«OPERACIÓN PULPO»Una juez imputa seis delitos más a Besteiro, justo un día después del aval de Sánchez

Apenas 24 horas después de que Pedro Sánchez ratificara su confianza en la inocencia de José Ramón Gómez Besteiro para encabezar la lista del PSOE a la Xunta –quien hasta ese momento arrastraba una imputación por cuatro presuntos delitos de corrupción urbanística en el conocido como caso Garañón–, el líder de los socialistas gallegos ve su futuro político fundido a negro después de que la misma juez, Pilar de Lara, añadiera otros seis supuestos delitos de prevaricación durante su etapa como presidente de la Diputación de Lugo –entre 2007 y 2015– en el marco de la operación Pulpo.

La juez sitúa a Besteiro en el centro de un «entramado» para manipular concursos públicos en la institución, concediendo subvenciones de manera «fraudulenta» y desviando recursos públicos para fines tan cuestionables como «vacaciones subvencionadas» o «gastos médicos y prestaciones sociales» de altos funcionarios provinciales.

Prótesis y empastes

Por el auto desfilan viajes a Eurodisney o Argentina, gafas de sol, prótesis, lentillas, un DIU, operaciones en los ojos o empastes, entre otras acciones. En concreto, la juez De Lara investiga a Besteiro por cohecho, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, prevaricación, fraude en subvenciones y un delito continuado de malversación de caudales públicos. Junto a él, otras cinco personas de su círculo más próximo durante sus ocho años al frente del gobierno provincial –asesores de protocolo, comunicación y fondos europeos, el secretario adjunto y la interventora–, así como el empresario Raúl López (dueño de la compañía de autobuses Monbús), que tendrán que declarar entre el 10 y el 12 de mayo en calidad de investigadas.

De Lara se centra en la gestión de dos partidas presupuestarias, el programa «KM.0» y el capítulo de gastos sociales para trabajadores de la Diputación. El primero, una de las iniciativas estrella de Besteiro desde que llegó a la institución, procuraba viajes a vecinos de Lugo para conocer la provincia. La juez cree que este programa, «sin regirse por normativa alguna», podría haber servido para «pagar facturas por importe superior a los gastos reales abonados, en connivencia con algunos proveedores» que nada tenían que ver.

«Gestión arbitraria»

A su juicio, el modelo permite «una gestión absolutamente arbitraria de los fondos públicos» y es «carente de transparencia», permitiendo, por ejemplo, «una ingente cantidad de contrataciones» que «podrían haber sido amañadas con la finalidad de favorecer a determinadas empresas», entre ellas Monbús, que habría recibido 800.000 euros en contratos de la Diputación. A cambio, la empresa habría «agasajado» a Besteiro «con artículos de lujo de elevado importe».

El auto también recoge un presunto «uso indebido» de fondos europeos mediante «pagos en efectivo» que un alto cargo «guardaba en una caja fuerte en su despacho, sin ninguna clase de control». Respecto al capítulo de gastos sociales, la instructora considera que «desde hace años, habría estado destinando buena parte de su presupuesto a sufragar» servicios a los trabajadores provinciales –y sus familiares– «de dudosa legalidad». De Lara hace referencia incluso a la existencia de una «contabilidad irregular en la Diputación». Dentro del entramado, señala como «pieza clave» a la ex jefa de comunicación de la institución durante la etapa de Besteiro.

PSdG: este sábado, ejecutiva urgente

Esta séxtuple imputación deja a José Ramón Gómez Besteiro contra las cuerdas, y abre la puerta a su abandono tanto de la carrera para aspirar a la Xunta como de la secretaría general del PSOE gallego. De hecho, para este sábado está convocada de urgencia la ejecutiva regional del partido, que abordará la situación de su líder.

La Diputación de Lugo replicó este viernes que «todos los viajes a los que se hacen referencia son anteriores a 2006, es decir, bajo la presidencia del PP», ya que durante el mandato de Besteiro «no se subvencionó ningún tipo de estos viajes». Respecto al gasto social, defiende que otras administraciones gallegas conceden «ayudas de esta naturaleza» que «compensan gastos no cubiertos por la Seguridad Social» , y que en la Diputación estarían en vigor desde 1990. Sin negar los servicios abonados, destacan que con Besteiro «se inició una política de racionalización de gasto».