Erdogan gobernará por decreto y sin garantías sobre derechos humanos

Poco ha durado la unanimidad mostrada por el Parlamento turco tras el fallido golpe militar. Las cuatro principales formaciones políticas del país condenaron de inmediato la asonada. Pero la expeditiva política de purgas y medidas de excepción del presidente Erdogan ha vuelto a traer la polémica y el enfrentamiento al Legislativo. Aunque la arrolladora mayoría del partido en el Gobierno (AKP) ha actuado como un rodillo para refrendar las medidas del jefe de Estado.

La Gran Asamblea Nacional Turca refrendó la declaración del estado de emergencia durante tres meses que concede a Erdogan un inmenso poder sin cortapisas. La medida no solo recibió el apoyo de los islamistas del AKP, sino también el de los nacionalistas del Partido de Acción Nacional (MHP).

No es la primera vez que estas dos formaciones votan juntas. Además, el líder del MHP, Devlet Bahçeli, ya ha asegurado que está dispuesto a apoyar la restauración de la pena de muerte, por la que ha abogado Erdogan. El Gobierno anunció ayer la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades, lo que en principio podría facilitar el camino para la imposición de la pena capital. No obstante, en teoría, para restablecer la pena de muerte se tendría que modificar la Constitución, algo para lo que islamistas y nacionalistas no tienen mayoría.

Los laicos del Partido Republicano del Pueblo (CHP) votaron en contra del estado de emergencia porque, según palabras del diputado Sezgin Tanrikulu, «una vez se obtenga ese mandato, es fácil caminar hacia el abuso». El prokurdo Partido Democrático de los Pueblos también rechazó la decisión. «Este paso muestra que el intento de golpe de Estado ha sido bloqueado, pero que no ha pasado lo mismo con el deseo de gobernar el país con una mentalidad autoritaria y similar a la del golpismo», aseguró la formación a través de un comunicado.

Bajo el estado de emergencia, el Ejecutivo puede gobernar por decreto, sin necesidad de pasar por el Parlamento. La Constitución turca señala a este respecto que el estado de emergencia puede limitar los derechos de reunión y libertad de movimientos. Asimismo concede poderes extraordinarios a la Policía para hacer registros sin la autorización de un juez. El Gobierno considera que esta es una medida necesaria para «garantizar la seguridad nacional» y «limpiar» el estado de seguidores del clérigo Gülen, al que Ankara acusa de estar detrás de la asonada.

«Francia también lo hizo»

Para cerrar el círculo, el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, anunció la suspensión temporal de la Convención Europea de Derechos Humanos. Para justificar la medida, el Gobierno de Ankara asegura que también Francia suspendió la Convención tras los atentados del 15 de noviembre. En el mismo sentido, fuentes cercanas al Ejecutivo turco critican la «hipocresía» de la prensa occidental al criticar estas medidas, «mientras nadie dice nada sobre lo que ha hecho Francia».

La posibilidad de derogar la Convención está recogida en el artículo 15 de la misma para «tiempos de guerra u otras emergencias públicas que amenacen la seguridad de la nación». Kurtulmus insistió, no obstante, en que espera que las medidas extraordinarias adoptadas se puedan derogar en un mes y medio, en vez de los tres previstos por la ley. No obstante, las ONG y otras instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos se muestran preocupadas. «Tomar medidas que den prioridad a la seguridad es comprensible», señaló Andrew Gardner, de Amnistía Internacional en Turquía. «Pero esas medidas tienen que respetar las obligaciones de Turquía en relación a la legislación internacional», subrayó.