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Entierro de las víctimas del fallido golpe de estado en Turquía - AFP

Turquía debatirá sobre la pena de muerte sin tener en cuenta a la UE

El ministro de Justicia otomano, que le da primacía a la sobranía de su nación, asegura que el grupo comunitario «siempre encuentra una razón» para no aceptarlos

ANKARA Actualizado: Guardar
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El Gobierno turco ha insistido este viernes en que el debate sobre la reintrodución de la pena de muerte es una cuestión nacional y que no le preocupan las posibles reacciones de la Unión Europea (UE) o que esa decisión pudiera bloquear la entrada del país en el grupo comunitario.

«No trabajamos en eso pensando en cómo reaccionaría la UE, sino como un Estado de derecho», ha afirmado el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una entrevista con la emisora CNNTürk.

El ministro ha vuelto a recordar que, tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes, ha habido manifestaciones masivas en las que la gente ha pedido la reintrodución de la pena capital, abolida definitivamente en 2004, para los golpistas.

Bozdag ha rechazado las advertencias de Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la UE.

«Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera», ha dicho el ministro.

Por ello, ha asegurado, el Ejecutivo no tendrá en cuenta las consideraciones de la UE pero sí «los intereses del Estado y de la nación».

Bozdag también ha informado de que se han enviado hoy las evidencias solicitadas por Estados Unidos sobre la petición de detención y extradición de Fetullah Gülen, un clérigo islamista que vive en ese país desde 1999 y al que Ankara acusa de organizar la asonada.

Además, el ministro ha declarado que el Gobierno quiere usar al mínimo el recurso de los decretos-ley que le permite el estado de emergencia que comenzó ayer.

Uno de los casos en los que se usará es para ampliar, en un primer paso, a siete u ocho días (desde los cuatro actuales) el tiempo que una persona puede estar detenida antes de ser enviada al juez.

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