La ex presidenta argentina, Cristina Férnadez
La ex presidenta argentina, Cristina Férnadez - AFP

La Policía inicia el registro judicial de los domicilios de Cristina Fernández

La ex presidenta argentina ha declarado que «no se arrepiente de nada»

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Agentes de la Policía Federal argentina iniciaron ayer los registros de los domicilios de Cristina Fernández, después de que el Senado diera luz verde el pasado miércoles a los «allanamientos» de las viviendas de la expresidenta de Argentina que presuntamente sirvieron de destinos de entrega de cientos de millones de dólares.

Lo único que le faltó fue poner las llaves de sus tres casas sobre la mesa del Senado. Acorralada por sus compañeros de escaño la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, eligió ser pragmática y asumir aquello de: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Dicho de otro modo, como no tenía respaldo suficiente para evitarlo, votó ella misma a favor de su propio desafuero con el único objetivo de que se cumpla la orden de registro de sus viviendas de Buenos Aires, Calafate y Río Gallegos, destinos de entrega de cientos de millones de dólares de la corrupción, según los arrepentidos.

Los senadores quizás no oían pero sabían que alrededor del edificio se habían concentrado centenares de personas que clamaban por poner fin a la impunidad que disfruta la viuda de Néstor Kirchner gracias a su inmunidad como senadora.

Con ese eco de fondo y quizás la bolsa de rencor a punto de rebalsar, hasta el jefe del bloque peronista, Miguel Angel Pichetto, apoyó una decisión que a su ex jefa le duele en lo más íntimo: la intromisión de su intimidad o «allanamiento» ordenado por el juez federal, Claudio Bonadío. El hecho, a estas alturas, cuatro semanas después de que lo pidiera el magistrado, tiene más carácter simbólico que efectivo. Los millones que la lista de empresarios y «kirchneristas» arrepentidos juran que dejaban en las casas (algunas con bóvedas) del matrimonio presidencial, es evidente que ya están en paradero desconocido por la justicia.

La totalidad de la Cámara votó a favor. No hubo una abstención ni un voto negativo. Imposible de evitar lo inevitable, la estrategia del kirchnerismo consistía en tratar de enviar un mensaje de trasparencia en la historia de corrupción mejor guardada durante doce largos años y de un volumen y dimensión, en millones de dólares, desconocido. De paso, había que tratar de poner límites a la orden de Bonadío, el juez que no tuvo miedo durante el mandato «K» y enfrentó desde los Tribunales de Comodoro Py (sede de l ajusticia federal) la corrupción de la pareja con más poder de este siglo y de los anteriores de Argentina.

Cristina Fernández intentó que el Senado impidiera que los agentes tomasen fotografías de sus viviendas, grabasen imágenes, «con clara intención de humillación y hostigamiento», según ella. La actual senadora también pretendía que el magistrado y los suyos ejecutaran el registro con equipos de alta tecnología para que «Bonadío no rompa nada» . Con la ironía que, en ocasiones, utiliza la viuda de Néstor Kirchner, observó: «Si encuentra lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal».

Genio y figura hasta en la caída que la tiene procesada en media docena de causas, CFK, siglas por las que todavía se la conoce, cuando le tocó el turno de intervenir en la Cámara Alta se despachó: «Si creen que con los desafueros, con los Bonadíos, me voy a arrepentir, ¡No, no me arrepiento de nada de lo que hice». La soberbia tenía base en que «los Bonadío» aún no han logrado que el Senado conceda el desafuero total de la ex presidenta que bate récords de corrupción.

El caso que da pie a los registros e inminente procesamiento estalló con la publicación este mes del diario La Nación de los denominados «Cuadernos de la corrupción», bitácora de Oscar Centeno, un chofer del poder «K» que dejó asentados nombres de sobornados, sobornadores, lugar de entrega de las «coimas» (mordidas), diseño de las maletas para trasportarlas y un minucioso recorrido de los circuitos de entregas. Se trataba de «aportes» de empresarios de la obra pública y de sectores vinculados a la energía. El escándalo desembocó en una cadena, sin precedentes, de ejecutivos dispuestos a confesar lo inconfesable bajo la excusa de la extorsión o de pérdida de adjudicaciones.