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«Si hubieran sido de Cádiz no habrían ido a la cárcel»
Así se ha referido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al conocido como 'caso Alsasua'
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincide con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que el bloqueo para la renovación del CGPJ podría interpretarse como una muestra de 'lawfare', si bien, considera que hay otros ejemplos «mucho más claros», como el conocido como 'caso Alsasua': «Si esos chavales hubieran sido de Cádiz, no habrían entrado en la cárcel», ha dicho.
Así se ha pronunciado en el declaraciones en el Congreso al ser preguntado sobre la opinión del jefe del Ejecutivo, quien ha achacado esta práctica al PP por tener «secuestrado» al órgano de gobierno de los jueces que acaba de cumplir cinco años con el mandato caducado.
A juicio de Rufián, el bloqueo en la renovación del CGPJ, del que culpa al PP, puede vincularse con el 'lawfare' en el sentido de que se utiliza «una parte del Poder Judicial para intentar llevar a cabo campañas políticas».
Sin embargo, desde su punto de vista, «hay ejemplos mucho más claros» como el caso de los jóvenes de Alsasua, una villa y municipio español de la Comunidad Foral de Navarra, situado en la merindad de Pamplona.
El 'caso Alsasua'
El caso Alsasua es un caso judicial en contra de ocho jóvenes condenados por una agresión que tuvo lugar en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en un bar de dicho municipio en la que agredieron a dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio y a sus parejas.
Uno de los guardias civiles mostraba una patada en el parietal, otros tenían contusiones leves y varios de los denunciantes afirmaron padecer un trauma psicológico a raíz de los hechos. El pleito fue inicialmente conducido por la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. En marzo de 2018 Concepción Espejel fue nombrada como magistrada al frente del juicio celebrado en abril de ese mismo año.
El caso fue polémico ya que el fiscal describió los hechos como un ataque terrorista y pidió de entre 12 a 62 años de prisión para los ocho acusados. Este duro enfoque de la justicia española unido a las denuncias de los partidos nacionalistas y la izquierda, por supuestas irregularidades y falta de neutralidad en el proceso, han hecho que el caso Alsasua sea criticado por diversos sectores.
La Audiencia Nacional rechazó los cargos de terrorismo, pero les condenó con sentencias que varían de entre 2 a 13 años de cárcel. La fiscalía apeló la sentencia en junio de 2018, insistiendo en la existencia de terrorismo, pero fue de nuevo rechazado en marzo de 2019.
En enero de 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admitió a trámite la demanda presentada por los condenados, rechazando así investigar las supuestas vulneraciones de sus derechos.
