va reduciendo curso tras curso, mientras que la oferta privada concertada crece de forma relativa. Y cuando un cole público no tiene más unidades que reducir, se cierra. Con esta fórmula en las últimas décadas ya han cerrado una decena de centros públicos en Cádiz capital».

Esta «estrategia» planeada por la Junta de Andalucía está conduciendo la escolarización obligatoria en la ciudad de Cádiz a «una situación crítica», según la Federación. «La educación obligatoria está pasando a ser controlada por empresas privadas. Con ello la educación pasa de concebirse como un derecho fundamental y un servicio público esencial a entenderse como un producto y un negocio». Asimismo, Flampa Gades apunta que los centros privados concertados «vulneran los principios de igualdad y no discriminación que emanan de la Constitución, ya que basan su enseñanza en el adoctrinamiento religioso e ideológico».

Para este colectivo, la consecuencia «más grave» de este modelo es que «está provocando una profunda segregación social, por motivos económicos, religiosos, de origen y de necesidades educativas especiales, de la que alertan a nuestro país desde hace años organismos internacionales y que tiene en nuestra ciudad una muestra devastadora: más del 90% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se concentra en la red pública, que solo tiene un 30% de la escolarización total». Esto supone «una concentración más de 20 veces mayor de este alumnado en la escuela pública que en la privada concertada», lo que demuestra que «los centros privados concertados no ofertan un servicio público, sino segregación y vulneración de la igualdad de oportunidades».

En el comunicado exponen también que la concertada nació para «ser subsidiaria de la pública, pero la realidad hoy en día es muy diferente». Garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades en el acceso a ese derecho requiere «recuperar paulatinamente el protagonismo de la escuela pública y la progresiva eliminación de los conciertos educativos». Para ello, dado que la sobreoferta de plazas privadas concertadas es «la principal causa de pérdida de escolarización de los colegios públicos», es «imprescindible ajustar dicha oferta, reduciéndola a las necesidades reales de escolarización, tal y como establece la normativa de conciertos».

Por ello, Flampa Gades exige a la Consejería competente en Educación que, como medida inmediata para el próximo curso 24/25, ningún centro educativo privado concertado pueda ofertar más de una unidad de Educación Infantil 3 años. Flampa Gades considera esta una medida transitoria mínima hasta la revisión de los conciertos en educación infantil que se producirá para el curso 25/26, y en la que «solo deberán establecerse conciertos en el caso de que la red pública no pueda satisfacer completamente las necesidades de escolarización de alumnado de 3 años».

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