Resistencia Galega, una década atentando

Hace diez años, el 20 de julio del 2005, la extinta organización AMI publicaba en la red un texto titulado «Manifesto pola Resistencia Galega». El documento, lanzado a través de una web brasileña, hablaba por primera vez de una «resistencia galega ilegal», heredera del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (disuelto en 1995) y defensora de la lucha armada como medio para lograr la independencia de Galicia. Hasta ese momento, Resistencia Galega era un grupo desconocido del que nadie había oído hablar, pero una bomba colocada en un céntrico cajero de la capital gallega que hizo explosión tres días después de la publicación de este manifiesto activó todas las alarmas. El atentado se saldó sin heridos, pero los daños materiales fueron cuantiosos.

Dos jóvenes ligados al entorno de AMI fueron detenidos.

En noviembre de ese mismo año, la Guardia Civil detiene a once personas en el marco de la bautizada como «operación Castiñeiras». La causa se archivó, pero uno de los arrestados buscó refugio en la clandestinidad. Se trata de Antom García Matos, alias «Toninho», fundador y líder de Resistencia Galega junto a su pareja, Asunción Losada Camba. Desde su huida tras este operativo los dos mantienen su actividad desde la sombra, ocultos en algún lugar de Portugal. Están en busca y captura por las fuerzas de seguridad españolas y también por la Interpol, pero desde hace años se las apañan para manejar los hilos de los comandos que Resistencia Galega tiene repartidos por la geografía gallega.

Sustrato de afines

Los efectivos de la lucha antiterrorista calculan que los integrantes de esta banda —declarada terrorista en 2014 por el Tribunal Supremo— no suman más de una treintena, pero sus afines y simpatizantes ayudan a engrosar la nómina e incluso les proporcionan respaldo económico. Apoyados en este sustrato independentista, Resistencia ha logrado atentar en más de un centenar de ocasiones durante la última década en la Comunidad. Sedes de partidos, oficinas del Inem, cajeros, entidades bancarias, constructoras, obras y últimamente casas consistoriales son sus principales objetivos. Tampoco escaparon a su violencia las viviendas de algunos catedráticos, empresarios y políticos, caso de la residencia en Perbes de Manuel Fraga en 2011. Atendiendo a un trabajo elaborado en 2012 por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Mikel Buesa, Resistencia sumaba a estas alturas de su carrera más de 130 atentados que ocasionaron pérdidas económicas por valor de tres millones de euros. Pero el salto cualitativo de esta organización armada aún estaba por llegar.

Después de varias advertencias recogidas en las memorias anuales de la Fiscalía a partir de 2010 en las que se alertaba de la actividad violenta de la banda en Galicia, tanto Guardia Civil como Policía Nacional crean grupos específicos dedicados a la lucha contra RG. Algunos de los agentes de estas unidades proceden del País Vasco. En este momento, la persecución contra Resistencia se recrudece desde el ámbito policial y también desde la esfera judicial. Con varios zulos desmantelados e integrantes ya marcados, las actuaciones de Resistencia dejan de considerarse terrorismo callejero y los primeros detenidos son juzgados. En 2013, cuatro militantes son procesados en la Audiencia Nacional, donde los condenan por pertenencia a banda armada. Un año más tarde, el Supremo ratifica esta consideración y los primeros terroristas de RG ingresan en prisión para cumplir penas de entre 10 y 13 años. Una de ellos se da a la fuga, pero es interceptada y encarcelada al poco tiempo.

Sus atentados más dañinos

Entre tanto, el líder de la banda esquiva los varapalos policiales con proclamas colgadas en la red en las que anima a «seguir con la lucha». Estos mensajes coinciden en el tiempo con dos de los atentados más graves de los perpetrados por Resistencia: los que reventaron los concellos de Beade y Baralla en octubre de 2013 y 2014. En el último de ellos se usaron cinco kilos de pólvora prensada. Su presunto autor, ahora en prisión a espera de juicio, los recogió en un zulo donde había otras tres bombas listas para usar. La clausura la pasada semana de la plataforma Causa Galiza —considerada el brazo político de la banda— es el último golpe policial asestado a una banda que ha obligado a pronunciar de nuevo la palabra terrorismo.