Carmena benefició con tres millones de euros a la empresa que compró Bicimad
El director financiero afirma en la comisión de investigación que retocó escritos para validar el precio y que se benefició a Bonopark
La sexta sesión de la comisión de investigación de Bicimad que se celebró ayer en la Plaza de la Villa fue reveladora. Quedó claro que el precio que se pagó por la cesión del servicio (10,5 millones de euros) lo fijó la EMT con un borrador de las cuentas de Bonopark , sin contar con una auditoría externa; que el director financiero de la empresa pública de transportes retocó los documentos con los que se dio luz verde al valor a la compra de Bicimad después de que ABC destapara el caso; que el Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena pudo rescindir el contrato por mala prestación del servicio y pagar 700.000 euros en vez de 10,5 millones por la cesión, pero que escogió la opción más cara para no paralizar el funcionamiento de la bicicleta.También, que el Consistorio benefició al dueño de Bicimad con 3 millones de euros en esta transferencia. Un buen negocio teniendo en cuenta que perdía 300.000 euros mensuales. PP, PSOE y Ciudadanos coinciden en tachar la operación como una « chapuza » y Ahora Madrid como un «éxito» de su gestión.
La comisión se retomó con las comparecencias estelares del que fuera delegado de Economía y Hacienda y vicepresidente del consejo de administración de la EMT, Carlos Sánchez Mato , y José David Pérez Moncada , el director financiero de la EMT. Este último reconoció –tal y como informó en exclusiva este diario en enero– que retocó el expediente de cinco folios que bendecían los 10,5 millones de euros que se pagaron a Bonopark por Bicimad. Y lo hizo, dijo, porque se lo pidió el director gerente, Álvaro Fernández Heredia –denunciado junto a Inés Sabanés por el PP por presuntos delitos de malversación y prevaricación en este procedimiento– tras la primera información que sacó este diario en noviembre contando que llevó a cabo la compra sin informes oficiales avalados por técnicos.
Los documentos originales, que se entregan a ABC en noviembre por la vía de la transparencia, no incluían ni membrete, ni sellos, ni fecha de registro ni firmas. Pérez Moncada señaló ayer que los informes que se piden se suelen entregar en Word sin firmar ni poner fechas. «En una empresa como EMT trabajamos así», respondió al concejal de Ciudadadanos Sergio Brabezo . Cumpliendo órdenes de Fernández Heredia, el operario plasmó en el informe anónimo todo lo que faltaba: lo fechó a 8 de noviembre de 2016 (un mes y medio antes de formalizarse la compra mediante notario) e incluyó su firma con cargo de director financiero, un puesto que no se creó hasta seis meses más tarde.
Una prueba más
«No me acordé de poner el ‘sub’ delante», lanzó para sorpresa de los presentes. Él lo calificó como «un error material, no mucho más» y negó que hubiera falseado nada. El testimonio de Pérez Moncada lo incluirá el Partido Popular, como adelantó ayer su portavoz, José Luis Martínez-Almeida , en la querella que instruye el Juzgado de Instrucción Nº 52, ya que el compareciente afirmó que con el contrato pactado entre las partes se benefició a Bonopark con tres millones de euros suponiendo un «quebranto» al Ayuntamiento.
El edil popular, Álvaro González , preguntó al alto cargo de la EMT, basándose en una auditoría externa posterior de Ernst & Young, si el ente privado había obtenido dicha plusvalía. Pérez Moncada respondió contundente: «Sí». Justificó esta rentabilidad con el hecho de que en los años anteriores había perdido dos millones de euros. Para Martínez-Almeida, las palabras del trabajador de la EMT demuestran que hubo «un sobrecoste», «malversación» y «falta de valoración previa de los activos, que se hizo a vuelapluma por el director gerente de la EMT».
La socialista Mercedes González llevó a la comisión el documento «Bicimad: diagnóstico de la situación actual y opciones de futuro», donde se valoraba como mejor alternativa económica resolver el contrato con Bonopark abonándole 700.000 euros. Pero según contestó Sánchez Mato: «Lo fundamental era que no se produjera una interrupción del servicio». Argumentó el edil de IU que con la rescisión el pago habría ascendido «hasta los 9 millones de euros» porque la sociedad pedía el reequilibrio económico. «A lo mejor sí se había podido aparcar el servicio un momento», recriminó la edil del PSOE.
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