Carmela Silva mira a La Coruña para no hablar de su cuñada imputada

Ayer tampoco era el día para dar explicaciones. La número dos del gobierno de Abel Caballero en Vigo volvía, por enésima vez, a rehuir a la prensa preguntada al respecto de la imputación de su cuñada en el marco de una investigación sobre supuestos «enchufes» en Vigo. Carmela Silva recurría a la manida táctica del «y tú más» y valiéndose de las especulaciones de la juez Pilar de Lara, que apuntó a una posible implicación del alcalde de La Coruña en la contratación de recomendados en concesionarias de Vendex — «operación Pokemon»—, pidió explicaciones a Negreira. «Esa es la noticia más importante de la que hay que hablar hoy en relación con estos temas», instruyó a la prensa.

Y es que frente a las teorías de la juez instructora de la «Pikachu», en cuyo auto no aporta dato alguno que sustente la elucubración, en el caso que salpica a la familiar de la teniente de alcalde constan además como imputados tres altos cargos de su gobierno; dos interventores y el jefe de servicio de Empleo.

Además, la denuncia de Xuntos en relación con la presunta contratación irregular de la cuñada de Silva —se investiga si trabajó solo tres meses y cobró durante cinco años— en una empresa que gestionaba los centros cívicos municipales está apoyada por la Fiscalía.

La edil de Caballero había anunciado una querella contra miembros de la plataforma denunciante, y preguntada al respecto, de nuevo otra lección periodística: «Los medios deberían recoger con toda claridad que hay una jueza que dice que el teniente de alcalde de La Coruña cometió un hecho grave, y está convencida que el alcalde tenía conocimiento». «Creo que sería muy interesante que diese explicaciones quien tiene que darlas, porque lo dice una juez», reiteró Silva ante la insistencia en preguntarle sobre el caso que le afecta. Unas explicaciones que el PP y el BNG llevan reclamando al gobierno de Vigo desde que el pasado 13 de febrero saltara la noticia de las imputaciones. Para ello solicitaron la celebración de un pleno que el secretario municipal tumbaba este mismo martes, con un informe ad hoc que concluye que la corporación no es el órgano adecuado para debatir sobre las responsabilidades a causa de imputaciones.