Vista de la Gran Vía, la arteria que vertebra el centro de la capital de este a oeste
Vista de la Gran Vía, la arteria que vertebra el centro de la capital de este a oeste - JAIME GARCÍA

El Ayuntamiento de Madrid plantea cerrar la Gran Vía al tráfico para hacer frente a la contaminación

La gran APR del distrito Centro empezaría a funcionar 2018; esta es una de las treinta medidas del borrador del Plan de Calidad del Aire

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El Ayuntamiento de Madrid se plantea cerrar el tráfico a los no residentes en Gran Vía. Esta arteria fundamental en la capital se enmarcaría dentro de los límites de la nueva Área de Prioridad Residencial (APR) del distro Centro, que entrará en funcionamiento a partir de enero de 2018. Este es uno de los treinta puntos que se contemplan en el borrador del Plan de Calidad del Aire que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, presentó ayer en Medialab-Prado junto al concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

La trascendencia de que esta arteria, por la que pasan 50.000 vehículos al día, se limite al tráfico rodado trae de cabeza a los técnicos expertos. Uno de los principales obstáculos a los que tienen que enfrentarse los responsables municipales será el diseño de los desvíos a los que obligará esta zona restringida de tráfico.

Madrid ahora cuenta con tres APR: en el barrio de Las Cortes, Las Letras y, la última en entrar en funcionamento, Ópera. Pero a partir del año que viene esta gran zona, de perímetro continuo, abarcaría casi todo el distrito y estaría definida por las calles Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Ronda de Toledo, Gran Vía de San Francisco, calle Bailén, Cuesta de San Vicente y Princesa.

Respecto al Plan de Calidad del Aire, el concejal del Partido Popular Borja Carabante aseguró durante la presentación que Ahora Madrid lleva «15 meses para entregar 12 folios; a 1,5 meses por folio». Para el edil, «muchas de las medidas» que recoge el plan ya habían sido anunciadas y otras rectificadas. «La restricción masiva en el interior de la M-30 va provocar un colapso y un problema para todos los madrileños que necesitan desplazarse», censuró.

La reducción de la velocidad, tanto dentro de la M-30 como en la propia almendra central, es otra de las principales apuestas del gobierno de Manuela Carmena. En la autovía de circunvalación se limitaría la circulación de 90 a 70 kilómetros por hora, de forma permanente, ya no sólo durante los episodios de contaminación.

Prioridad peatonal

Asimismo, en algunos barrios se implantarán medidas como el «calmado del tráfico», que contempla poner el límite de velocidad máxima en 30 kilómetros por hora. Esta experiencia ya se está poniendo en marcha en distritos como Chamberí. Dependiendo de cómo funcione, se planteará su expansión a otras zonas del centro de la capital.

El Consistorio también se plantea el rediseño de las principales vías de distribución del tráfico y aquellas que sirven para conectar los distritos de la periferia con el centro. Aunque no especifica cuáles son, podría afectar a vías como Génova, el Paseo de la Castellana o la calle Alcalá.

Miguel Capó Martí, profesor de la Universidad Complutense y autor del libro «Principios de Bioética Global» avala, pese a las críticas de la oposición, alguna de las medidas estructurales propuestas por el Ayuntamiento para paliar los altos niveles de contaminación, como reducir la velocidad en la M-30. «A menor velocidad, con la marcha adecuada, se consume menos y, por ende, se contamina menos», sostiene el experto.

Además es consciente de que medidas drásticas, como sólo permitir a los residentes que circulen por determinadas zonas del centro, podrían acabar con el problema de raíz, pero tendrían un alto coste asociado que la población podría no querer asumir. Por ello apuesta por la «concienciación» desde la escuela para que las futuras generaciones asuman nuevos hábitos menos perjudiciales para la salud, como los altos niveles de dióxido de nitrógeno.

En la línea de apostar por la prioridad de los peatones, el Ayuntamiento planea también la creación de una red de aparcamientos disuasorios en la corona metropolitana. Estas zonas de estacionamiento estarían conectadas con puntos de transporte público, para, de esta manera, facilitar la transferencia del vehículo privado al transporte público, y evitar así la entrada de los coches hasta el centro de la ciudad.

Precisamente, el PP criticó que el borrador del Plan proponga pagar por aparcar fuera de la M-30. «¿Qué tiene que ver la calidad del aire con pagar por aparcar elvehículo?», cuestionó el edil, que anunció que su Grupo Municipal solicitará un Pleno extraordinario para pedir explicaciones sobre el funcionamiento del Protocolo Anticontaminación y proponer «medidas concretas». También propondrán la figura de «un solo concejal de tráfico».

Falta de alternativas

El edil del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid José Manuel Dávila aseguró ayer que «se necesitan medidas con criterio y racionalidad, llevamos tres planes en los últimos 10 años, y aún hay un problema gravísimo». Además, pidió el establecimiento de «alternativas» ya que «no tiene sentido plantear cambios de movilidad de los ciudadanos si no se les dan opciones».

Por su parte, Ciudadanos calificó el borrador del Plan de Calidad del Aire de «oportunista», «poco ambicioso» y «tardío». «Una de las cosas que nos sorprende es que es muy oportunista, se hace después de activar el protocolo; ya sabíamos que se trabajaba sobre este Plan y buscaban el mejor momento para anunciarlo», censuró el edil Sergio Brabezo, que aprovechó para criticar que en el borrador no hayan participado «gremios, sindicatos o agentes sociales». «Transparencia es una de las mayores carencias de este equipo de Gobierno», criticó.

Este plan, que se dio a conocer justo un día después del último episodio de alta contaminación en la ciudad, está abierto a la discusión ciudadana. Está previsto que el borrador se examine en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad a finales de este año y se espera que el proyecto definitivo sea aprobado por la Junta de Gobierno a principios de 2017.

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