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Apoyo unánime del Pleno de Cádiz para luchar contra la sequía pero no ante la creación de desaladoras
Ante esta propuesta del PP, el PSOE se ha abstenido y AIG ha votado en contra por el impacto ambiental de estas instalaciones
El Pleno aprueba por unanimidad la supresión del lanzamiento de fuegos artificiales en actos municipales
Qué es y cómo funciona una desaladora portátil
El acuciante problema de la sequía ha sido abordado en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Cádiz con motivo de la propuesta rubricada por el gobierno del PP para intentar mitigar, en la medida de lo posible, la falta de agua. La situación es crítica, ha advertido el primer teniente de alcalde y presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, que ha alertado sobre el escaso porcentaje de agua embalsada con la que cuenta actualmente la cuenca del Guadalete-Barbate, un 15,43%. Con este dato, «no tenemos agua para un año. No nos alcanza el agua embalsada para un año», ha recalcado con rotundidad el concejal.
Es por ello que, tal y como recoge la moción presentada por su partido, Cossi ha señalado la necesidad de trabajar conjuntamente todas las administraciones para hacer frente a esta sequía severa, y es por ello que con el respaldo de la oposición se va a instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a acelerar las inversiones en las infraestructuras hídricas esenciales para garantizar el abastecimiento de agua y minimizar las pérdidas en la red. E igualmente, con el apoyo del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana se solicitará al Gobierno central y al andaluz establecer líneas de ayuda para la adopción de medidas de emergencia, para paliar la situación de escasez grave a corto plazo en la cuenca del Guadalete-Barbate.
Sin embargo, la unanimidad se ha roto al debatir sobre la creación de desaladoras que garanticen el consumo de la población. El PSOE se ha abstenido y Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha votado en contra. En este punto, el portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha reprochado a José Manuel Cossi que hace algo menos de un mes manifestara en una reunión del Grupo de Consulta sobre la sequía que no se estuvieran planteando las desaladoras, al tiempo que ha apuntado que su construcción supone un plazo de ejecución de unos cinco años. La edil de la coalición de izquierdas Lorena Garrón también ha puesto el acento en los años de ejecución y en la «inversión millonaria» que supone la creación de una desaladora. Y asimismo ha resaltado que se trata de una instalación de gran impacto ambiental por su alto consumo energético y por los residuos tóxicos que produce y que son vertidos al mar.
A todo eso, Garrón ha añadido una pregunta: «¿Cuánto costaría la desalación a la ciudadanía en su factura del agua?«
Ante estas críticas de la oposición, Cossi ha apuntado que se está pensando en desaladoras portátiles, cuyo plazo de ejecución es menor a los cinco años, aunque no ha precisado tiempo. Asimismo, ha añadido que se está barajando también la opción de un terciario portátil. «Dos opciones que nos darían una solución inmediata de emergencia».
Con respecto al problema de consumo energético, el edil ha señalado que el modelo que propone la Junta de Andalucía al Gobierno de España es «un modelo pensando con plantas fotovoltaicas» de mayor eficiencia energética.
Por último, ha respondido a la pregunta de la edil de AIG con estas palabras: «En ningún caso está en nuestros criterios de salida tener que trasladar el coste a la factura el agua. Estamos trabajando para que eso no suceda, poniendo por delante el interés de los vecinos y de la economía local».
Por otra parte, el Pleno municipal ha aprobado este jueves, por unanimidad, la propuesta del PP de instar al Ministerio del Interior a adoptar medidas para una mejora efectiva del sistema de valoración de riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género mediante el Sistema Viogen. Asimismo, también ha recibido el respaldo de todos los grupos la moción del PSOE relativa a instar a la Empresa Municipal de Movilidad y Aparcamientos (EMASA) a que inicie un proceso selectivo para cubrir las vacantes de personal existentes en la actualidad.
La propuesta socialista relativa a instar a la Junta de Andalucía a mantener la titularidad pública del edificio de Náutica y a iniciar los procesos administrativos y presupuestarios correspondientes para su puesta en valor ha decaído ante la enmienda de sustitución presentada por el PP y que elimina el carácter público del inmueble. En concreto, establece solicitar a la Junta a que siga avanzando en el menor tiempo posible, y a través de un trabajo conjunto con el Ayuntamiento, en la valoración de «la fórmula más favorable» que permita el uso del edificio de la antigua Escuela de Náutica y que, en su caso, los recursos obtenidos sean destinados a los distintos proyectos de ciudad pendientes con la administración autonómica.
La propuesta de AIG para que el Ayuntamiento concurra a la convocatoria abierta por la Consejería de Vivienda de la Junta para construir viviendas protegidas destinadas a ampliar el parque público de alquiler de vivienda de Cádiz ha sido aprobada por unanimidad, al igual que la enmienda de adición presentada por el PP en la que se especifica que el Consistorio participe tanto en las convocatorias autonómicas como estatales, con objeto de optar a todas las ayudas posibles en materia de vivienda de alquiler social, así como a fomentar la promoción de vivienda en alquiler social y venta asequible para jóvenes, atendiendo a la diversidad del registro de demandantes.
También ha recibido el voto unánime del arco plenario la propuesta de AIG relativa a la supresión de lanzamiento de fuegos artificiales en actos de organización municipal y a extremar la vigilancia ante el uso de pirotecnia en la ciudad. Al respecto, la edil popular Gloria Bazán ha garantizado la «eliminación total y definitiva de los fuegos artificiales en nuestra ciudad por la salud y el bienestar de todas las personas».
Y por último, se ha aprobado por unanimidad la moción de la coalición de izquierdas relativa a exigir al Gobierno andaluz el cumplimiento de los establecido en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía (PATRICA). Una moción que ha recibido una enmienda de adición del PP y que también ha sido aprobada por unanimidad. Así, se instará al Gobierno de España a que promueva una reforma del sistema de financiación tanto autonómica como local.
