Detenido un dirigente de Podemos en el desahucio de una familia en Vallecas

El consejero ciudadano municipal de Podemos, Jorge Aranda, y el activista Fernando Calvo han sido detenidos esta mañana por la Policía Nacional mientras intentaban impedir el desahucio de una familia en el madrileño barrio de Entrevías.

Los hechos han tenido lugar la calle de la Campiña, 6. Allí, en un piso de la cuarta planta, vivía una pareja joven (Lorena y Quelion) con dos hijos pequeños que unos meses atrás okuparon la vivienda por problemas económicos. El piso es propiedad de un banco, que les denunció por usurpación. El Juzgado de Primera Instancia número 31 ordenó el desahucio para esta mañana.

Desde las 5 de la madrugada un dispositivo policial compuesto por varias unidades de antidisturbios, unos 30 agentes, han cortado la calle e impedido que nadie entrara en la vivienda, en la que estaba la familia y una decena de personas.

Hasta el lugar han ido acudiendo varias personas de plataformas antidesahucios para apoyar a los desalojados. Se ha producido una trifulca entre agentes y manifestantes, que ha acabado con la detención de estas dos personas. La Policía les acusa de atentado a la autoridad, resistencia y desobendiencia, según han indicado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de la Policía, que añaden que uno de los agentes ha resultado herido leve por pequeñas contusiones.

Los arrestados saldrán en libertad a lo largo del día de hoy tras prestar declaración. No ha habido heridos ni más momentos de cargas policiales, han apuntado las mismas fuentes.

Desahucio ejecutado

Por otra parte, tras la llegada de la comisión judicial y a pesar de las protestas, el desahucio ha sido ejecutado tras tres intentos anteriores. En declaraciones a EP, el portavoz de la PAH de Vallecas, Diego Sanz, ha explicado que el banco se han negado a negociar con la familia y también ha negado la posibilidad de un acuerdo para proporcionarles un alquiler social, tal y como ha negociado la segunda teniente de alcalde, Marta Higueras, y otros responsables municipales.

Sanz ha criticado que la familia sólo cuenta con la ayuda del Samur Social y no tiene solución habitacional. También ha denunciado la falta de colaboración de las autoridades regionales, «que son las que tienen las competencias en Vivienda y son parte del problema porque impiden que los okupas puedan acceder a viviendas sociales del Ivima». También ha culpado al Gobierno central, ya que el banco propiedad de esta vivienda es en parte público.