Imputada la cuñada de la número dos de Caballero por los «enchufes»

Sería sólo la punta del iceberg de una supuesta red clientelar tejida, según consta en varias denuncias, en el ámbito de la Administración local de Vigo, pero es el único caso en el que la Fiscalía ha encontrado indicios suficientes de la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Se trata de supuestas irregularidades en la contratación de personal de una empresa que gestionaba los centros cívicos de la ciudad, Imesapi.

La denuncia presentada la pasada semana por el Ministerio Público y que este mismo viernes era admitida a trámite por parte del Juzgado de Instrucción número 7 de la ciudad, que casualmente instruye la «operación Patos» —una investigación judicial sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos—, tiene base en otra formulada el pasado mes de agosto por la plataforma de denuncia ciudadana Xuntos y salpica a la cuñada de Carmela Silva, teniente de alcalde y mano derecha de Abel Caballero en Vigo.

Cinco años en nómina

En su escrito, este colectivo enumeraba más de una veintena de supuestos casos de enchufismo a familiares y amigos de altos cargos del PSOE vigués, empleados en el Concello o bien en contratas municipales. Anteriormente, el exalcalde de Vigo Carlos Príncipe ya había denunciado este presunto nepotismo. Tras practicar las diligencias oportunas, la fiscal jefe de Vigo, Susana García Vaquero, dio traslado del caso al juzgado que, según confirmaron ayer fuentes judiciales, ha llamado a declarar a cuatro personas en calidad de imputadas. Están citadas el próximo 26 de marzo.

De todos los casos analizados, la Fiscalía llama la atención sobre uno en concreto, el de la contratación de la cuñada de Carmela Silva, Vanesa Falque Barral —figura entre los imputados junto a un responsable del área de empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento—. Para ello, aporta informes policiales, del mismo Ayuntamiento y de la propia empresa Imesapi, como prueba documental y testifical, tras varios meses escuchando testimonios.

Una de las personas que acudió a declarar es la presidenta de la Federación vecinal, María Pérez, extrabajadora del centro cívico (cuyo despido fue declarado nulo por el TSXG), quien testificó que Falque trabajó sólo dos meses y estuvo en nómina durante 5 años, desde junio de 2008 hasta 2013. Extremo que la propia empresa habría confirmado en su declaración al fiscal, según confirman fuentes a ABC.

Se trata de uno de los supuestos «empleos ficticios» relacionados con la teniente de alcalde —Xuntos aportó al Ministerio Público información de otros tres casos, una hermana y dos cuñados de la política socialista— que en su día ya fueron denunciados por Príncipe. Declaraciones públicas que le valieron la expulsión del PSOE.