Granados, en el momento de su detención
Granados, en el momento de su detención - ABC

El «club» de los políticos madrileños investigados en la trama Púnica

Entre ellos hay consejeros, concejales e incluso alcaldes de diversos municipios de toda la Comunidad de Madrid

Madrid Actualizado: Guardar
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Da igual el color político, aquí no se libra nadie. La trama Púnica, desde que se destapó el 27 de octubre del año 2014, se ha llevado por delante a casi 20 representantes públicos y altos cargos de la región de Madrid. El primero en caer fue Francisco Granados, exconsejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior en la Comunidad durante los gobiernos de Esperanza Aguirre. Aquel 27 de octubre Granados fue detenido junto a otras 50 personas. Y ese día comenzó el goteo.

Junto a Granados, el juez Eloy Velasco ordenó el ingreso en prisión de quien por entonces era alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, hombre de confianza de Tomás Gómez e incluso compañero de pupitre del antiguo secretario general del PSOE-M.

Tras Granados y Fraile también fue detenido el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza, popular. La trama quedó al descubierto y los políticos continuaron cayendo. En junio de 2015, Velasco llamó a declarar a otros dos consejeros la Comunidad de Madrid. Salvador Victoria -por entonces titular de Presidencia además de portavoz del Ejecutivo regional- y Lucía Figar -consejera de Educación-. A los dos días de ser imputados, dimitieron.

El testigo de Figar en Educación lo recogió el también popular Manuel Pérez Gómez que, a la postre, también iba a resultar imputado, como se decía entonces antes de cambiar el nombre de esta figura jurídica al término actual de investigado. Por entonces Púnica ya llevaba 92 personas imputadas en toda la geografía española entre políticos y empresarios. También en junio de 2015, le tocó a Borja Sarasola, quien fuera consejero de Medio Ambiente en el Ejecutivo regional de González.

Los alcaldes

Más allá de la Real Casa de Correos, los consistorios madrileños son una de las piedras angulares de esta trama, que adjudicó contratos públicos por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones que se repartieron entre políticos y empresarios. Por ello, numerosos municipios de la Comunidad de Madrid vieron cómo sus más altos representantes aparecieron en las investigaciones de los tribunales.

En esta nomina figuran Agustín Juárez (PP), exalcalde de Collado Villalba; Gonzalo Cubas (PP), exalcalde de Torrejón de Velasco; David Rodríguez (PP), exalcalde de Casarrubuelos; José Miguel Moreno (PP), exdiputado regional y exalcalde de Valdemoro; Antonio Sánchez (UDMA), exalcalde de Serranillos de Serranillos del Valle; Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio. También hubo más concejales investigados: como Victoria Muñoz (PSOE), de Obras en Parla; José Javier Hernández (PP), de Hacienda en Valdemoro o Juan Fernando Prado (PP), de Cultura en la misma localidad.

Y en este «club», que desde ayer tiene a Miguel Ángel Ruiz como nuevo miembro tras el ingreso del diputado Daniel Ortiz, no figuran otros nombres que la UCO ha pedido investigar, como el del diputado regional por el PP y exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González.

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