La Abogacía del Estado tumba la tesis de la Marea al avalar las obras de la Marina

La polémica suscitada por las supuestas irregularidades en las obras de la Marina coruñesa de las que acusaba el gobierno de la Marea Atlántica al Puerto vivieron ayer un nuevo episodio. Tras el fuego cruzado entre los actuales inquilinos de María Pita contra sus predecesores y los responsables de la Autoridad Portuaria, esta vez fue el presidente de los últimos, Enrique Losada, quien dio un golpe que se antoja definitivo para zanjar el conflicto. El máximo dirigente del puerto herculino explicó que un informe de la Abogacía del Estado avala la legalidad de las obras y confirma que, dado que la mayor parte del terreno es propiedad de la institución y el Ayuntamiento es copromotor de los trabajos, la licencia no era necesaria para iniciarlas.

En la batería de alegaciones presentadas por Losada se pretendía demostrar que se actuó con arreglo a Ley de Puertos y las de Ordenación de la Edificación y Ordenación Urbanística. Además, recordó que en las adendas del convenio, el Ayuntamiento autorizaba expresamente las reformas. Del mismo modo, apuntó que el anterior equipo de gobierno local, del PP, realizó «numerosos actos administrativos» como emisión de informes, asistencia a reuniones de seguimiento o autorización de trabajos nocturnos que corroboran dicho respaldo municipal. A la luz de lo expuesto, el presidente concluyó que «queda de manifiesto la completa legalidad de las obras», por lo que espera que el Ayuntamiento «no vuelva a intentar entorpecer su conclusión y la puesta a disposición de los ciudadanos».

Reprimenda a Ferreiro

Tras verbalizar sus deseos de zanjar la cuestión con la mayor prontitud posible, pidió al equipo que lidera Xulio Ferreiro «seriedad y coherencia» para afrontar el final de esta batalla y le requirió la instalación de elementos de humanización como bancos y zonas de sombra, de los que se tiene que hacer cargo la autoridad municipal.

Losada pasó al ataque al recriminar al Consistorio que en sus 70 días en el poder no hayan realizado ninguno de los pagos comprometidos, mientras la anterior corporación había sufragado 2,6 millones de euros, y cifró los que quedan pendientes en un montante superior a los 10 millones, recordando que la Autoridad Portuaria ha tenido que adelantar cantidades a las empresas que desarrollan las obras. Sobre este punto exigió agilidad a los responsables municipales para cumplir lo estipulado en el convenio.

El último de los dardos que lanzó Losada a la Marea fue la puesta sobre la mesa de lo «paradójico» que resulta que la denuncia de las obras la realizase una plataforma —Frente Cívico Somos Maioría— cuyo portavoz fue el número 15 de su lista electoral.

Respuesta de Varela

El concejal de Urbanismo de la ciudad, Xiao Varela, salió por la tarde al paso de lo expresado anteriormente por el presidente. En su intervención, señaló que «no se discute» que finalmente la licencia no fuese necesaria para los terrenos de uso portuario, pero sí lo hace con los que se les contemplan otras utilizaciones. Sobre el problema económico, el edil subrayó que el Concello «cumplirá cuando el Puerto cumpla con sus obligaciones legales» y acerca del origen de la denuncia recomendó a Losada «no buscar conspiraciones».