Alcalá de Guadaíra se adhiere a un convenio para proteger a las familias frente a los desahucios

El Ayuntamiento de Alcalá se ha adherido al convenio de protección de las familias frente a los desahucios que han puesto en marcha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Esta iniciativa plantea medidas para detectar casos de vulnerabilidad con ocasión  del lanzamiento de la vivienda familiar, así como medidas de carácter social y de cesión de datos en los procedimientos de desahucios.

Con este convenio se consigue, según el Ayuntamiento una comunicación más eficaz entre las administraciones implicadas en la problemática: consejerías, juzgados, abogados, procuradores y servicios municipales. De esta forma los ciudadanos pueden conocer con antelación todos los recursos de que disponen en estos casos. También permite agilizar la respuesta en protección social y las actuaciones desde los planes de vivienda y, en último término la suspensión de los desahucios, sobre todo en los casos de especial vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, explican fuentes municipales.

Uno de los principales problemas que se suceden en estas situaciones y sobre el que incide el convenio es que cuando los jueces ordenan una ejecución hipotecaria los magistrados desconocen si esa familia se encuentra en riesgo de exclusión social. Por su parte, las administraciones  desconocen la situación hasta que la orden ya ha sido dictada por lo que queda poco margen de actuación.

Ahora, por ejemplo cuando los juzgados notifican una resolución que implique el desalojo de una familia de su vivienda habitual, se informará a los afectados en esa misma notificación sobre los servicios sociales comunitarios regionales y locales disponibles. También se le informa de la posibilidad de obtener asistencia jurídica gratuita para intentar paralizar el proceso.

Según el Ayuntamiento de Alcalá, «este convenio pone el marco general de actuación que permite que todas las partes obtengan la información necesaria de cada caso concreto, de forma muy adelantada de cómo se hacía hasta ahora, facilitando la asistencia hacia las personas desde todos los entes implicados, con garantías de total confidencialidad, para determinar las actuaciones de forma más rápida».