Educación apunta que es el Ministerio de Trabajo «quien debe velar por el cumplimiento de los convenios colectivos»

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía se ha pronunciado sobre el conflicto laboral de los PTIS, señalando que el modelo actual de funcionamiento de este personal en los centros educativos andaluces, con personal de Administración y Servicios de Función Pública de la Junta de Andalucía (1.087 en la actualidad) y personal externalizado a través de contratos con empresas de servicios (1.885), fue creado en el año 2006 por la anterior administración socialista.

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), «firma contratos con empresas, no con sus trabajadores, cuyas condiciones laborales están sujetas a los correspondientes convenios colectivos«. »Los conflictos laborales entre estos trabajadores y sus empresas deben resolverse por tanto en ese marco«.

Es por ello que desde la Administración señalan que es «el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección laboral y en el marco de sus competencias, quien debe velar por el cumplimiento de los convenios colectivos«.

Por otra parte, desde la Consejería se remarca que el Gobierno actual de la Junta de Andalucía ha impulsado una serie de medidas encaminadas a paliar déficits de este sistema. En primer lugar, «estableciendo por primera vez una cobertura jurídica a la prestación de estos servicios a través de un Decreto, facilitando así el mantenimiento de los puestos de trabajo«. E igualmente, la Consejería «aumentó el precio de las licitaciones (un 17%) y modificó algunas condiciones con el objetivo de elevar el rigor en el cumplimiento de los pliegos, incluyendo subsanaciones en la prestación del servicio, la solicitud de la intervención de la Inspección de Trabajo en caso de irregularidades y la aplicación de las penalizaciones estipuladas en caso de incumplimiento«. Al respecto, se señala que desde 2017 la Consejería ha ejecutado penalizaciones a un total de 7 empresas de estos servicios.

Asimismo, fuentes de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional señalan que ha sido el Gobierno andaluz de Juanma Moreno el que le ha dado «cobertura legal y estabilidad económica» al personal técnico de integración social, puesto que en épocas anteriores, gobernadas por el PSOE, el colectivo no contaba con dicha cobertura legal ni normativa.

Igualmente, desde la Delegación mantienen que la administración «no se puede meter en un conflicto laboral entre una empresa y trabajadores». No obstante, agregan que desde la Consejería se le exige a las empresas «el cumplimiento del convenio, y se está pendiente siempre, a través de la inspección educativa, de que haya un cumplimiento normativo«.

A ello añaden que la Junta de Andalucía ha realizado «una apuesta histórica» destinando el «mayor presupuesto de la historia» a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Y prueba de ello, a nivel provincial, es el incremento en un 48% del presupuesto para equipamiento y personal especializado para la atención a la diversidad, así como la puesta en marcha de 10 aulas específicas nuevas este curso escolar «que están preparadas y dotadas para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas»

Desde la Delegación apuntan que en la provincia de Cádiz hay actualmente 42 aulas específicas.