La Guardia Civil pide investigar a Cristina Cifuentes

La Unidad Central Operativa (UCO) vincula a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y al expresidente del Gobierno regional Ignacio González, entre otros, con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid, en el marco de la trama Púnica. En concreto, la Guardia Civil implica a Cifuentes en la adjudicación presuntamente amañada del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, en 2009 y 2011. El ex dirigente de patronal madrileña habría realizado pagos de 160.000 euros a Fundescam, fundación ligada al PP regional, al tiempo que recibió la adjudicación, firmada por Cifuentes como vicepresidneta de la Asamblea. Luego Fundescam usaba esos fondos para sufragar gastos electorales del PP.

Por otra parte, según informa Efe, el juez Eloy Velasco, responsable de la investigación, en principio no tiene intención de proceder contra la presidenta madrileña ya que no han encontrado pruebas de que tuviera una participación en la financiación ilegal del PP.

Los agentes de la UCO destacan que Cifuentes era presidenta de la mesa de contratación y, a la vez, miembro del comité de expertos de la Asamblea de Madrid que valoraba las licitaciones, lo que la UCO califica de «ilegal». Además, la Policía Judicial destaca que Cifuentes, que firmó la adjudicación de su puño y letra, también pertencía al Patronato de Fundescam y era una de las responsables de las campañas elctorales del PP de Madrid, por lo que estaba presente en todos los puntos en los que se cometieron los presuntos delitos de malversación, falsedad documental, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. La UCO recoge el organigrama de la campaña del PP de 2007, dirigida por Ignacio González y con Cristina Cifuentes como responsable de «movilización territorial».

La Guardia Civil subraya que en la actualidad Cristina Cifuentes es aforada, como presidenta de la Comunidad de Madrid, un mensaje al juez Eloy Velasco, quien deberá decidir si pide al TSJ de la Comunidad de Madrid que la investigue.

Así consta en uno de los informes de la UCO incorporados al sumario de esta trama liderada por el exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, donde se recoge que a través de la cuenta corriente de Fundescam, «determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales», informa Europa Press.

Favores a Arturo Fernández

En este caso, se han detectado, en relación a estos hechos, «sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes».

En este sentido, informa Efe, la UCO ve indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cristina Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir «de antemano».

En el informe de la UCO que analiza exclusivamente estas adjudicaciones, se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el informe, estos contratos de «adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011» a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, «se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones».

Pagos electorales

Todos estos hechos, según recoge este informe, han dado lugar a la elaboración de un informe policial complementario. Asimismo, añade que se «han mostrado evidencias de que se realizaron pagos de actos electorales desde la cuenta de funcionamiento del partido, que recibió sustanciales fondos procedentes del Grupo Parlamentario».

Sería destinatario de «buena parte de los fondos» el empresario Óscar Sánchez Moyano, vinculado a la Escuela Europea de Dirección de Empresas (EUDE), entre otras, quien habría suscrito un contrato de servicios con el partido, con el objeto de encubrir la condición de intermediario en la organización y producción de los gastos electorales.