La juez investiga al alcalde de Alcalá de Henares por prevaricación

Un juzgado de Alcalá de Henares está investigando al alcalde de la localidad y vicesecretario general del PSOE-M, Javier Rodríguez Palacios, por un presunto delito de prevaricación. Los hechos parten de una denuncia de la empresa Arpinum Asociados S. L. que hace referencia a la falta de licencia, licitación y exacción del pago de tasas fiscales a los clubes que regentan los servicios de hostelería (bares, ambigúes...) de cinco centros deportivos de la ciudad.

Fuentes municipales indicaron a este periódico que «lo que hay es una demanda admitida a trámite»: «La juez ha tomado declaración a la denunciante y ha pedido un informe al fiscal. Al Ayuntamiento no le consta ninguna actuación más ni que se haya llamado a declarar a nadie» del Consistorio; y añaden, sobre la condición de «investigado», que no tienen constancia de ese extremo; un hecho que sí consta en la última providencia, del 2 de febrero, emitida por el juzgado que entiende del caso, el de Instrucción número 6 de la ciudad complutense.

Indican que ya hay otras tres denuncias previas del mismo demandante archivadas. No es el caso de la actual, sino por un asunto sobre la concesión de las vallas publicitarias del municipio, que expira este año y que desde 2007 ostenta la misma mercantil.

Esta demanda tiene fecha de 29 de diciembre, aunque el litigio viene de largo. Arpinum se define como «una empresa de consultoría que, desde hace tiempo, tiene el encargo profesional del estudio de las concesiones administrativas de hostelería existentes en los campos deportivos municipales». La denuncia la interpone «por el incumplimiento de la obligación legal e inexcusable de iniciar, tramitar y resolver los expedientes de infracción de la legalidad urbanística, la obligación de exacción de las tasas y/o autoliquidación por utilización del dominio público, la imposición de las sanciones por infracción tributaria y de licitar públicamente la ocupación privativa del dominio público».

Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares insisten en que «se trata de los bares que están en centros deportivos y que explotan las entidades que se entrenan en ellos, desde hace 25 o 30 años». En concreto, son los del Recinto Ferial; Naya; La Dehesa-Avance; el Club Deportivo Espartales, y la Real Sociedad Deportiva Alcalá, fundada en 1929. «Hemos encargado un estudio civil al mejor bufete que hemos encontrado para que regularice la situación de estas instalaciones, que en algunos casos viene desde la época del Franquismo y en otros desde los años 80; pero lo que no podemos hacer es echar a cinco clubes, algunos de ellos de carácter familiar», insisten desde el Ayuntamiento.

También recuerdan que «existe un gran número de litigios con Arpinum tanto en la vía penal como en la contencioso-administrativa por la concesión de la publicidad de las vallas, que viene de los equipos de gobierno anteriores (PP)».

«Deben ser desahuciados»

La denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, insiste en que se solicita al Gobierno local «la razón jurídica de que con carácter exclusivo los clubes deportivos denunciados usen unos terrenos municipales cuando incumplen el requisito de inscripción, con lo que deben ser desahuciados desde febrero de 2016». Arpinum argumenta que «carecen de títulos jurídicos para instalar negocios de hostelería, terrazas y veladores, barbacoas, construir en terrenos de dominio público instalaciones estables permanentes y, en definitiva, explotarlas careciendo de licencias».

También critican que todo ello se hace «sin abonar las tasas por utilización especial del dominio público, sustrayéndose tales espacios a la obligatoria licitación pública, excluyendo al resto de empresarios de su utilización».

Arpinum comunica a la juez que «son numerosos los escritos que se han presentado ante el Ayuntamiento, pero los meses pasan y lo cierto es que, transcurrido más de un año desde el inicio del procedimiento, nada ha avanzado y continúan los denunciados explotando gratis los terrenos municipales».

Los denunciantes piden, además, que se investigue si a los clubes «se le han exigido las tasas fiscales durante los años que llevan instalados». Por ello, en la denuncia inicial Arpinum habla también de malversación.