Tribunales
El alcalde socialista de San José del Valle podría ir a la cárcel por dar dinero público a una militante para que pagara una multa
La Fiscalía pide que el actual regidor Antonio González sea condenado a tres años y medio de prisión por pagar con dinero municipal asignado a su partido, el PSOE, una sanción que se le puso a una conocida por organizar un bingo ilegal en la localidad
El alcalde de San José del Valle, el socialista Antonio González Carretero, vuelve a estar contra las cuerdas de la justicia. Sin embargo ahora el delito del que se le acusa es una supuesta apropiación indebida y esta circunstancia, a diferencia de anteriores imputaciones que le constan por presumibles prevaricaciones, sí le supone enfrentarse a una pena de cárcel. La Audiencia de Cádiz le juzgará próximamente junto a otras dos personas más acusado de haber dado dinero de su partido, del PSOE, a una militante para que ésta pagara una multa que le habían impuesto por organizar un bingo ilegal en la localidad.
La Fiscalía solicita que el actual regidor vallense sea condenado a tres años y medio de prisión como presunto autor de un delito de apropiación indebida y a otro más por otro delito de falsedad en documento mercantil. En total, tres años y seis meses de cárcel si resultara condenado.
Tal y como reproduce el escrito de calificación del Ministerio Público al que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan al verano de 2019. Entonces, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 27 de junio se aprobó una subvención a cargo del Presupuesto General de la Corporación a favor de los grupos políticos con representación municipal. Entre ellos, el grupo municipal socialista. Esta decisión se tomaba de acuerdo al artículo 75 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de la Ley de Bases de Régimen Local que establece el sistema de dotaciones económicas a partidos con representación municipal.
Así se votó y se estableció que esa asignación económica procedente de los presupuestos del Ayuntamiento, debía de ir destinada al funcionamiento del PSOE a nivel local. Dicha subvención, según este mismo acuerdo plenario, se pagaría de manera trimestral y la justificación de los importes recibidos se realizaría mediante declaración jurada del portavoz de cada grupo de haberse destinado el importe recibido a los fines para los que se concedió.
«Para fines particulares»
Por parte del portavoz del PSOE y del alcalde, el acusado Antonio González Carretero, junto al también acusado Jerónimo Gámez, secretario de organización de este mismo partido, acordaron, «con ánimo de propiciar un enriquecimiento ilícito, destinar parte del dinero que había recibido el grupo municipal a fines particulares ajenos al funcionamiento de éste e incluso ajenos al propio PSOE», asegura la acusación. En concreto, y como destaca la calificación, emitieron un cheque por el importe de 2.000 euros para el pago de una multa particular que se le había impuesto desde la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta, a la también acusada, Ana Gutiérrez, por organizar un juego de bingo sin autorización administrativa.
De esta manera, el 30 de octubre de 2020 se ingresó la cantidad de 4.400 euros procedente de los presupuestos del Ayuntamiento de San José del Valle como consecuencia del acuerdo del Pleno anteriormente descrito. A continuación, el día 3 de noviembre, el acusado Jerónimo Quiñones junto al alcalde, transfirieron 4.000 euros de dicha cuenta a la del PSOE, extendiendo ambos investigados ese mismo día el cheque a nombre de la procesada, por la cantidad de 2.000 euros para el pago de la multa mencionada. Sanción administrativa que se le había impuesto por una actividad ilícita como era la organización de un bingo ilegal.
Dicho cheque se hizo efectivo el 5 de noviembre, en la propia entidad bancaria y se saldó la multa correspondiente.
Así, insiste la Fiscalía, ambos acusados, «con la finalidad de disponer del dinero percibido por el acuerdo del Pleno, a su antojo y con fines particulares ajenos al funcionamiento del grupo municipal, aprovecharon de manera fraudulenta la firma de un convenio de 3 de enero de 2020 suscrito por ellos mismos, como portavoz del partido, en el caso de Antonio González, y como secretario de organización, por virtud del cual el grupo municipal socialista abonaría al PSOE local la cantidad de 11.200 euros anuales, como contraprestación de los servicios de infraestructura recibidos, por concepto de secretariado y servicios varios, así como la realización de los trabajos de información y difusión de éste.
Y por parte de ambos -indica el fiscal- se ocultó a la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz y a los militantes del PSOE de San José del Valle, que se había destinado 2.000 euros de las asignaciones municipales al pago de una multa particular de una militante del PSOE, la acusada Ana Gutiérrez. Por parte de Jerónimo Gámez, previo acuerdo con el alcalde, se consignó dicho gasto como «servicios profesionales independientes», cuando ningún servicio se había prestado en dicho sentido.
Al finalizar el año 2020 y ser requeridos desde la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz para la presentación de las cuentas del partido y no estando justificado el pago de estos 2.000 euros al no acompañarse factura alguna, Jerónimo Gámez, sin conocimiento de Antonio González, se dirigió a una ferretería local y le solicitó a su propietario una factura falsa con el compromiso de pagarle el IVA para enmascarar los 2.000 euros gastados ilegalmente en el pago de la multa. La intención era justificar este gasto en compra de hipoclorito, si bien el ferretero se negó a la emisión de dicha factura falsa.
Además del regidor, el fiscal solicita para el otro procesado, el secretario de organización del partido, la misma pena. Y para la militante y supuesta beneficiada, un año y medio de cárcel por apropiación indebida. Se pide también que paguen 2.000 euros de indemnización como responsabilidad civil al Ayuntamiento del municipio.
Otras causas
Esta no es la primera causa judicial a la que se enfrenta el alcalde socialista de San José del Valle. Antonio González Carretero ya ha sido procesado en otras ocasiones. De hecho, una de ellas se encuentra pendiente de juicio y resolución. Se trata de una acusación sobre el cobro irregular de unas tasas municipales. La Fiscalía Anticorrupción lo procesa por favorecer presuntamente a algunos feriantes de su pueblo al eximirles del pago de diversos tributos en 2016.
«Ante la próxima celebración de la feria de dicha localidad en el verano de 2016, con conocimiento de su ilegalidad, de manera arbitraria y anteponiendo su voluntad y capricho a la ley y pese a la advertencia de ilegalidad por parte de la secretaria-interventora del Ayuntamiento» el alcalde firmó dos decretos, manifiesta la acusación.
En uno de ellos, fechado el 25 de mayo de 2016 acordaba, pese a estar en terrenos «no públicos sino privados», el cobro a seis feriantes de una tasa municipal por ocupación de dichos terrenos por parte de diversas casetas que se instalaron en esta ubicación por una cuantía total de 1.709,4 euros.
Al día siguiente firmó otro decreto para cobrar las tasas a otro trece feriantes que instalaron sus puestos de venta de golosinas, hamburgueserías, y demás sobre otros terrenos privados. En total pagaron 1.058,95 euros. Además también se resolvió de la misma manera el pago de la ubicación de unas atracciones.
En este caso, el Ministerio Fiscal considera que el primer edil es autor de los delitos de prevaricación y exacciones ilegales y pide para él la pena total de once años de inhabilitación para cargo electo.
Absuelto por el Supremo
Por contra, en otra de las causas que le figuran, el regidor vallense resultó absuelto por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal revocaba una sentencia del TSJA que lo condenaba a nueve años de inhabilitación por no derribar ni sancionar a un vecino por una infracción urbanística grave. El Supremo estimaba el recurso presentado por el regidor contra esa sentencia que lo había condenado por prevaricación continuada y que enmendaba un fallo anterior de la Audiencia de Cádiz que también lo había absuelto.
Según la sentencia el TSJA «se excedió» al entender que había intención del alcalde de ignorar el procedimiento para eximir del castigo urbanístico al que se enfrentaba el vecino. Como se recordará el regidor «decidió archivar sin más el expediente» con el argumento de que «se están realizando los trámites por parte del interesado ante la Consejería de Medio Ambiente para el otorgamiento de la autorización pertinente para la legalización de la obra realizada», a pesar de que el secretario «le hizo saber con claridad que esa decisión no era conforme a derecho».
Sin embargo el Supremo considera que el TSJA «no presenció la práctica de la prueba de carácter personal y no acordó la audiencia del acusado antes de resolver sobre su condena».
Por otro lado, en noviembre de 2021 González Carretero fue condenado por injurias graves a tres policías locales de su localidad. El alcalde llegó a afirmar que los agentes eran corruptos al servicio de la oposición y que disimulaban «muy mal a quién perseguían y por qué motivos».
