Carmena condiciona ahora la financiación de las cámaras de Vallecas a los recortes

Tres meses después del anuncio, Madrid culpa a Montoro de posibles problemas en el presupuesto y busca otras líneas de pago para vigilar los narcopisos

Isabel Permuy
Carlos Hidalgo

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La puesta en marcha del anunciado sistema de videovigilancia en Puente de Vallecas podría tener problemas de financiación y, según algunas fuentes, retrasarse. Así lo reconoció el número dos del Área de Seguridad del Ayuntamiento, el coordinador general, Daniel Vázquez, el pasado miércoles en una reunión interna. La excusa que pone ahora el Gobierno de Manuela Carmena es la falta de dinero para acometer en proyecto a corto o a medio plazo. Sin embargo, ayer, fuentes municipales matizaron que sí es verdad que la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda puede afectar al modo de pago del plan.

«La planificación económica se desarrollará con normalidad», añadieron, pero la opción podría ser incluir la partida en las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), y no en el presupuesto ordinario. En principio, ahora, estas mismas fuentes y pese a lo manifestado hace tres días por Daniel Vázquez, descartan retrasos por este dinero. Como se viene informando, el ministro Cristóbal Montor o ordenó al Gobierno de Carmena inmovilizar 238 millones de euros, por superar el límite estipulado para las cuentas. Tras presentar tres Planes Económicos y Financieros (PEF), rechazados por el Gobierno central, la alcaldesa tomó las riendas de la peliaguda negociación; fulminó a su concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato; y consiguió sacar adelante el plan de gasto, después de año y medio.

Presupustos prorrogados

Sin embargo, el presupuesto quedó enquistado, pues, con excepción de Ahora Madrid, la oposición votó en contra. Y ahora se encuentran prorrogadas las cuentas del año 2017; la semana próxima se llevará al P leno de Cibeles una propuesta para sacar adelante los números, aunque se prevé que el socio natural de Carmena, el PSOE, siga en contra. La luz verde podría llegar en marzo. Los ayuntamientos solo pueden tener prorrogados los presupuestos durante un máximo de dos años.

En caso de que se retrasara el proyecto (en ningún momento se prevé que se quede fuera, insisten desde el Consistorio), la noticia puede sentar muy mal a los 230.000 habitantes de este distrito, uno de los más populosos de la capital y granero de votos de Ahora Madrid. Han sido ellos, con un manifestación por las calles y numerosas quejas los que consiguieron arrancar la promesa, a primeros de noviembre, al concejal presidente del barrio, Paco Pérez, de que se instalarían cámaras de videovigilancia en las zonas más victimizadas.

Desde hace un tiempo, Vallecas viene sufriendo un repunte en delitos como los robos de coches y en el interior de ellos; pero lo que más preocupa es la proliferación de los llamados «narcopisos», como ha venido informando este diario. El último dato más actualizado habla de que en 2017 se registraron 124 denuncias por esta lacra. El problema no es solo la venta de droga en esas viviendas, que además están «okupadas», sino que se añaden todas las derivadas delictivas que atraen, como reyertas, consumo de estupefacientes en la vía pública y hasta prostitución callejera.

La tarde del pasado miércoles se celebraron la Junta y el Consejo de Seguridad de Puente de Vallecas. Dado el cariz de lo que allí se está viviendo, el propio Vázquez acudió al encuentro, algo no habitual en los distritos. También lo hicieron los representantes de otros partidos, el concejal Pérez y el subdelegado del Gobierno, Luis Martínez-Sicluna. El coordinador general de Seguridad y Emergencias manifestó que la petición de cámaras realizada por la Presidencia del Distrito fue tratada en la Junta de Gobierno de Madrid de hace dos jueves. Martínez-Sicluna le sugirió que incluyera el gasto en los presupuestos participativos, pero Madrid se decanta por las IFS.

Se está realizando, por parte de la Unidad Integral de Puente de Vallecas y de los expertos de la Dirección General de la Policía el informe técnico para determinar cuántas cámaras hacen falta y dónde colocarlas. Será remitido luego a la Delegación del Gobierno, llegará a la Comisión de Videovigilancia y, una vez digan qué modelos serán validados, sabrán el dinero. Mientras, se ha puesto a patrullar a el Escuadrón de Caballería por las zonas más conflictivas del distrito.

Aunque desde el Ayuntamiento hablan de que el trámite está siguiendo el curso habitual, lo cierto es que han pasado casi tres meses desde el anuncio del presidente del distrito de que se instalarían esas cámaras y hasta ahora no ha llegado ni un papel a la Delegación del Gobierno. Además, en la oposición recuerdan «el poco afecto que este Gobierno local le tiene al sistema de videovigilancia en las calles de Madrid ». Fueron estos partidos los que lograron que se aprobaran para Tetuán.

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