La Xunta pedirá incorporarse a la causa y reclamará el gasto sanitario

«¿Se hicieron las comprobaciones? Esa es la pregunta». La planteó este martes el vicepresidente, Alfonso Rueda, en la búsqueda de una respuesta, una explicación, que justificara por qué el Ayuntamiento no cumplió con muchos de los puntos recogidos en la Ley de espectáculos públicos de Galicia, aprobada el pasado mes de julio «sin ningún voto en contra». El número dos de la Xunta compareció a petición propia en el Parlamento para detallar la respuesta autonómica ante la desastre de Vigo, y para realizar algunos anuncios. Entre ellos, la solicitud del Gobierno gallego para incorporarse a la causa abierta por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo, y la respuesta afirmativa al requerimiento de la sala para reforzar su personal, y así abordar la instrucción con garantías.

Al margen de la vía política —la comisión de investigación— la Xunta también explorará los cauces judiciales «con el fin de que se aclaren todas las responsabilidades» que se derivan del accidente. Una de ellas tiene que ver con el gasto sanitario. Rueda cifró en «más de 200.000 euros» los fondos públicos empleados en la atención de los 467 heridos y avanzó que la administración exigiría su «resarcimiento». Los recursos se invirtieron, por ejemplo, en hacer que «casi mil profesionales» estuvieran disponibles en distintos centros de la sanidad pública viguesa, o en la movilización de 5 UVIS móviles, 12 ambulancias de soporte vital o 24 de apoyo. Un centenar de afectados por el derrumbe fueron atendidos in situ en los puestos de asistencia instalados la noche del 13 de agosto, informó el vicepresidente.

Por otro lado, la intervención de Rueda hizo hincapié en las lagunas de la versión del Ayuntamiento, y su falta de encaje dentro de la regulación sectorial. «En vista de la poca documentación entregada», advirtió el responsable autonómico, «está claro que las cosas no se hicieron como se tenían que hacer , y no será por que la ley de espectáculos públicos no lo establezca». Como muestra, Rueda citó el artículo 7 del texto, que obliga a los municipios a dar su visto bueno a las «condiciones técnica y de seguridad», más concretamente a la «solidez de las infraestructuras y el funcionamiento de las instalaciones». «La distribución de competencias está clara. Si no se cumple todo eso, la autorización del espectáculo no se puede dar».

Hasta el momento, la Xunta solo pudo constatar la existencia de licencias puntuales para alguno de los eventos programados bajo el cartel de O Marisquiño, como el descenso en bicicletas o algunos conciertos. «La autorización se tramita como si fuera para una comisión de fiestas», incidió Rueda. Ni rastro, continuó el vicepresidente, de informes que hicieran referencia al estado de la zona accidentada: solo un ingeniero del Concello realizó una «comprobación visual» de los montajes . Un cúmulo de indicios, en fin, que resumió en una frase: «Cuando las cosas se hacen mal, los resultados acaban siendo malos».