«Pretendían presionarme o silenciar el diario»

[Transcripción íntegra de la entrevista que concedió a ABC el 9 de marzo de 2003]

Al frente del grupo Clarín, el mayor emporio de comunicación que hay en Argentina, se encuentra Ernestina Herrera de Noble. Familiarizada con la prensa, con sus diarios, emisoras de radio y de televisión, nunca pensó que, a sus 77 años, ocuparía la primera plana de todos los medios nacionales y páginas enteras en los extranjeros. La noticia, que dio la vuelta al mundo, fue su detención en una causa que resucita el lado más oscuro de la historia de su país: la apropiación de hijos de desaparecidos. Procesada por el juez federal Roberto Marquevich y hoy en libertad provisional, este magistrado investiga el origen de dos jóvenes, Marcela y Felipe, adoptados 26 años atrás por la que para algunos es la mujer más poderosa de Argentina.

Permaneció 66 horas bajo arresto en una unidad policial: «Viví una pesadilla», reconoce. «Jamás imaginé que podría encontrarme en esta situación», confiesa. «Las adopciones de los niños fueron absolutamente transparentes, realizadas como manda la Ley», garantiza. «Mis hijos -da su palabra- no me han pedido explicaciones porque siempre hemos hablado abiertamente y con franqueza».

Un bebé en la puerta

«No miento ni he mentido nunca. Estoy tranquila con mi conciencia porque sé que he actuado de buena fe en todo momento. Soy inocente», insiste. El juez y las Abuelas de Plaza de Mayo no la creen. La historia arranca un tiempo después de la muerte de su marido (1969). Corría mayo de 1976 (dictadura militar), la directora del diario de mayor tirada en Argentina, se presentó en un juzgado con un bebé (Marcela) que dijo haber encontrado abandonado a las puertas de su casa. Una juez le otorgó en adopción a la criatura, así como a un segundo chico (Felipe), entregado un par de meses más tarde, por una presunta madre soltera, hoy ilocalizable, y cuyo número de DNI coincide con el de un hombre. El rumor de que el origen de los niños era oscuro comenzó con una serie de denuncias, algunas con intereses económicos de por medio, que fueron sobreseídas por varios jueces, entre ellos el propio Marquevich.

No sería hasta el 2001, tras años de investigación, que las Abuelas de Plaza de Mayo intervendrían judicialmente para advertir que aquellos chicos, según sus informes, podrían ser hijos de desaparecidos. El juez encargado del caso en la actualidad considera que los procesos de adopción fueron fraudulentos, con testigos y declaraciones falsas para encubrir la «sustracción, retención y ocultamiento» de los menores. En diciembre pasado Marquevich ordenó la detención de Herrera de Noble y realizar las pruebas de ADN a los muchachos, que se niegan. La Cámara Federal, una instancia superior, ordenó su excarcelamiento y suspendió, temporalmente, las pruebas científicas con carácter imperativo hasta que estos magistrados se pronuncien. Viuda de Roberto Jorge Noble, fundador de «Clarín», «la señora», como se refieren a ella en medios judiciales y periodísticos, no concede una entrevista desde 1995. Por escrito, mediante un único cuestionario, accedió a responder las preguntas de ABC.

¿Cómo reaccionó el 17 de diciembre cuando la Policía entró en su casa y la detuvo? ¿Recibió buen trato? ¿Podría describir la dependencia en la que pasó esas 66 horas?

-Mi primera reacción fue de sorpresa. Estaba en mi casa tal y como es habitual para mí en ese horario antes de ir al diario. La situación me conmocionó. Durante esos días viví una pesadilla. No alcanzaba a entender las razones de mi detención y lo que se requería de mí. Estuve detenida en una dependencia de la Policía y supongo que las condiciones fueron similares a las de cualquier persona en esa circunstancia. En todo momento fui tratada correctamente.

¿Le han pedido sus hijos explicaciones, más información sobre sus orígenes?

-No me han pedido explicaciones, porque siempre hemos hablado abiertamente y con franqueza de sus adopciones. Siempre conocieron la manera en la que llegaron a mi vida: conocen perfectamente las circunstancias que relatan sus expedientes de adopción. Los últimos hechos no agregaron ninguna nueva información o elemento concreto, y por eso, tampoco plantearon nuevos interrogantes.

Tras concedérsele la libertad provisional, usted publicó una Carta Abierta en «Clarín». Escribió: «muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal». ¿Cuándo trataron esa posibilidad por vez primera y qué les indujo a tener esas sospechas?

-Nunca tuvimos sospechas. Hace años, cuando aparecieron denuncias interesadas, provenientes de operadores políticos, hablamos sobre la posibilidad. Pero lo cierto, reitero, es que nunca tuvimos un solo dato que permitiera una sospecha como la que usted menciona. De hecho, esas denuncias fueron desestimadas una por la Justicia.

A la vista de estos acontecimientos judiciales, la duda sobre si sus hijos adoptados, biológicamente lo serían de desaparecidos, está instalada en la sociedad argentina y en la comunidad internacional. ¿Está de acuerdo en que esa sospecha únicamente podría despejarse si ellos se hicieran la prueba de ADN, a la que, hoy por hoy, se oponen?

-No estoy de acuerdo en que exista duda, aunque algunos pretendan instalarla. Para que haya duda debe haber evidencias o al menos indicios ciertos, y la verdad es que no hay absolutamente nada en esta causa que permita sostener eso. Durante muchos años hubo quienes quisieron instalar la duda con el fin de presionarnos política o económicamente, utilizando hechos dolorosos de la historia argentina más reciente. Pero nunca demostraron nada. En estos 26 años jamás hemos tenido elemento alguno que permita vincular a Marcela o a Felipe con víctimas de la represión ilegal.

Marcela, a título particular, se sometió a análisis de sangre que indican que tiene un grupo sanguíneo diferente al de la niña desaparecida cuya familia tiene sospechas de que sea la misma. ¿Por qué negarse entonces a la prueba de ADN?

- Justamente, Marcela se realizó un análisis con el objetivo de de¬ mostrar que no existía ningún fundamento para pretender exigirle que se someta a una prueba de ADN, ya que el vínculo biológico pretendido es imposible. Lo que se hizo fue verificar que el grupo sanguíneo de Marcela no coincide con el de la menor menciona¬ da en la causa, de acuerdo a los da¬ tos que habían sido aportados al expediente por la propia familia querellante, y que además constan en los archivos de la Conadep (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) y la Secretaría de Derechos Humanos.

En aquella Carta Abierta a «Clarín» dice que Marcela y Felipe no tienen «la obligación» y sí «el derecho de conocer quiénes han sido sus padres biológicos». ¿Considera que hipotéticas abuelas, primos, tías y hermanos, si los hubiere, tienen ese mismo derecho a conocer si, en efecto, hay o no hay un parentesco? Hay dos familias, la de Estela Güaldero y María Amelia Herrera de Miranda, querellantes en la causa, que creen ser sus familiares.

-En mi opinión, creo que esa búsqueda debe ejercerse sobre bases serias. Insisto en que me parece imprescindible que existan razones de peso que indiquen la pro¬ bable existencia de un vínculo biológico, de lo contrario se instalaría una incertidumbre sobre todas las adopciones. Esto es fundamental, ya que, por ejemplo, la prueba sobre el grupo sanguíneo en el caso de Marcela evidencia que hay muchas cuestiones previas al ADN que pueden demostrar la inexistencia de un vínculo. Si el juez hubiese investigado adecuadamente y conseguido de forma oportuna esta prueba, habría evitado las falsas expectativas que seguramente tendría la fa. milla querellante y las innecesarias perturbaciones generadas a Marcela. Debe tenerse en cuenta que del lado de los chicos también hay derechos muy personales y trascendentes que deben ser res¬ petados y que les costó mucho es¬ fuerzo construir, como el de su propia identidad de hijos adoptivos.

Usted asegura que no hay «seguridad jurídica y científica» en este caso. ¿En qué basa su desconfianza sobre el juez Marquevích y sobre los análisis de ADN?

-Este juez ha dado sobradas muestras de su parcialidad y de su enemistad contra mí. Sin razones me detuvo y sin fundamentos me procesó. Con él, ni yo ni mis hijos tenemos ninguna garantía. Por eso lo he recusado con causa ante la Cámara Federal.

Durante su arresto, hizo una declaración, pero advirtió que no contestaría ningún interrogatorio judicial. ¿Por qué rehusó responder a preguntas del juez cuando estaba detenida? ¿Tiene miedo de que vuelva a arrestarla?

-En mi declaración, yo dije todo lo que tenía que decir: soy inocente y ajena a los hechos que me pretendían endilgar. La legalidad de mis adopciones fue confirmada varias veces por la Justicia No tengo miedo. Estoy tranquila con mi conciencia porque sé que he actuado de buena fe en todo momento.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, a las que usted pondera, se lamentan de que no quisiera recibirlas en dos ocasiones. ¿Por qué no habló con ellas? ¿Lo haría ahora?

-Respeto el trabajo y la lucha de las Abuelas. Y esto se demuestra a través de los medios que dirijo, desde hace mucho tiempo. Como le expliqué, la larga historia de presiones políticas y económicas fueron convirtiendo este tema en algo muy doloroso para mí y para mis hijos. Por esta razón, en su momento le pedí a una de las personas de mi mayor confianza que las recibiera en mí nombre. Lo que siempre les hemos solicitado a las Abuelas es información seria y objetiva que fuera más allá de las denuncias sin fundamento que hemos sufrido por años. Nunca nos ha llegado este tipo de información, y siempre estamos abiertos a recibirla.

Esa misma asociación dice disponer de denuncias que aseguran que el General Camps (ex Jefe de la Policía de Buenos Aires) y Monseñor Plaza, Obispo de La Plata, habrían participado de una presunta entrega de sus hijos. ¿Cómo valora esas informaciones?

-Mis hijos me fueron entregados en las circunstancias que surgen de los expedientes, y en las que esas personas no tienen absoluta¬ mente nada que ver. Por otra parte, no sería la primera vez que personas supuestamente anónimas echan a rodar denuncias sin fundamentos.

¿Sabe quiénes son los padres biológicos de sus hijos? ¿Si estuviera en el lugar de Marcela y de Felipe, y le solicitaran las pruebas de ADN, se las haría?

-En cuanto a lo primero, por supuesto que no. Respecto del análisis, esa es una decisión absolutamente personal. Mis hijos son mayores de edad y deben tomar esa trascendente decisión en libertad, sin presiones y en forma prudente y responsable.

¿Ha sentido amenazas o ha sido víctima en algún momento de chantaje en relación con la causa?

-Desde hace mucho tiempo vengo sufriendo presiones vinculadas a intereses políticos y económicos en relación a este tema. En la década del 90 existieron denuncias de personajes vinculados al poder político de entonces. Denuncias sin fundamentos, que fueron desestimadas siempre por la justicia y que sólo pretendían presionarme o silenciar al diario que dirijo. Nunca he cedido ni cederé ante esas presiones.

«Hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder». La frase le pertenece. ¿A quién o quiénes, con nombre y apellido, se refiere?

-Lamentablemente, algunos creen que para gobernar la Argentina en medio de esta crisis económica y social sin precedentes, es necesario apelar a modelos autoritarios en lugar de abocarse a corregir los fuertes desequilibrios que sufre nuestra sociedad, muchos de los cuales se generaron en la última década. El modelo de gobierno que pretenden imponer requiere instituciones frágiles que apañen esa estrategia. Por eso necesitan debilitar a la prensa independiente. Nosotros hemos descubierto y denunciado muchos abusos de poder y actos de corrupción que han tenido lugar en los últimos años en el país. Y esto, evidentemente, tiene su costo.

¿En relación con esta causa, ha recibido presiones o algún alto miembro de las Fuerzas Armadas ha tratado de ponerse en contacto con usted?

-No. Las presiones que he recibido son las que mencioné anteriormente.

¿Si usted, por razones de esta causa, se viera, temporal o definitivamente, desvinculada de «Clarín», habría alguien que se beneficiaría?

-Quizás los que especulan con eso son los sectores que estuvieron detrás de mi detención. Pero que no se confundan: nunca me voy a alejar de «Clarín». Esta acusación y prisión injustas no han hecho más que fortalecerme en lo personal y reforzar mi compromiso con la tarea periodística que asumí hace 34 años. Un compromiso y una tarea en la que me siento totalmente acompañada y respaldada por quienes forman parte del Grupo Clarín y, también, por los millones de argentinos que cada día eligen leernos, vernos o escucharnos.

¿Cómo se desarrollaron los procesos de adopción?

-Eso está perfectamente detallado en los expedientes de adopción. Simplemente puedo decirle que fueron absoluta¬ mente transparentes, realizados ante un Tribunal, como manda la ley, y que se cumplieron todos los pasos legales.

En el auto, el juez sostiene: «Ernestina Herrera de Noble mintió» ante el Tribunal de Menores cuando declaró (sobre el caso de Marcela) que «encontró en la puerta de su casa, en una caja, a una críatura...». Asimismo, Marquevich utiliza la expresión «una nueva mentira», «hecho falso» y «maniobra planeada", que le atribuye a usted, sobre el caso de Felipe.

-Yo no miento ni he mentido nunca Marquevich interpreta arbitrariamente los hechos y las pruebas, y me atribuye falsamente conductas, sin fundamento alguno.

El juez sostiene su teoría (en el caso de Marcela) en que usted, «aportó los nombres de dos personas (Yolanda Echagüe y Roberto García) que señaló como vecinos su¬ yos y testigos de ese descubrimiento...», cuando no eran ni una ni otra cosa. ¿Cómo califica esa acusación?

-Es absolutamente arbitraria. Echagüe y García, con sus testimonios en el expediente de guarda, respaldaron los hechos que dieron origen a la adopción de Marcela. Por otra parte, no es cierto que se haya probado lo que el juez afirma. Más aún, hay pruebas concretas que de¬ muestran lo contrario.

El juez llama la atención sobre el hecho de que Roberto Antonio García figurase en el expediente de adopción como «cuidador de la finca» colindante donde usted aseguró haber descubierto a la niña. Dice que el hombre hoy lo niega y que, sin embargo, «durante 38 años», hasta 1977, fue chófer de «Clarín» y suyo y, añade que «no tiene conocimiento» de que usted «hubiera residido alguna vez» donde figura que apareció Marcela.

-En primer lugar, es correcto que García fue chófer de «Clarín» y esto fue oportunamente informado por el diario. Tal circunstancia en nada invalida su testimonio respecto a la situación en que fue hallada Marcela. Por otra parte, él mismo ha reconocido que yo viví en San Isidro en esa época, más allá de ciertas imprecisiones dados los años transcurridos desde los sucesos y los 85 años de edad que actualmente tiene. Le agrego que la asistente social que actuó en la guarda también ratificó expresamente la existencia de mi domicilio en San Isidro, como no podía ser de otra manera.

En el caso de Felipe, Marquevich afirma que la majer que habría entregado voluntariamente al niño, Maria Luisa Delta, «no existe», que el número de documento que ella presentó corresponde a una persona «de sexo masculino», que «no existe explicación» sobre la presencia de usted en el Tribunal de Menores, «el mismo día en que se produjo la falaz comparecencia de Delta», y que le entregaron el niño, y la acusa de participar de esa «maniobra».

-La presunta maniobra a la que se refiere el juez no existe, está construida por él en basen manipulaciones de la prueba y suposiciones carentes de fundamento. A Felipe lo entregó una mujer que dijo ser su madre en un Juzgado de Menores, y sobre este punto, hay suficientes evidencias en el expediente. Yo tenía la guarda de Marcela y estaba anotada en el, Juzgado, como era lo usual entonces, para adoptar otro niño. Cuando apareció este bebé me citaron al Juzgado y me preguntaron si estaba interesada en recibirlo en guarda, a lo que respondí afirmativamente. Nunca tuve contacto con María Luisa Delta, no sé quién es. Yo tomé contacto con Felipe después de que el mismo fue entregado en el Juzgado. Por otro lado, no me resulta extraño que esta mujer haya ocultado su identidad, ya que entiendo que es algo usual en madres que abandonan a sus hijos. En definitiva, puedo afirmarle que las supuestas irregularidades que menciona el juez no existen. Que fueron dos procesos de adopción públicos, tramita¬ dos ante una jueza, y en los que intervinieron numerosos funcionarios, peritos, médicos y asistentes sociales. Todos ellos dieron fe de la legalidad de los procesos hace veintiséis años y también ahora, con testimonios ante Marquevich. Lamentablemente, el juez no los ha tenido en cuenta