Prada: «Mi interés en el Campus de la Justicia era menos diez y mi capacidad política era cero»

Balones fuera. Alfredo Prada, exconsejero de Seguridad, Justicia y Administración Local y ex vicepresidente segundo del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre, sostiene que el fallido proyecto del Campus de la Justicia, que ha dejado un agujero patrimonial de 105 millones de euros y ha sido enterrado «sine die» por Cristina Cifuentes, se desarrolló conforme a la «estricta transparencia y legalidad» y sin «tachas» en la auditoría. Al menos fue así, ha dicho, durante su mandato, hasta junio de 2008. La Cámara de Cuentas, sin embargo, ha denunciado la opacidad de sus gestores, que no rindieron cuentas en forma y tiempo desde que nació el proyecto, desde 2007, como le han recordado los grupos políticos de la oposición.

Pero Prada se ha desentendido en todo caso de las presuntas irregularidades en el Campus de la Justicia asegurando que los contratos relacionados con esta megaobra las aprobó colectivamente el Consejo de Gobierno. «Este no es un proyecto de Alfredo Prada, sino del Gobierno (...) Yo no elevé nada al Consejo de Gobierno. Mi interés en el Campus de la Justicia era menos diez y mi capacidad política era cero», ha asegurado, escurriendo así el bulto y cargándoselo, indirectamente, al vicepresidente primero, Ignacio González, con quien estaba enfrentado. En un momento de la comparecencia, Prada ha sacado a colación el caso de los espías en la Comunidad de Madrid: «Fui víctima de seguimientos».

«Mi actuación -ha continuado- era política bajo el manto de un gobierno. Siempre se hizo desde la legalidad, desde la transparencia. Y nunca nadie, ninguna auditoría pública ni ninguna auditoría privada puso nunca la más mínima tacha (...) Se han podido cometer errores, en toda obra humana se cometen. Yo también, seguro, Pero desde la buena creencia y desde la legalidad», ha considerado.

Comparecencia voluntaria

Prada ha comparecido «voluntariamente» este martes en la Comisión de estudio del endeudamiento de la Comunidad de Madrid, tras haber negado su presencia dos veces antes. Ha centrado buena parte de su primera intervención explicando las bondades del proyecto de aglutinar las sedes judiciales en un único espacio: «absolutamente todo el mundo reclamaba el Campus de la Justicia. No había nadie, incluido el PSOE y IU que no apoyara este proyecto de acabar con el caos de la dispersión judicial (...) Era una necesidad objetiva de la Administración», ha asegurado.

Tras excusar su falta de «memoria» al entrar en detalles -«no tengo papeles de esa época ni documentos»- ha informado de que fue en 2004 cuando «por primera vez» se habla del proyecto, que se sacó a concurso internacional y fue asignado por razones técnicas, no políticas. Al final, acabó instalándose en Valdebebas porque era el único gran espacio de suelo público edificable, ha dicho.

Sobre el «despilfarro» en el desarrollo iniciático del Campus -por ejemplo, se llegó a pagar al estudio de arquitectos de Norman Foster 10 millones sin resultados tangibles-, ha asegurado que la decisión de dotar de «valor arquitectónico» a los 15 edificios proyectados -pero solo uno construido finalmente- «no fue fruto de un capricho», sino que «se entendió que la Justicia tiene que tener parte de solemnidad».

Prada ha insistido en negar irregularidades en el Campus de la Justicia. «No hay nada que esconder. Está todo en luz y taquígrafos. La verdad es la verdad». Aunque ha concluido admitiendo el fracaso de gestión en torno al proyecto. «Hay que reconocerlo, esto es un proyecto fallido», ha señalado, eso sí, circunscribiendo el desarrollo truncado por los efectos de la crisis económica.