Caballero ventila en 20 minutos el pleno sobre los enchufes en Vigo

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha ventilado en 20 minutos el pleno sobre supuestas contrataciones irregulares en la concesionaria de los centros cívicos municipales. El fugaz debate sobre la causa judicial que salpica a tres altos cargos del ayuntamiento, el actual interventor, su antecesor en el cargo y un jefe de servicio del área de empleo, así como a la cuñada de la teniente de alcalde y número dos del ejecutivo local, Carmela Silva, se solventó con una intervención de 5 minutos por cada grupo y la aprobación de la moción presentada por el PP, sin turno de réplica.

Frente a un BNG que se ha abstenido en la votación y al que, en palabras de su portavoz, Iolanda Veloso, «nos sobra tiempo para hablar», puesto que «es el gobierno el que tiene que dar explicaciones», el PSOE ha calificado el debate de «inútil e inquisidor».

Era el concejal socialista, Carlos López Font, el que ha tomado la palabra con la misma estrategia a la que hace días recurría Silva para desviar la atención sobre otras instituciones del PP, caso de La Coruña y los supuestos enchufes a los que apunta la juez de la «Pokemon», Pilar de Lara.

Font, que ha recordado que Vanesa Falqué, cuñada de Silva e imputada en el caso de las contrataciones irregulares en Vigo, «es desde hace dos años una parada más como tantos otros vigueses», ha recriminado que el Partido Popular exija en Vigo las explicaciones que no ofrecen sus compañeros de partido en otras ciudades, las mismas que «ojalá hubieran dado ustedes en su día sobre el plan de urbanismo ligado a los especuladores». «Han quedado reducidos -ha espetado a la bancada popular- a un comando de su candidata». Precisamente sobre Elena Muñoz, el edil la ha responsabilizado de firmar los 20 millones de la «operación Zeta», primero como interventora y luego como conselleira de Facenda.

Así las cosas, respecto al tema que el PP pedía tratar en el pleno, Font se limitó a explicar el total respeto y colaboración del gobierno con la justicia.

En la propuesta aprobada, los populares vigueses instaban al gobierno a que, «con carácter de urgencia, revise, refuerce y garantice que se cumple la legalidad en la aplicación de los mecanismos de control y supervisión de los contratos asignados por las concesionaria y que estas cumplen con el servicio y los objetivos».