EE.UU. corta con el presidente de Guatemala a pesar de sus guiños a Trump

Abierta la campaña electoral tras cuatro años de Jimmy Morales en los que el país no ha mejorado en percepción de corrupción

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales AFP

Emili J. Blasco

Acabar enfrentado a la vez con las Naciones Unidas y con la Administración Trump no es algo fácil, dadas las frecuentes divergencias entre ciertas posturas de la ONU y la Casa Blanca . Pero Jimmy Morales encara sus últimos meses como presidente de Guatemala habiendo bloqueado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de la ONU, y siendo castigado por Washington con la suspensión de cierta ayuda militar comprometida, a pesar de los guiños de Morales hacia Donald Trump.

Guatemala afronta un nuevo proceso electoral –la campaña comenzó este lunes, con la primera vuelta de las presidenciales fijada para el 16 de junio– con la misma percepción ciudadana de corrupción generalizada que hace cuatro años llevó al poder a Jimmy Morales (incluso ha caído en el ranking de Transparencia Internacional, del puesto 123 –de 180 países– en 2015 al 144 en 2018).

El derrumbe de la presidencia de Otto Pérez Molina en 2015 por corrupción favoreció la candidatura de Morales –alguien alejado del establishment político, famoso por sus programas de entretenimiento en televisión–, pero las investigaciones sobre sus gastos electorales y los negocios emprendidos por su entorno familiar han acabado por hundir de nuevo a Guatemala en los índices de transparencia política.

Comisión contra la corrupción

La presidencia de Morales, quien no puede optar a un segundo mandato, ha sido un continuado pulso con la CICIG, creada en 2006 por un acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala. A la hora de analizar esa tensión, los observadores internacionales no suelen tener en cuenta que difícilmente un Gobierno acepta perder o compartir soberanía en materia de fiscalidad jurídica . Ningún otro país latinoamericano ha aceptado una comisión similar, y eso que muchos tienen igualmente serios problemas de corrupción. Ni siquiera la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en este caso puesta en marcha en colaboración no con la ONU sino con la Organización de los Estados Americanos (OEA), llega a tener las prerrogativas de la CICIG.

Cierto que esa pérdida de soberanía fue aplicada atendiendo la solicitud de las propias instituciones guatemaltecas, dada la dificultad de luchar con sus únicas fuerzas contra el poder de las redes de corrupción. Apelar a la ayuda de una instancia exterior tiene todo su sentido, pero quizás muchos analistas exteriores que han salido en defensa de la CICIG no lo habrían hecho si algo similar se hubiera querido aplicar en sus propios países. Una cosa es aceptar la actuación de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que esta es una materia que trasciende fronteras, y otra admitir la «injerencia» en asuntos más conectados con la vida política interna.

En cualquier caso, el haber recurrido a una instancia internacional es prueba de la voluntad de la sociedad guatemalteca de querer superar un problema que está lastrando el desarrollo del país, así como la obstrucción presentada por Morales es prueba de su deseo de esconder hechos que pudieran incriminarle a él (se le investiga por delitos electorales) o sus familiares (hay procesos abiertos sobre su hermano Samuel y sobre su hijo José Manuel).

Distanciamiento de EE.UU.

El mismo año que Morales entró en el palacio presidencial, Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses. El discurso evangélico de Morales y su orientación diplomática exterior aproximaron a ambos gobiernos. El acto más simbólico fue el traslado a Jerusalén de la embajada guatemalteca en Israel en mayo de 2018, solo unos días después de que lo hiciera EE.UU. Guatemala ha mantenido el reconocimiento a Taiwán, cuando otros países centroamericanos han establecido relaciones con China (la mitad de los pocos países que en el mundo reconocen a Taiwán están en Centroamérica y el Caribe), y desde el principio se ha alineado con el Grupo de Lima, en contra de la Venezuela de Nicolás Maduro.

Sin embargo, Washington ha dejado de respaldar a Morales. La actitud desafiante que este ha tenido con la CICIG (además de rechazar la renovación del contrato con la ONU, que expira en septiembre de este año, la expulsó del país, en una decisión contestada por la Corte de Constitucionalidad ) la ha acabado aplicando también con Washington: en una última demostración de fuerza frente a las oficinas de CICIG, en agosto de 2018, el Gobierno utilizó varios vehículos militares entregados por EE.UU., que luego fueron paseados frente a la embajada de EE.UU. En respuesta, el Pentágono comunicó el pasado jueves que suspendía la ayuda militar a Guatemala, pues esos vehículos eran para la lucha contra el narcotráfico y no para intimidar a instituciones públicas.

Que la reacción estadounidense se haya producido ahora es atribuido por medios guatemaltecos al aumento de las divergencias entre la Administración Trump y el Gobierno Morales debido a lo que Washington considera poco celo en combatir la producción y el tráfico de droga.

La embajada de EE.UU. también ha expresado su rechazo a una ley que se está tramitando en el Congreso guatemalteco, auspiciada por sectores derechistas y bien vista por Morales, para aplicar una amnistía a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil que sufrió el país en la segunda mitad del pasado siglo.

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