La Xunta certifica que Ence cumple los requisitos para seguir su actividad

La prórroga de la concesión de actividad de Ence por 60 años más en la ría de Pontevedra conocida el lunes desató ayer una cascada de reacciones. La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, tenía prevista una comparecencia en el Pleno del Parlamento, en la que aprovechó para referirse a la cuestión tras las preguntas de los grupos de la oposición. La titular de esta cartera autonómica desmintió la acusación de que la Xunta hubiese emitido un informe «en positivo» sobre la pastera ni su actual ubicación, sino que simplemente se limitó a certificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para que se le otorgase la declaración de impacto ambiental. «Las administraciones tienen que dar cumplimiento a estas evaluaciones y decir si la declaración de 2008 es acorde a las actividades que actualmente desarrolla la factoría.

Y a eso fue a lo que respondimos», zanjó Mato.

El arco izquierdo del hemiciclo gallego se lanzó en tromba contra el Gobierno central, por haber aprobado la ampliación de la licencia a pesar de encontrarse en funciones. Este punto fue aclarado por la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, que calificó la decisión de «administrativa». Términos como «vergüenza», «fraude» o «alevosía» fueron conjugados por miembros de las bancadas socialista, nacionalista y rupturista.

En su segundo turno de intervención, Beatriz Mato recordó que tal declaración ambiental fue concedida por el bipartito, por lo que reprochó la «hipocresía» de PSOE y BNG al oponerse ahora la continuidad de la pastera. Además de poner encima de la mesa el hecho de que en los últimos tiempos las exigencias en materia de contaminación se han endurecido, y aún así la factoría cumple con ellas, Mato vaticinó que estos controles seguirán en aumento en los próximos años. Sobre otra de las cuestiones polémicas del conflicto, la de los puestos de trabajo directos e indirectos que se verían afectados si Ence echase el cierre, la conselleira apuntó que «este Gobierno está al lado del empleo, de los trabajadores y del futuro sostenible de la Comunidad».

«Persona non grata»

También desde las administraciones locales se dio respuesta a la polémica. La presidenta de la Diputación provincial, la socialista Carmela Silva, adelantó que se sumaría a todas las reivindicaciones que fuesen lideradas desde el Ayuntamiento, ante una decisión que tachó en un comunicado de «incomprensible e intolerable».

En el Consistorio de la capital del Lérez, el Ejecutivo encabezado por los nacionalistas pidió «unión» a la izquierda para hacer frente a la situación. De hecho, el regidor Miguel Anxo Fernández Lores afirmó encontrarse ante «el día más triste» de sus 16 años como alcalde, acusando a Ence de «enriquecimiento injusto» y de que la prórroga no atiende «al interés general ni colectivo».

Todavía fueron más allá los representantes de los grupos de PSOE y Marea en la ciudad, que pidieron al Pleno que declare como «persona non grata» a Mariano Rajoy en señal de «repudio» por esta situación.