Italia multará con hasta un millón de euros a los barcos de rescate de oenegés

Salvini celebra su ley antiinmigración pese a las dudas sobre su inconstitucionalidad

El vicepresidente y ministro de Interior italiano, Matteo Salvini EFE / Vídeo: Los italianos salen a las calles para protestar contra la nueva ley de Salvini contra la inmigración

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El vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, exulta orgullo porque el Senado dio luz verde a su segundo decreto sobre seguridad, que tiene sobre todo en el punto de mira a los buques que socorren migrantes en el Mediterráneo, con multas hasta un millón de euros. La ley será firmada por el presidente de la República, Sergio Mattarella, por deber constitucional, pero no ha escondido sus dudas y perplejidad por la dureza de las penas para quienes socorren a personas en el mar.

El líder de la Liga canta victoria y ha vuelto a jugar la carta de la religión, como le gusta hacer en las grandes ocasiones: «Gracias a los italianos y a la Beata Virgen María», ha escrito en Twitter, desencadenando infinidad de reacciones en las redes sociales, muchas de ellas en tono irónico.

Con la nueva ley, el ministro del Interior, en «coordinación» con los ministerios de Defensa y de Transportes, puede «limitar o prohibir el ingreso, el tránsito o la parada de navíos en el mar territorial italiano, salvo las militares o gubernamentales, por motivos de orden público y seguridad». Para las embarcaciones de las ONG que violen la ley, las multas podrán llegar hasta el millón de euros. Son posibles también los secuestros y la destrucción del barco. Serán arrestados los capitanes de los barcos que fuercen un bloqueo, como en el caso de la alemana Carola Rackete, capitana de la Sea Watch, que desafió el bloqueo impuesto por Salvini y atracó en el puerto de Lampedusa. Las multas oscilarán entre los 150.000 euros y el millón de euros (estas sumas han sido aumentadas con respecto al texto original que preveía sanciones de 50.000 euros).

Especialmente dura es también la ley en materia de orden público, en particular contra los manifestantes violentos. Quienes utilicen cascos u otros objetos que compliquen la identificación de las personas se enfrentarán a penas severas: Arresto de 2 a 3 años y multa de 2.000 a 6.000 euros. Reclusión también desde 1 a 4 años para quien lanza o utiliza ilegalmente petardos, cohetes, fuegos artificiales, gas y, en general, objetos contundentes que puedan crear un peligro para la incolumidad de los presentes.

Los hinchas violentos no se escapan de la dureza de la ley, que busca la tutela de los árbitros. Quienes sean denunciados por haber participado activamente o incitar a la violencia, incluso en el extranjero, se les prohibirá acceder a los estadios durante los partidos de fútbol u otras manifestaciones deportivas. En caso de reiteración, la prohibición de entrar a los estadios no podrá ser inferior a 5 años, con penas de reclusión desde 6 meses a 5 años para quien comete acciones violentas o amenaza a los árbitros y otros técnicos que aseguran la regularidad de los acontecimientos deportivos.

La ley mejora algunas condiciones y dotaciones de las fuerzas del orden, destacando el que de forma inmediata se procederá a la experimentación con el láser, la pistola eléctrica. La tendrá incluso la policía local.

La oposición, muy crítica

La oposición se ha rebelado contra esta ley, sobre todo por lo que se refiere al capítulo de penas y multas para quienes recatan personas en el mar. En el Parlamento y en la calle se han exhibido carteles con esta frase: «Lo inhumano no puede convertirse en ley». Para el Partido Democrático, de centroizquierda, la ley es «una vergüenza». El profesor de Derecho Constitucionalista de la Universidad Sapienza, Gaetano Azzari, considera que la ley «viola la Constitución en varios puntos: la solidaridad es un deber y no puede ser castigada». Por ello, no se excluye que el jefe del Estado, Sergio Mattarella, acompañe la promulgación de la ley con una carta en la que haga algunas puntualizaciones. Cabe recordar que ya cuando firmó el primer decreto de seguridad de Matteo Salvini, en octubre 2018, el presidente de la República escribió una carta en la que advertía sobre la necesidad de «subrayar que debían permanecer firmes las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado». Existe también la hipótesis de un recurso del Tribunal Constitucional, sin olvidar que la última palabra la tendrán los jueces. Esto poco importa a Salvini, porque el líder de la Liga ya ha conseguido su gran objetivo mediático: mostrarse como un político de ley y orden.

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