Un Ayuntamiento respaldado por Podemos cumple su amenaza con la Policía: «Esto es puro comunismo»

«Esto que van hacer qué es, ¿comunismo?», exclama Antonio, nada más cruzar el umbral de la sede de Policía Local de Serranillos del Valle. Con 12 años en el Cuerpo, ocho de ellos en esta localidad de 4.200 habitantes, el agente no oculta su desesperación. «Llevamos años de precariedad, hemos tenido que pagar los chalecos antibalas de nuestro bolsillo, los coches patrulla están averiados, no tenemos calefacción... y ahora nos bajan el sueldo para dárselo a otros», expresa, con la preocupación de quien, «tras mucho tiempo de sacrificios para trabajar aquí», ahora se plantea «desmontar su vida» y buscar otro empleo.

La historia de Antonio es una de tantas que soportan los diez policías locales que componen el Cuerpo de Serranillos del Valle, cuyo Ayuntamiento, formado por Transparencia y Democracia (TDS) y Cambiemos Serranillos (Podemos), aprobará hoy una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tiene como principales afectados a sus agentes, con una bajada salarial del 35% en sus nóminas, fijadas hasta ahora en torno a 1.800 euros netos al mes.

Aunque desde el Consistorio justifican la medida amparándose en los 18 millones de deuda, «que hacen imposible mantener determinados sueldos», lo cierto es que el dinero ahorrado irá destinado a otros colectivos funcionariales menos retribuidos.

El Pleno, en el que se va a someter a votación la medida, está convocado a primera hora de la mañana de hoy, una fecha que coincide con la citación judicial de la Audiencia Provincial de Madrid a varios concejales del Grupo Popular, actualmente en la oposición. «Se da la circunstancia de que el PP tiene cinco concejales, los mismos que TDS y Cambiemos Serranillos. Queda un concejal del PSOE que, en caso de votar en contra, la medida no saldría», explica David Sanchís, delegado de CSIF en el Ayuntamiento, señalando además, la «casualidad» de que ambas fechas coincidan cuando «la gran mayoría de plenos extraordinarios suelen ser por la tarde».

En este sentido, la exalcaldesa y actual portavoz del Grupo Popular, Olga Fernández, indica que tanto ella como el portavoz suplente están citados a declarar y es «imposible» que puedan asistir. «Cuando nos comunicaron el Pleno, remitimos un escrito exponiendo la situación al Ayuntamiento y su respuesta ha sido que ellos no tienen por qué valorar las cuestiones personales», subraya. A pesar de la circunstancia, el propio alcalde, Iván Fernández, ha confirmado a este periódico la celebración del mismo.

«Condenados» a quedarse

La rebaja acometida «condena» a los policías a permanecer en la localidad o, prácticamente, «decir adiós» al Cuerpo. Si me quiero ir tengo que encontrar a otra persona que quiera cambiar su plaza por la mía, algo inviable dadas las nuevas condiciones», suscribe Sonia, una agente que, tras siete años de experiencia en el municipio, reconoce estar en «tratamiento médico» desde que conoció la decisión.

Ninguno de sus miembros entiende la medida, más aun cuando el Ayuntamiento «ha recibido ahora 700.000 euros de subvención» por los seis policías pertenecientes a las Brigadas Especiales de la Comunidad (Bescam). «Ese dinero llevaba bloqueado desde 2012 y hasta donde yo sé, en todo este tiempo, los policías nunca han dejado de cobrar. Ese dinero está más que amortizado», justifica el alcalde.