Varios aparatos de aire acondicionado, en los balcones de la Plaza Mayor
Varios aparatos de aire acondicionado, en los balcones de la Plaza Mayor - INMA FLORES

Inspección a la Plaza Mayor: 21 aparatos de aire ilegales en sus fachadas

Patrimonio no permite ninguna instalación que altere el aspecto de los edificios BIC

MADRID Actualizado: Guardar
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Los seres mitológicos que «habitan» en la fachada de la Casa de la Panadería, la construcción más antigua de la Plaza Mayor, conviven hoy con elementos más profanos: hasta 21 aparatos de aire acondicionado se han colocado en los balcones de la antigua «plaza del arrabal». Estas instalaciones carecen de la autorización de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (DGP), ya que son edificios protegidos. Los propietarios de las viviendas que carecen de la licencia oportuna se exponen a multas de entre 1.000 y 600.000 euros.

La Plaza Mayor fue declara Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento el 20 de febrero de 1985. Desde que Patrimonio otorgó la protección a este espacio emblemático de la capital que levantó Juan de Herrera por orden de Felipe II, es «obligatorio solicitar autorizaciones para cualquier obra o modificación», explicaron fuentes de la Dirección General de Patrimonio, que dirige Paloma Sobrini, a ABC.

Es decir, se precisa una licencia específica incluso para «pintar la fachada o poner un toldo en un edificio declarado BIC».

Pese a ello, nada más cruzar el umbral de la Puerta de la calle de Ciudad Rodrigo, dos turistas sacan una instantánea de la Plaza Mayor sin reparar en el fondo del retrato. Hasta siete aparatos de aire alteran la estética del lateral más próximo a uno de los diez accesos a la plaza porticada. Colocados, en su gran mayoría, en las pequeños miradores que cuelgan de las viviendas de tres plantas, basta un simple vistazo al resto de los 237 balcones que ocupan el recinto para divisar otras máquinas similares.

Salvo la histórica Casa de la Panadería, libre de estos «pequeños inquilinos», todas las fachadas presentan instalaciones de este tipo: cuatro en el lateral de Casa de la Carnicería, que abarca 129 metros; otras cuatro entre las calles de Gerona y de la Sal; siete más a lo largo de los 94 metros que separan la calle de Ciudad Rodrigo y el arco de Cuchilleros; y seis a ambos lados de la Casa de la Panadería, hasta un total de 21. Precisamente, en el arco de Cuchilleros, la más famosa de las nueve puertas que dan entrada a la plaza, son fácilmente reconocibles tres aparatos más.

A medio kilómetro, en la Real Casa de Aduanas, el actual Ministerio de Hacienda y Función Pública el panorama es aún más impactante. En este edificio, declarado BIC en febrero de 1998, un total de 55 aparatos de aire invaden las terrazas más próximas a la calle de Alcalá.

En estos casos, si la obra o instalación se emprende sin avisar a la Comisión Local de Patrimonio, es el Ayuntamiento quien tiene la autoridad para sancionar esta actuación incorrecta. En tal situación, corresponde a la Junta de Distrito Centro incoar los expedientes tras la denuncia de un particular. Según indicaron a este diario fuentes del distrito que dirige Jorge García Castaño, cuando llega un boletín de denuncia, a continuación se dicta una orden de legalización, para tratar por cauces legales que la instalación de ese aire acondicionado se adapte a los requisitos que exige Patrimonio.

Sanción grave

Si la instalación se encuentra dentro de los parámetros, se expide una licencia para autorizarla; de lo contrario, se dicta una «orden de demolición», para que el propietario retire de inmediato la construcción. En el caso de que no se desmontase la instalación en el tiempo y forma determinadas, el dueño del inmueble se arriesga a que el Consistorio le imponga multas coercitivas por valor de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.

Además, las obras e instalaciones sin título habilitante, es decir, sin una licencia que permita colocar la máquina de aire acondicionado o cualquier tipo de instalación, se considera «una infracción grave» según la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Tal y como señalaron las mismas fuentes de la Junta de Distrito Centro, las sanciones que se podrían imponer a los propietarios de los inmuebles parten desde los 30.001 euros hasta los 600.000 euros.

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