Xunta y ayuntamientos aplauden la anulación parcial de la reforma local

Nadie en Galicia quería la reforma local de Cristóbal Montoro, y la decisión del TC de derogarla parcialmente ha sido recibida con alborozo tanto por la Xunta —que se ahorra asumir servicios y competencias para los que no tenía fondos— como por los ayuntamientos —recelosos de ceder las políticas sociales de proximidad a diputaciones y autonomía—. «Es lo que estábamos esperando todo el municipalismo», expresó Alfredo García, actual presidente de la Fegamp, «esta ley nos perjudicaba de forma directa». Su antecesor en el cargo, el actual conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela —con quien ayer coincidió en un acto— compartía la satisfacción por la sentencia del Constitucional. «No comparto lo que decía la ley de racionalización sobre que los ayuntamientos no podían prestar los servicios sociales», añadió.

Rey Varela y García presidían y vicepresidían respectivamente la federación municipalista cuando, durante la pasada legislatura, levantaron la voz en contra de la reforma local de manera unívoca. Galicia fue, junto con Canarias y Asturias, la única federación que se opuso abiertamente a la reforma, llegando a convocar a todos los alcaldes gallegos en asamblea para fijar una postura común contra la norma, por entender que vulneraba la autonomía local y atacaba la prestación de servicios por parte de los concellos.

Ayer el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, echaba en cara al presidente de la Xunta su «falta de valentía» para recurrir la reforma local ante el TC como sí hicieron otras autonomías con gobiernos del PSOE, y que derivaron en la sentencia conocida el martes. Lo cierto es que la Xunta optó, dentro de su marco competencial, por blindar los servicios de los concellos a través de una ley exprés que esquivaba el vaciado competencial de los entes locales y les permitía mantener los servicios sociales, una norma que fue aplaudida en el seno de la Fegamp por los distintos partidos políticos.

En su sentencia, el TC mantiene los servicios sociales en las administraciones locales por entender que no son una competencia estatal y, por tanto, no puede actuar sobre ella, al tiempo que impide al Estado retener fondos a los municipios por deudas que éstos tengan con otras administraciones, entre otras cuestiones.