Ecuador continúa su lucha económica entre los escombros del terremoto

El terremoto de Ecuador acabó con la vida de 659 personas pero también dio la estocada final a un país que ya venía tiempo tambaleándose.

Lejos queda ya esa época en la que la economía del país crecía frente a una coyuntura de recesión internacional que le valió a la República latinoamericana el apelativo del «milagro ecuatoriano».

Con la crisis del petróleo todavía latente, su capacidad de crecimiento se ha visto mermada. La caída de los precios del barril redujo su desarrollo, ya que la industria del crudo es fundamental para el país al participar en un 55% de su riqueza. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Económica para América Latina (Cepal) cifraban una caída del PIB del 4,5 por ciento antes de la catástrofe.

Después de que el seísmo de 7,8 sacudiese el país el pasado 16 de abril, Ecuador todavía busca entre sus escombros. A los suyos, el pasado, para encontrar la esperanza y la fertilidad de antaño.

Sin tiempo para despertar del letargo económico, la tierra comenzó a temblar, arrasando con varias ciudadades de la región. Ahora, el Gobierno evalúa la devastadora situación para embarcarse en un proceso de rehabilitación inmediata.

Inversión extranjera contra la crisis

Para ello, y ante la deficitaria situación económica que atraviesa el país, la inversión extranjera se vuelve vital para hacer frente a las adversidades. Con el fin de atraer este capital internacional, una partida ecuatoriana ha participado en el Congreso Euroamericano que se ha celebrado en Madrid esta semana.

Santiago Díaz Romero, director de DT Markets, la sociedad que patrocina este foro, confía en la solidaridad del resto del mundo, a pesar de que los gobiernos vecinos estén virando de ideología. «No creo que vaya a primar el interés político sino que va a ser más un tema de ayuda humanitaria, sobre todo de los países del área, que tienen más capacidad de llegar, y de los países más desarrollados, como son la mayoría de la OCDE, Europa y EE.UU.. Creo que la ayuda va a llegar», cuenta a ABC. El empresario recuerda que el país ya disponía de un fondo para contingencias, y que «gracias al compromiso de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo», el fondo para desastres naturales ya dispone de un depósito de 600 millones de dólares.

El Gobierno ecuatoriano ya venía trabajando en una serie de incentivos para atraer inversiones extranjeras a través de un sistema de cargas impositivas favorables. «Es un esquema que genera cierta facilidad tributaria para los inversionistas que deseen ingresar sus capitales y trabajar de forma conjunta en los proyectos públicos o estatales. Indudablemente, la catástrofe que hemos vivido nos obliga a que ahora estos procesos estén encaminados a buscar la reconstrucción de las zonas más afectadas», asegura Gonzalo Mendoza, asesor jurídico de la Empresa Pública de Vivienda de Ecuador (brazo ejecutor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda).

Pero no es la única medida que se ha implementado para solucionar una debacle en la que 40 personas todavía permanecen desaparecidas y 17.638 heridas. El Estado ya ha establecido la subida del IVA y la imposición de la atribución obligatoria salarial para aquellos que ganen más de 1.000 dólares mensuales. «Son medidas tributarias emergentes que nos ayudan con un sistema de financiamiento inmediato, necesarias en cualquier parte del mundo», matiza Gonzalo Mendoza.

Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha estimado que ya hay 23.000 personas damnificadas. Para atender a los miles de ecuatorianos que se han quedado sin hogar, se han activado medidas emergentes destinadas a cubrir, de manera temporal, las necesidades básicas de la población afectada. Las decisiones inmediatas, comandadas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SGR), contemplan la «construcción y habilitación de albergues para realojar a las personas que se han quedando sin vivienda, por el tiempo que se estime oportuno, aunque no deja de ser una decisión temporal», comenta Mendoza a ABC. Por el momento, la SGR ha notificado que el número de personas ubicadas en estos hospedajes ya ha ascendido hasta las 29.067.

Aunque las necesidades acucian, el mayor problema puede ser a medio y largo plazo. «El Gobierno ya ha empezado a analizar los terrenos estatales que están en las cercanías de las zonas más devastadas con el fin de gestionar eventuales construcciones de vivienda nueva. Para ello se requieren sistemas de planificación urbanística y análisis de los modelos constructivos y del entorno de las ciudades para averiguar cuál va a ser la mejor planificación urbana», admite el asesor jurídico de la Empresa Pública de Vivienda de Ecuador.

A pesar de que, como reconoce Gonzalo Mendoza, el Gobierno ha admitido que para cuantificar el coste real del que ya es considerado el tercer seísmo más mortífero de los últimos años en América Latina se necesitan al menos 6 semanas, un informe preliminar de la Secretaría de Planificación y Desarrollo emitido el pasado 23 de abril esgrimía que han sido 6.622 las viviendas derribadas por el terremoto, por lo que los 3.000 millones de dólares (más de 2.600 millones de euros) que estimó Correa como necesarios para solucionar los daños parecen ser insuficientes, tan solo un parche.

La calidad de las infraestructuras, decisiva

¿Podía una mejor calidad de las infraestructuras haber mitigado las consecuencias de este desastre? Díaz y Mendoza rechazan la idea, pues a su juicio las construcciones del país no se han visto prácticamente afectadas, siendo las viviendas unifamiliares de las zonas costeras de Ecuador las que han sufrido el derrumbe. «Las fallas geográficas tienen una capacidad de desastre y devastación gigantesca sin importar el modelo constructivo que exista. Sin duda, el Gobierno habrá encontrado varios errores en el modelo constructivo, como podría pasar en cualquier país del mundo en donde estos sistemas son variados y la informalidad en las construcciones puede existir. Pero no significa que eso haya sido uno de los factores que ha hecho más profunda esta crisis. Al contrario, si comparas la magnitud del terremoto con las víctimas que hemos tenido, son inferiores a las de otros desastres de similares características a nivel mundial», arguye Mendoza.

Sin embargo, el propio Correa reconoció en su cuenta oficial de Twitter que se podrían haber minimizado las consecuencias si la corrupción de los gobiernos locales no hubiese construido edificios endebles. «Cientos de vidas se han perdido por construcciones de pésima calidad. Ni siquiera se cumplieron las normas de construcción anteriores, mucho menos exigentes que las actuales. El país tiene que saber los nombres de quienes, por ahorrar unos centavos, construyeron trampas mortales, así como de las autoridades que lo permitieron. No podemos dejar que esto en un año se olvide. Todo ciudadano debe preguntarse: "¿Y si ocurriera aquí?", y exigir a su alcalde que se cumplan las normas de construcción», publicaba en la red social.

...quiénes por ahorrar unos centavos construyeron trampas mortales, así como de las autoridades que lo permitieron.
NO podemos dejar que...

— Rafael Correa (@MashiRafael) 25 de abril de 2016

Mientras el país estudia cómo rehabilitar las ciudades dañadas y suplir las principales carencias de su población, la economía ecuatoriana se contrae un 7% por la devastadora catástrofe y el «cinturón de fuego» del Pacífico amenaza con más terremotos. La naturaleza, impredecible, no descansa. Pero Ecuador tampoco.