El urbanismo de Vigo, en un limbo jurídico

El Plan General de Ordenación Municipal carece de la preceptiva Evaluación Medioambiental Estratégica y, en consecuencia, sus documentos aprobatorios «deben ser declarados radicalmente nulos». Esta inesperada sentencia del Supremo ha pillado con el paso cambiado a una ciudad que creyó en la «seguridad jurídica» defendida en no pocas ocasiones por el alcalde vigués, Abel Caballero, quien llegó a proclamar que el actual PGOM era una «garantía frente a los del pelotazo», tras las modificaciones posteriores que incorporó con un 40% de vivienda protegida. Esta decisión, aplaudida entonces por su carácter social, tiene en parte culpa de que ahora el planeamiento urbanístico entre en un periodo de interinidad que retrotrae el modelo de ciudad al documento inmediatamente anterior, lo que supone aplicar el desarrollo de 1993 con un rosario de sentencias en contra.

Más de 2.000 viviendas y proyectos estratégicos para la ciudad, como lo son la ampliación del polígono de Balaídos para ceder más suelo a la factoría de PSA Peugeot Citroën, la construcción de la Ciudad de la Justicia o la estación intermodal de Urzáiz, quedan en un limbo jurídico con difícil solución a corto plazo. En este escenario, declarando su incidencia municipal como baraja el ayuntamiento, algunos ámbitos, aunque puntuales, podrían desarrollarse al amparo de normas autonómicas (planes sectoriales). Es el caso de los parques empresariales y las nuevas dotaciones judiciales, pero aún quedaría pendiente resolver el resto de casos que suponen el 99% del diseño urbanístico.

Dos años mínimo

Dos son las vías que se abren, tal y como explica el ideólogo y «padre técnico» del plan, el arquitecto Xavier Rivas (gerente de urbanismo en las etapas del nacionalista Lois Pérez Castrillo, el socialista Ventura Pérez Mariño y la popular Corina Porro al frente del Consistorio). La más viable, explica, sería una nueva tramitación del mismo planque incluyera la exigencia dictada por el Supremo de Evaluación Medioambiental Estratégica. Esta opción permitiría acortar los plazos aprovechando los trabajos previos y la documentación, ya que el modelo de ciudad ya está construido. La segunda alternativa pasa por redactar un nuevo documento y aprovechar para cambiar el modelo urbanístico. En todo caso, este experto y otros consultados, afirman que el trámite no duraría menos de dos años. «En esto no hay atajos y en cualquier caso la sentencia obliga a empezar de cero», apunta Rivas. Operar sobre el plan de 1993, con modificaciones puntuales, no exime de pasar la misma tramitación ambiental que el PGOM, por lo que se descarta a priori.

Unos plazos que estarían igualmente condicionados por quién asuma el proyecto, ya que si lo hace una asesoría externa requeriría la contratación de un expediente de adjudicación que se extendería en el tiempo. Los expertos apuntan a que la opción más adecuada sería que el trabajo recayera en los técnicos municipales.

Siete años se tardó en tramitar este plan que inició su redacción en 2001, fue aprobado en 2009 y que ahora el Supremo cuestiona por no haber respetado la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental, atendiendo así a la demanda de un colectivo vecinal. El fallo exime, según las fechas, a la corporación que en 2006 remite el proyecto a la Xunta, y que coincide con la etapa de Porro, pero no igual a los procesos a los que se sometió con posterioridad. El alto tribunal indica claramente que la evaluación no era obligatoria el 31 de mayo de ese mismo año, pero sí a partir del 21 de julio. La entonces conselleira de Política Territorial, María José Caride (hoy concejala de Urbanismo) en connivencia con el titular de Medio Ambiente, «Pachi» Vázquez, tarda dos años en conceder la inviabilidad, ya fuera de plazo, y un año más en aprobar el planeamiento, lo que demuestra a ojos de la justicia que «no existía la premura» de la que se valieron para su concesión. Un error de argumentación de la Xunta bipartita, explica Rivas, que debería haber justificado que «el documento ya estaba concluido» y, de ahí, la imposibilidad de someterlo al proceso ahora requerido.

Pero al margen de las repercusiones políticas, más graves son las nefastas consecuencias para la construcción, que empezaba a ver la luz al final del túnel. Constructores y empresarios advierten que esta regresión afectará «a multitud de sectores económicos y a la inversión foránea» y «tendrá repercusión directa en las cifras de desempleo, así como en el rebote del precio de la vivienda».

Los responsables

La decisión del TS es para algunos «justicia poética». Tras el encubrimiento de Abel Caballero de la negligencia de la exconselleira de Política Territorial, María José Caride, se esconde la suya propia, tal y como aseguran a ABC fuentes conocedoras de cómo se fraguó la «negociación del PGOM» y que resumen en una «estrategia de dilación política». Según su versión, el alcalde vigués no escatimó esfuerzos para lograr que el plan no saliera adelante bajo mandato del PP. A Caride, actual concejal de Urbanismo, le quedaba poco margen para paralizar el planeamiento y entró en juego el que era titular de Medio Ambiente. «Pachi» Vázquez se comprometió con la causa de Caballero, quien pidió al presidente Touriño que esperase hasta después de las municipales de 2007 para darle luz verde. Vázquez reclamó una evaluación ambiental que no era necesaria (mayo de 2006); sí cuando Caride la dispensó. Los tiempos que entonces jugaron a su favor se vuelven ahora en contra del alcalde vigués.