Caballero encubre la negligencia de la exconselleira Caride con el PGOM

«En Vigo lo solucionamos todo», acertó a decir el regidor Abel Caballero ayer por la mañana en Madrid, como primera valoración de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de la ciudad dejando en suspenso todo su modelo urbanístico de los últimos siete años. «Los problemas en Vigo se resuelven», secundó el secretario general de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, sin ni siquiera matizar a su barón.

Pese a que el fallo judicial se refiere a un Plan aprobado en 2008 bajo el mandato de Caballero en el Ayuntamiento y con la exconselleira del bipartito —y hoy concejala socialista en la ciudad— María José Caride al frente de la cartera de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte, la estrategia del primer edil ha sido la de evadir culpas y descargarlas en otros.

De este modo, señaló como responsable a la Consellería de Medio Ambiente tanto del bipartito —que dirigía el también socialista «Pachi» Vázquez— como del PP, así como en su predecesora en el Ayuntamiento, Corina Porro.

Cuestionado por la relevancia que tuvieron en el proceso los dos conselleiros del PSOE, Caballero zanjó con que «no es la cuestión ni el debate que le importa ahora a la ciudad, por muy mediático que pueda resultar». Y reincidió en optar por atacar a un rival, deslizando que «en ese caso también habría que preguntar por Agustín Hernández», posterior titular de Medio Ambiente.

Mano tendida de la Xunta

Entre las reacciones de ayer destacó la del viceperesidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que informó de que desde que se conoció la noticia hay técnicos trabajando para que el impacto de la decisión del Supremo sea «el menor posible». El número dos del Ejecutivo gallego instó a que todas las administraciones se sienten a hablar y tendió su mano al Concello vigués para resolver «una situación muy difícil» en la que entiende que todos los sectores de la ciudad se ven afectados ya que redunda en «una inseguridad jurídica que quizá llega en el peor momento».

Según explicó el propio Rueda, la prioridad será buscar soluciones «a aquello que se pueda solucionar» y evitar que se repita una situación de estas características. Esto implica también «ver de dónde vienen las responsabilidades y, si las hubiese, dirimirlas», subrayó al recordar la fecha de aprobación del Plan. Con todo, apuntó que existen precedentes de casos «no tan importantes ni de tanta extensión» en los que se produjeron sentencias similares y que hay instrumentos que permiten preservar determinadas actuaciones o ámbitos.

Peticiones de dimisión

El grupo municipal del PP cargó con dureza contra el alcalde y su equipo. Su portavoz, Elena Muñoz, compareció para reclamarle a Caballero «que pida perdón y dimita por todo el daño que ha hecho a Vigo». La líder de la oposición extendió su ataque al PSOE, al que acusó de «utilizar el PGOM de manera partidista, impidiendo que el PP lo aprobase por consenso antes de las municipales de 2007 y luego cambiándolo para sacarlo adelante dos años más tarde al margen de la ley». Muñoz señaló en concreto al trío que forman Caballero y Caride con la teniente de alcalde de la corporación olívica, Carmela Silva, para concluir que «el equipo que ha generado este gravísimo problema a la ciudad no puede ser el que proponga ahora una solución».

En una dirección similar se pronunció el otro grupo de la oposición de la urbe, la Marea de Vigo. Su portavoz, Rubén Pérez, también pidió responsabilidades políticas por lo que entiende que es una «chapuza orquestada» por el alcalde. También para los izquierdistas la maniobra de aprobación del Plan fue «oportunismo» de Caballero que «por sus narices» quiso ser el alcalde que lo ratificase.

Pérez también tiró de ironía para argumentar que hasta 2007 «hubo cierta mesura» en el urbanismo de la ciudad, pero que a partir de esa fecha se dio la «alineación cósmica» de que tanto el Ayuntamiento de Vigo como la Xunta de Galicia fuesen gobernadas por un bipartito de PSOE y BNG.