Anticorrupción espera respuesta de Malasia sobre el contrato Covid de Luis Medina y su socio

Isabel Vega

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08/04/2022
Actualizado 11/04/2022 a las 15:57h.

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La Fiscalía Anticorrupción espera aún a que Malasia conteste a la petición de información que remitió hace meses para contrastar la documentación de los contratos de compra de material sanitario con el Ayuntamiento de Madrid que había aportado durante las diligencias de investigación el empresario Alberto Luceño.

Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, Luis Rodríguez Sol remitió esta petición de cooperación jurídica internacional para esclarecer si hubo cumplimiento de los términos ya no sólo en la fabricación y envío de los guantes, mascarillas y test de diagnóstico que necesitaba el Consistorio, sino en la participación de Luceño como representante de la compañía y su remuneración.

La ya habitual dilación de cualquier proceso de cooperación jurídica internacional, con intercambios de información que pueden prolongarse meses incluso dentro del espacio europeo, se agrava en el caso de Malasia, donde antes de remitir los datos que pide España el informe debe pasar varios filtros oficiales. Esa previsible tardanza es la que habría llevado a Anticorrupción a presentar la que rella sin contar aún con el resultado de la rogatoria. En estos casos, se incorpora a la causa cuando llega.

Y esa causa ya ha echado a andar. Luceño está formalmente imputado junto a Luis Medina, hermano del duque de Feria, en el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, donde el juez Adolfo Carretero resolvió ayer citarles para que presten declaración el próximo 25 de abril a las 12.30 horas, como adelantó ABC.

No fue la única medida acordada. El instructor, en línea con lo que había solicitado Anticorrupción, resolvió embargar cautelarmente los bienes de lujo y las cuentas donde acabaron los cerca de seis millones de dólares que los dos se habrían llevado de comisión inflando, conforme decía la querella, los precios de los productos sanitarios hasta en un 148 por ciento.

En el caso de Medina, se le embarga un yate que adquirió después de percibir un millón de dólares por su intervención, que él restringe a una mera intermediación por la que consiguió al empresario la dirección de correo a la que debía escribir para hacer su oferta de productos sanitarios. El dato lo habría averiguado a través de un contacto con un familiar del alcalde , José Luis Martínez-Almeida, pero aún no se ha esclarecido quién fue esa persona. Además del yate, el juez le ha embargado la cuenta bancaria en la que recibió dinero y el fondo para el que compró bonos con esos fondos, según informaron a este diario en fuentes jurídicas.

Respecto a Luceño, los embargos abarcan una vivienda en la urbanización de lujo de Somosaguas (Pozuelo) y sus plazas de garaje y los coches de lujo que adquirió con los cinco millones de dólares que recibió, siempre según la querella, en concepto de comisión por aquellos precios desorbitados.

En ambos casos, el juez ha acordado embargos por el importe exacto de las comisiones, que no del total pagado por el Ayuntamiento de Madrid y que ascendería a 11 millones de euros por los que recibió a cambio test de diagnóstico inservibles y guantes defectuosos. Las mascarillas, que fue el primero de los encargos, sí se ajustó a lo estipulado en calidad y cantidad, aunque Anticorrupción sostiene que el Consistorio pagó un 40% de más en lo que califica como estafa agravada.

En todo caso, el Ayuntamiento de Madrid ha aceptado el ofrecimiento de acciones del juez y ha entrado en la causa como acusación y perjudicado, movimiento que han hecho también los grupos de Unidas Podemos y Más Madrid en la Asamblea para ejercer la acción popular en la causa.

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